Entre otras alteraciones, habrá que reconocerle a Francisco I cambiar el sentido de la expresión “tiempos vaticanos”.

Con inusual celeridad por tratarse de las decisiones de la máxima jerarquía eclesiástica, el Papa argentino ordenó la apertura de los archivos de la Iglesia argentina durante los años de la dictadura cívico-militar. Podría decirse que hizo un rápido y significativo movimiento que sólo descoloca a los más recalcitrantes defensores del siniestro proceso. En rigor, sólo abrió mínimamente una puerta, cuya llave conserva la curia, ya que el acceso a esa información queda restringido a familiares y víctimas del terrorismo de estado y a jueces que lleven adelante causas relacionadas con el mismo.

Pero es un movimiento justo, uno más, en la dirección correcta, la del esclarecimiento y la verdad que conduce a la justicia. Aun con la estratégica autolimitación que impone esta nueva decisión política del Papa Francisco, obra como una señal, hacia adentro y hacia afuera de la Argentina, de la Iglesia y de la Justicia.

La jugada y sus efectos

“No le tenemos miedo a los archivos. Siempre la verdad ilumina, aunque duela. Este aporte quiere ser un servicio a nuestra Patria para la reconciliación de los argentinos”, afirmó el cardenal Mario Poli.

Poli, vicepresidente primero de la CEA y arzobispo de Buenos Aires, ofreció una rueda de prensa para precisar detalles de la decisión, en la sede del Episcopado en el barrio porteño de Retiro.

Según un comunicado difundido esta mañana, “con las decisiones e indicaciones” del papa Francisco terminó el “proceso de organización y digitalización” de los archivos y, “de acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos las víctimas y familiares de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores”.

“El trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro”, precisó la Iglesia en el comunicado conjunto al informar la medida, que rápidamente recibió el acompañamiento de los organismos de derechos humanos que lo consideraron como “una buena noticia” y “un paso importante”.

Más tarde, el arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, destacó que de los documentos desclasificados “van a surgir más luces que sombras” en cuanto a la labor que desarrolló la Iglesia durante la dictadura cívico militar. Arancedo agregó que con esta decisión se busca contribuir a un “camino de justicia y reconciliación” en el país.

Entre los archivos digitalizados de la CEA, se encuentran referencias a unos 3.000 casos en documentos como telegramas, cartas y notas informales; la mayoría de ellos con pedidos de ayuda de familiares de víctimas de la dictadura, en algunos casos gestiones de la propia Iglesia ante distintos organismos como el Ministerio del Interior y también agradecimientos por las gestiones realizadas, según se precisó.

A regañadientes

“No hubo ocultamiento ni selección de materiales”, precisó Poli sobre la documentación desclasificada. Destacó que desde hace varios años la Iglesia viene respondiendo requerimientos puntuales de la Justicia en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, por ejemplo actas de bautismo de las distintas diócesis del país.

Los detalles de la tarea que viene realizando la Iglesia sobre estos archivos fueron analizados en una reunión que la comisión ejecutiva del Episcopado argentino mantuvo el sábado 15 en el Vaticano con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y otros funcionarios de la Santa Sede.

El motivo del encuentro fue “una valoración de los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo del período de la dictadura militar (1976-1983) conservado en los archivos de la CEA, de la Secretaría de Estado y de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires”.
Mea culpa

Al ser consultados sobre si de los documentos desclasificados podría surgir algún elemento sobre el rol que jugó el Episcopado durante la dictadura, Poli dijo que “la Iglesia hizo lo que tenía que hacer” aunque reconoció que “no está ausente el mea culpa y el pedido de perdón por lo que no se hizo”, que se pronunció públicamente por primera vez en el año 2000.

Muchísimo

“La Iglesia ha hecho muchísimo, aun con el estrecho margen que tenía. Hubo intervenciones concretas de la Iglesia por mucha gente y eso en las cartas se ve”, explicó, por su parte, Arancedo.

El Episcopado argentino adoptó la decisión de ordenar los archivos en noviembre de 2012, cuando la asamblea plenaria de obispos aprobó el documento titulado “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”, en el que la Iglesia manifestó su disposición a comprometerse con el estudio de toda la documentación en su poder y a seguir colaborando con la Justicia.

“Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres. Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance”, dijeron los obispos argentinos aquel año.

Cinco meses después de publicado ese documento, Jorge Bergoglio se convirtió en papa Francisco y, desde el lugar de máxima responsabilidad dentro de la Iglesia, comenzó a impulsar en el Vaticano la decisión de la Iglesia argentina de desclasificar los archivos y ponerlos a disposición de los interesados, tal como se anunció oficialmente hoy.

“El papa Francisco está detrás de todo esto”, dijeron hoy los obispos en la rueda de prensa, en la que remarcaron especialmente el “impulso” y “acompañamiento” que Bergoglio le imprimió a la causa con “seriedad y responsabilidad”, en respuesta a una promesa que él mismo le había hecho a los organismos de derechos humanos.

Pérez Esquivel

El premio Nobel de la Paz y presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, destacó hoy como “un paso muy importante” el anuncio realizado por el Vaticano y la CEA.

