El gobierno de Mauricio Macri vive horas de enojo por la caída de su llamada reforma electoral, que en verdad fue un intento fallido por imponer el voto electrónico a pesar de las malas experiencias en países centrales y del rechazo casi unánime de los especialistas informáticos, que desaconsejan su implementación por, entre otras fallas, no asegurar el secreto del voto.
La insistencia de toda la administración macrista y periodistas afines parecía no poder entenderse ante la enorme cantidad de evidencias de la fragilidad del sistema, cuando hay otras formas de votación que evitan el fraude (caballito de batalla del oficialismo), por ejemplo, la boleta única de papel, que es utilizada en Córdoba (que increíblemente ahora el gobierno de Juan Schiaretti -aliado circunstancial de Macri- quiere reemplazar por el voto electrónico).
Ahora se sabe la causa de tanta defensa sobreactuada: el ministro de Modernización Andrés Ibarra fue denunciado por supuesta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público acusado de comprar las máquinas del voto electrónico en Corea del Sur, en secreto y sin licitación, aún antes de haberse aprobado la ley de reforma electoral -ahora caída en el Senado-.

La denuncia en el ámbito judicial presentada ayer fue precedida por una columna del periodista Carlos Pagni en el diario La Nación, el lunes, en la que se preguntaba: “¿Es verdad que las máquinas ya se compraron y esperan en la Aduana?”. Y por una investigación del portal El Disenso a partir de un viaje de Ibarra a Corea del Sur el 29 de junio, durante el que firmó un acuerdo para que ese país participara de “la licitación pública nacional e internacional para la adquisición de equipos y software para las nuevas elecciones argentinas con voto electrónico”.
El país asiático está dejando atrás el voto electrónico por lo que sus máquinas y software ya estaban disponibles para ser adquiridos, lo que probablemente haya llevado a Ibarra a confeccionar los pliegos de licitación antes incluso de que la reforma electoral se tratara en la Cámara de Diputados.
“Desde el Ministerio de Modernización publicaron oficialmente que los pliegos de licitación estaban listos desde antes del comienzo de la discusión de la reforma en comisiones, y ya mencionaban la necesidad de adquirir 120 mil máquinas para las próximas elecciones“, precisó el portal, que recordó que una delegación de la Comisión Coreana de Elecciones Nacionales visitó nuestro país en julio.

La causa judicial abierta a partir de la denuncia de la abogada Valeria Carreras cayó en eljuzgado de Ariel Lijo, y el fiscal Guillermo Marijuan. En la misma, se solicita que se requiera al Ministerio de Modernización copia del memorándum de entendimiento suscripto con la República de Corea por el ministro Ibarra y solicita se investigue la posible “comisión de delitos de acción pública en orden a la compra o preparación previa para la adquisición de los equipos necesarios para la reforma electoral, antes de que se tratara en el Congreso de la Nación”.
La obsesión de este gobierno por las redes sociales, el acceso a los datos personales de los ciudadanos y la imposición del Voto Electrónico, sumado a la sospecha que circula sobre la compra por anticipado de las maquinas para la BAE, más la declaración de Peña en el sentido que hasta el 30/12 la reforma electoral no estaba caída, me convencieron que la Justicia debe investigar profundamente este tema y lo firmado entre Argentina y Corea al respecto”, explicó Carreras.

A este panorama hay que sumare el rol del vice de Ibarra, Raúl Martínez, que es sindicado como el funcionario encargado de la implementación del voto electrónico en el país. El dato adicional es que Martínez es el presidente de Opalsen, una de las empresas offshore del clan Macri; fue condenado y estuvo preso por contrabando agravado, evasión impositiva y obstrucción de la justicia.
Martínez, un hombre de la familia Macri desde hace 30 años, que también viajó a Corea junto a Ibarra, fue procesado y condenado, junto a Mauricio y Franco Macri, en la causa porcontrabando y evasión impositiva de Sevel (la automotriz de la corporación) en los ’90. Años antes, se había hecho cargo de Opalsen, la oscura empresa offshore que crearon los Macri para estafar al fisco argentino por 450 millones de dólares a través de la triangulación con Uruguay para la venta de automóviles de Sevel y así evadir impuestos.
“Sevel vendía autopartes a Opalsen, que armaba los autos y los volvía a ingresar a la Argentina. Pero en los papeles, cada comprador de los nuevos autos figuraba como importador individual, haciendo uso de los beneficios de exención impositiva existentes. Martínez era el encargado de falsificar -uno por uno- los papeles y las firmas de los supuestos importadores que, en realidad, le compraban a Sevel en Argentina. No pareciera el mejor antecedente para confiarle la transparencia del sistema electoral“, publicó el portal Nuestras Voces.

Fuente: Indie Politik blogspot