Al inicio de esta semana, la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna entregó una nota en el Municipio, informando a la intendente Municipal que su “negativa a atender la Emergencia Habitacional, la pereza y la falta de gestiones, están provocado que 50 trabajadores se encuentren desocupados, y que empresarios, corralones y madereras locales no puedan acceder a recursos financieros que ya estaban comprometidos.”

El escrito presentado lleva la firma Vecinos Sin Techo (VST), la Comunidad Mapuche Curruhuinca, la Cooperativa de Trabajo y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular señala en duros términos la pasividad, la falta de voluntad política y de gestión de la actual administración comunal.

La consecuencia, indican, ya es visible y concreta en casos como el de las obras en el Barrio Intercultural, donde, tras finalizar la etapa inicial de 20 viviendas, la obra está paralizada por falta de financiación, dejando sin trabajo a las familias que las construyen. Así se afectan y destruyen las Políticas Públicas construidas a lo largo de estos 10 últimos años, con diferentes representantes partidocráticas que ejercieron legalmente sus funciones.

Como se recordará, en San Martín de los Andes está vigente la Ordenanza que declara la Emergencia Habitacional, lo que implica el compromiso del ejecutivo municipal en la tarea de gestionar los fondos necesarios para permitir la continuidad de las obras iniciadas y proyectadas. Los principales damnificados son los sectores de menores recursos, que dependen de la financiación aportada por el estado, así como las cooperativas de construcción de viviendas.

Se señala con preocupación el incumplimiento de esa y otras Ordenanzas oportunamente consensuadas y votadas, como la del funcionamiento del IOnstituto Municipal de Vivienda y Habitat, el que a la fecha, once meses después de haber asumido, esta gestión no ha equipado con personal idóneo, lo que dificulta que las cuestiones administrativas no se hagan en tiempo y forma, que el Registro de demanda habitacional esté cerrado, y que no se haya vuelto a convocar la Comisión de Vivienda, un espacio participativo de construcción de la problemática habitacional.

De este modo, expresan las organizaciones en su nota, no se está dando cumplimiento a normas jurídicas establecidas por la Constitución Nacional, la de la Provincia  y la Carta Orgánica local, lo que podría configurar, por parte de intendente municipal, de un Delito Contra la Administración Pública.