Uruguay choca con los socios por el alcance de las consecuencias del incumplimiento de Venezuela.

Tan decidida estaba Venezuela en defender su permanencia como miembro pleno en el Mercosur que cuando ayer el diplomático uruguayo le fue a entregar la notificación al representante permanente venezolano ante el Mercosur y la Aladi, Félix Rivas, este se negó a recibirla alegando que tenía instrucciones expresas de su gobierno de no aceptar ningún tipo de comunicación.
Por eso, la cancillería uruguaya no tuvo más remedio que notificar al gobierno de Nicolás Maduro sobre su suspensión en el bloque a través de un correo electrónico que abrieron en algún lugar de Caracas.
Esa comunicación que pretendía hacerse de manera conjunta por parte de todos los socios fundadores le puso punto a un proceso conflictivo que se comió buena parte del 2016: el lugar de Venezuela en la organización regional.
El comunicado que difundieron las cancillerías de Paraguay y Argentina es inequívoco en cuanto a lo que afirma: dado el incumplimiento de Venezuela en cuanto a la interiorización de la normativa del bloque a su ordenamiento interno (ver recuadro), los socios fundadores acordaron “el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de Estado Parte del Mercosur”.
Sin embargo, al profundizar en esa fórmula diplomática aparecen diferencias cualitativas acerca del alcance de las consecuencias del incumplimiento. Para el gobierno uruguayo la interpretación siempre fue la misma. Al no cumplir con la incorporación de la normativa y una vez vencida la prórroga otorgada, Venezuela perdería su voto en el bloque, mas no su voz. Así lo reafirmó ayer, el canciller interino, José Luis Cancela, en una conferencia de prensa.
Pero esa no es la lectura que hace el resto de los socios fundadores, afirmó una fuente de la cancillería a El Observador. Para Argentina, Brasil y Paraguay, el gobierno de Maduro ya está por fuera de las dinámicas de la organización regional: se quedó sin voto y sin voz. En consecuencia es muy probable que el próximo 14 de diciembre, cuando Argentina asuma la presidencia pro témpore, Venezuela no sea invitada dado que al perder todos los derechos no podría concurrir a las reuniones, proyectó una fuente de la cancillería.
Ante ese escenario, la diplomacia uruguaya entiende que ya hizo todo cuanto pudo para aliviar la agonía de Caracas en el bloque. Los cuatro meses de prórroga que finalizaron el 1 de diciembre fue el último esfuerzo uruguayo para que no se impusiera la voluntad de los socios mayoritarios del Mercosur y Paraguay. Ahora, con las cartas en la mesa y sin otra alternativa a la vista Uruguay no ofrecerá mayor resistencia. Y si el próximo 14 de diciembre es convocado a la transferencia de mando en el bloque acompañará el acto, aún cuando el gobierno de Maduro esté ausente.
La decisión de suspender a Venezuela entró en vigor de manera inmediata y se mantendrá hasta que los países miembros “convengan con la República Bolivariana de Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de los derechos como Estado parte”, afirma el comunicado.
Lo que resulta evidente de este episodio es que si Venezuela quiere volver a ser un miembro pleno no sólo tendrá que ponerse al día desde el punto de vista formal sino que tendrá que sortear la barrera política de aquellos miembros que no lo quieren volver a ver.

Las notas de Venezuela

Conocida la decisión del Mercosur, Venezuela siguió en un estado de negación y acusación en torno a lo que estaba pasando.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez (foto), acusó al resto de los socios de haber concretado un “golpe de estado”.
“Un golpe de estado es cuando alguien usurpa el poder legítimo dentro de un estado. Es muy difícil para mí imaginar que esto suceda fuera del ámbito de un estado”, dijo Cancela consultado por las expresiones de la ministra de Venezuela.
Horas antes de que el gobierno venezolano fuera notificado, llegaron dos notas a la cancillería uruguaya. Una de ellas comunicaba la decisión del país caribeño de activar el mecanismo de resolución de controversias de acuerdo al Protocolo de Olivos por la “arbitrariedad” del bloque para su reacción ante el incumplimiento de la norma y, lo que el gobierno de Maduro considera, el “boicot” de Brasil, Argentina y Paraguay a la presidencia pro témpore venezolana.
En opinión del gobierno uruguayo, Venezuela está en su derecho de activar el mecanismo. Desde Roma, el presidente Tabaré Vázquez dijo que a su llegada analizará el tema en el seno del Mercosur.
“Se estudiará con seriedad y responsabilidad teniendo en cuenta el respeto irrestricto que Uruguay tiene a los acuerdos internacionales y al derecho internacional en todos los terrenos y también en esos asuntos que hacen a procesos de integración”, dijo el presidente.
A partir del momento que se hace el pedido, el resto de los países tienen un margen de dos semanas para contestar. En esa respuesta se debe acordar una fecha entre todos los involucrados. Si bien esa discusión aún no se dio entre los gobiernos de los socios fundadores, la estimación de la diplomacia uruguaya es que Argentina, Brasil y Paraguay no permitirán que se ponga en marcha ese mecanismo.
La segunda nota venezolana que llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores daba cuenta de la decisión del país caribeño de incoporar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) número 18, que es el corazón normativo del bloque.
Cancela dijo en conferencia de prensa que el gobierno uruguayo “saluda” esta decisión venezolana pero alertó que este proceso llevará su tiempo. En su protocolo de adhesión a la organización, Venezuela se facultó la posibilidad de poder modificar el ACE 18. Y, según pudo saber El Observador, piensa recorrer ese camino. Por lo tanto, cualquier interiorización de esa norma central para el bloque llevará necesariamente a un proceso de negociación que llevaría más tiempo del que ese país hoy dispone.
Fuente: El Observador