“Me parece algo muy importante, algo muy bueno. Ahora hay que ver si se brindará en un informe general o de acuerdo a la necesidad de los jueces y si los jueces pedirán la información a través de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación o de las organizaciones de la Iglesia Católica que puedan colaborar con las causas jurídicas ya iniciadas”, dijo Pérez Esquivel a Télam.

El titular del Serpaj insistió en subrayar que la decisión de la Iglesia “es un viejo pedido de las organizaciones de derechos humanos argentinas; algo que habíamos hecho hace mucho tiempo al Vaticano. Entonces la apertura de los documentos que dispone la Iglesia Católica es un paso importante”.

El CELS, crítico

El CELS, presidido por el periodista Horacio Verbitsky, el mayor crítico de Jorge Bergoglio ponderó la apertura de archivos de la Iglesia, pero cuestionó que “no se trate de información pública”. Quien así dijo fue su director, Gastón Chillier, que dijo primero qye la apertura de esos archivos “pueden contener información valiosa” para las causas judiciales de lesa humanidad, pero seguidamente se quejó de que “no se trate de información de acceso público”.

Chillier le dijo a Télam que el anuncio es “bienvenido” porque “puede tener información valiosa para avanzar en la agenda de la verdad en la sociedad argentina y para contribuir en las causas judiciales donde se siguen investigando los crímenes de lesa humanidad”.

“Sin embargo -añadió- del anuncio se desprende que el acceso de esa información estaría limitado a la víctimas del terrorismo de estado que lo soliciten y no se trataría de un acceso público a la información de los documentos desclasificados del Vaticano”.

Para Chillier, “es verdad que esta noticia es un paso adelante en cuanto al derecho de las víctimas a conocer la verdad, pero aquí también está el derecho de la sociedad de conocer los archivos de la Iglesia Católica, y dar un debate público sobre lo que estos archivos contienen”.

Donda

Victoria Donda celebró la decisión del papa de desclasificar archivos de la dictadura. La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dijo que “es importante celebrar la decisión del papa Francisco de desclasificar archivos de la dictadura, como le pidieron diversos organismos de derechos humanos, para colaborar así en la tarea de seguir encontrando más hijos de desaparecidos”.

“Es una señal muy positiva que se avance con la digitalización y desclasificación de documentos referidos a las cartas que los familiares enviaban cuando buscaban a sus hijos y nietos. Y por sobre todas las cosas, es un reconocimiento inmenso al trabajo de los organismos de Derechos Humanos que nunca claudicaron en esta búsqueda ejemplar que merece este apoyo internacional”, destacó en un comunicado.

Madres

Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora dijo que es “una noticia bienvenida” que da esperanzas de “ver qué hizo la Iglesia, qué averiguó, qué noticias tiene” sobre los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio.

“Nos da esperanzas. Son 40 años que estamos en la calle y esperamos que sea una apertura de archivos como la que nosotros pedíamos”, dijo Cortiñas a radio El Mundo y aclaró que de nada serviría si sólo se tratara de “las cartas que nosotros les entregábamos” a los representantes eclesiásticos.

Por ejemplo, dijo, “hice un habeas corpus hace un año y medio, y cuando me respondió la Iglesia en el juzgado donde se hacía la audiencia, creo que era el obispo José María Arancedo, me trajo la hojita de la misma denuncia que yo había llevado al Episcopado, cuando estaba ahí al frente monseñor (Carlos) Galán”, en tiempos de la dictadura.

“Espero que ahora sea el verdadero archivo sobre qué y cómo averiguó la Iglesia, qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos y a quiénes fueron entregados los bebes nacidos durante el cautiverios de sus madres embarazadas”, insistió.

El puente

Respecto de los bebés apropiados, Cortiñas señaló que “el puente era la Iglesia Católica a través de un instituto de monjas que entregaba los bebés a familias que los habían solicitado”.

“Sabemos fehacientemente que se hacía un puente: los represores sacaban los bebés a las madres cautivas y pasaban por las manos de las monjas -no me acuerdo en este momento la congregación a la que pertenecían- y ellas se lo entregaban a familias ajenas a las nuestras”, relató.

“Tenemos la esperanza de que realmente tengamos la respuesta de la Iglesia sobre qué pasó con nuestras hijas e hijos, y con los bebés”, agregó.

Cartas

En cambio, dijo, “si son las cartas que nosotros mandamos, estamos en la misma vía, porque nosotros guardamos duplicados de esas cartas. El asunto es la respuesta sobre qué hizo la Iglesia, qué investigó, qué respuesta tuvieron de las Fuerzas Armadas”.

Cortiñas reiteró que “la noticia es bienvenida”, pero que si los archivos sólo contienen “las mismas denuncias que nosotras llevamos a la calle Paraguay (antigua sede de la CEA) o a la iglesia Stella Maris (sede del vicariato castrense) donde nos recibía monseñor (Emilio) Graselli…”.

Evocó además que eran “bastante hipócritas las respuestas que nos daban, por eso dejamos de ir y nos fuimos a la Plaza de Mayo”.

“Ahora queremos tener un buen pensamiento y tenemos la esperanza de que sean archivos sobre la investigación que ha hecho la iglesia”, concluyó.

Fuente: Télam