Frente al inminente cierre del ciclo lectivo 2016 y transcurridos ya cuatro meses de la Declaración del Concejo Deliberante Nº 25/16 de Emergencia Educativa Edilicia aprobada por unanimidad del poder político, expresando preocupación por el estado de varios de los inmuebles, como así también, por la falta de edificios escolares en sus diversos niveles y modalidades, alarma el hecho de que aún no se informaron públicamente las previsiones para corregir tales carencias de infraestructura. Ese dato, más las notas enviadas por esta defensoría a las autoridades educativas, los pronunciamientos del Coconaf, los informes y relevamientos que ya obran en el Consejo de Educación realizados en San Martín de los Andes e ingresados al Concejo Deliberante, no hacen más que resaltar lo que la autoridad educativa provincial conoce y la comunidad educativa toda sabe y padece a diario, cual es la carencia de recursos edilicios adecuados. Se trata de la expresión palmaria de lo que en realidad es la vulneración de los derechos a la educación de nuestras infancias, adolescencias y juventudes. Prueba de ello, es entre otros, el relevamiento ingresado al Concejo Deliberante el 01/07/16, el cual fuera realizado por la Mesa Intersectorial de Trabajo por Mantenimiento Infraestructura y Seguridad de instituciones educativas de San Martín de los Andes y ATEN SMA, presentado en el marco de la reunión mensual del Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia. Surge del informe que ocho instituciones no cuentan con edificio propio, tres funcionan en edificios que presentan precariedad edilicia o insuficiente e inadecuado espacio, a la vez que trece han hecho solicitud de ampliación. Es parte de la misión de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, el promover y proteger los derechos que se encuentran violentados o vulnerados, a la vez que coadyuvar a construir en el marco de pacífica convivencia, soluciones concretas y planificadas, que tiendan a brindar certidumbre a la comunidad educativa en general y a los niños, niñas y adolescentes en particular, atendiendo el interés superior del niño. Por tanto, urge la adopción de medidas claras orientadas, progresivas y sistemáticas para corregir las apuntadas falencias y lograr el modesto pero en apariencia hasta aquí imposible objetivo de iniciar un ciclo lectivo sin conflictos, a todas luces evitables. Por razones que alguna vez deberán ser explicadas por aquellos que resulten responsables, pero que hasta aquí se muestran injustificables, cada año pareciera que los problemas se acumulan y se agudizan en materia de infraestructura educativa. Es una percepción generalizada en la comunidad educativa que las dificultades, carencias y situaciones irresueltas van muy por delante de las soluciones que provee el Estado, muchas de ellas arrancadas por efecto de la movilización popular. Quedan aún cuatro meses para el inicio del ciclo lectivo 2017. Por todo lo dicho asumimos que se trata de una realidad compleja, pero que demanda intervenciones impostergables para que en el primer día de clases todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tengan banco, puedan elegir dónde y qué estudiar, como es el caso que afecta de los alumnos preinscriptos de las Epet 12 y 21, una calefacción que funcione, un techo que no se llueva y la tranquilidad de estar asistiendo al proceso de enseñanza y aprendizaje en un edificio seguro.

Equipo Defensoría del Pueblo y del Ambiente