La pacificación en Colombia está en su cuenta regresiva. Hay metas que se van cumpliendo en medio de un compromiso político y participación social nunca antes visto. Si bien el fin de la violencia armada en este país pone casi toda la responsabilidad en el acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc), hay otros actores que actualmente generan mucha más violencia que la insurgencia. El Estado convive o, en el mejor de los casos se muestra impotente, con grupos criminales que persiguen militantes sociales y hacen negocios a la sombra de las instituciones.

Los homicidios selectivos siguen ocurriendo en el país y buena parte de estos crímenes quedan impunes. En marzo pasado la exsenadora Piedad Córdoba denunció el asesinato de 28 líderes sociales y militantes políticos por acción de presuntos grupos paramilitares. Voceros de la organización Marcha Patriótica aseguran que desde su fundación, en 2012, han sido asesinados 113 integrantes. La Fundación Paz y Reconciliación documentó treinta casos de asesinatos ocurridos entre enero y marzo de 2016.

La justicia probó en los últimos 15 años que los paramilitares, nacidos en la década de 1980, operan al servicio de poderes políticos locales, terratenientes y empresarios; ocupan buena parte del territorio nacional y actúan en connivencia con sectores de las Fuerzas Militares.

En marzo se realizó un “paro armado” (similar a uno realizado en enero de 2012) organizado por grupos que el Gobierno define como Bacrim (Bandas Criminales). Se movilizaron miles de hombres armados en ocho departamentos y 36 municipios para bloquear varias vías de manera simultánea, quemar vehículos, extorsionar e intimidar a la población civil sin que las autoridades lo hayan advertido.

Objetivos

El Alto el Fuego anunciado en La Habana el 23 de junio pasado que se pondrá en marcha apenas se firme el Acuerdo Final abrió la última puerta para ponerle fin a una guerra interna de casi sesenta años. Las negociaciones con la guerrilla son el punto indivisible del Gobierno derechista y los movimientos sociales y políticos de izquierda. Estos mismos movimientos populares reclaman también por el fin de las acciones paramilitares y de las Bacrim.

El documento establece el procedimiento para el cese el fuego bilateral y definitivo, el esquema para la dejación de armas por parte de las Farc y garantías de seguridad durante toda esta etapa. Los casi 10 mil guerrilleros dispondrán de 23 “zonas transitorias de normalización” y ocho campamentos más pequeños. Los insurgentes llegarán allí armados y con ropa de combate y saldrán de civil y desarmados en medio de la verificación de las Naciones Unidas. También se acordó someter a una consulta popular el documento final.

El operativo de desarme entrará en vigencia apenas firmado el Acuerdo Final y no deberá extenderse más allá de 180 días. La hoja de ruta para La Habana anunciada en 2012 establecía seis puntos de negociación: desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de drogas ilícitas y reconocimiento de derecho y participación de las víctimas. El punto firmado el 23 de junio es el 3, llamado fin del conflicto. Queda pendiente el punto 6, sobre implementación del acuerdo, verificación de los compromisos y refrendación por parte del pueblo colombiano.

Durante junio también se dio otro paso determinante cuando se acordó el entramado jurídico que acompañará el proceso de pacificación y que llevó a establecer una “justicia transicional”, blindaje legal que no reconoce antecedentes en negociaciones de paz. El llamado Acto Legislativo para la Paz, nombre con el que se identifica la reforma constitucional que incorpora el acuerdo, sólo fue rechazado por los 17 senadores del partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe.

Colombia sigue sumida en la violencia ejercida desde la extrema derecha armada y desde el Estado y la acción de los saboteadores al plan de paz crea un clima de miedo y desconfianza. El documento firmado entre Santos y las Farc se refiere al compromiso del Ejecutivo en la lucha contra “organizaciones criminales”, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Pese a que subyace una tensión que trasciende los diálogos con las Farc, desde el 23 de junio se percibe la certeza de un cambio y se ven, como nunca antes, decenas de miles de colombianos felices por la única razón de la paz. A las puertas del Acuerdo Final, se impone la esperanza de generaciones que lloran a 220 mil muertos, 45 mil desaparecidos, decenas de miles de inválidos y cinco millones de personas obligadas a huir de su tierra.