Con una carta que comienza formalmente y va endureciendo sus términos, la Intendente municipal Brunilda Rebolledo respondió a la nota de los Vecinos sin Techo y otras organizaciones sociales sobre la Emergencia Habitacional.

En sus primeros párrafos, el texto apunta a responder sobre la falta de gestiones para obtener el financiamiento que requieren las múltiples obras en curso, argumentando que “las situaciones planteadas no se encuentran en el ámbito del dominio del hecho”, y, tras admitir que “seguramente nuestra contribución a la solución no es la más importante o la más eficaz” debido a la situación financiera y patrimonial de la Municipalidad, señala su dependencia de recursos de Provincia o Nación para la realización de viviendas e infraestructura.

A la pasividad que le endilgan las organizaciones, la jefa comunal responde invitándolas a sumarse a través de los mecanismos de la participación comunitaria. Curiosamente, uno de los puntos de la nota de los VST señalaba el no funcionamiento de esos mecanismos, tales como la Comisión de Vivienda.

Frente a las imputaciones por incumplimiento de “normas jurídicas establecidas por la Constitución Nacional, la de la Provincia  y la Carta Orgánica local, lo que podría configurar, un Delito Contra la Administración Pública” por parte del ejecutivo municipal, su titular responde con vehemencia apelando a la propia Constitución, citando su letra  para relativizar el rango del derecho a la vivienda digna con el razonamiento que no hay derechos absolutos establecidos. Y sí, en cambio, se apoya en la debida petición a las autoridades como un derecho consagrado, no respetado por “la prepotencia” de los reclamantes. Y allí lanza un párrafo – contraataque, que reproducimos literalmente: “La prepotencia se manifiesta en la indebida intención de hacer parecer que cometemos delito, en ese sentido solicito que se abstengan de imputar sin fundamentos (lo que sí es un delito) falseando circunstancias, con ello quiero expresar que para el caso que tengan fundamentos se abstengan de apercibimientos y procedan como es vuestro derecho a formalizar la denuncia correspondiente y en el caso de que continúen haré uso de lo que determina la Constitución Provincial en su artículo 159, vindicándome de estas acusaciones gratuitas. En ese sentido me atrevo a aconsejarlos que para resolver cuestiones comunes se hace necesario actuar mancomunadamente y no promoviendo la división ni apologizar con delitos de usurpación o “toma de tierras”.

Con los fundamentos vertidos entiendo que solicitar una “mesa de diálogo” es todavía más agraviante fundamentalmente cuando las puertas han estado siempre abiertas en el Instituto de Vivienda y Habitat y luego de haber manifestado que mi postura es maliciosa y clientelista.”

Luego de este expresivo pasaje, la Intendente Rebolledo anuncia la pronta conclusión de un informe con los antecedentes y gestiones que su gobierno viene realizando, intercala unas líneas de confusa sintaxis, donde señala que “parece subliminalmente que la única pretensión de vuestra parte es provocar lo que argumentan defender, que es el caos social con una necesidad tan sentida como es la vivienda propia” y concluye remitiendo a quienes le hicieron llegar sus reclamos al Instituto de Vivienda y, en el caso den que participen las comunidades mapuches, la mesa intercultural.