por Francisco Faragó –

La abogada y máster en derecho de la Universidad de Yale, Natalia Volosin, hace un análisis exhaustivo de las principales razones de la corrupción en la Argentina y asegura: “La gran discrecionalidad que se le ofrece al Ejecutivo en los modelos de presidencialismo fuerte generan oportunidades de corrupción”.

El concepto de anomia boba, de Carlos Nino, dice – palabras más palabras menos- que la falta de cooperación social es la que hace que efectivamente perdamos todos. La Argentina tiene una historia enorme en materia de corrupción.  ¿Cuáles son las principales razones de que este delito se siga presentando en forma casi continua?
– Natalia Volosin: Bueno, hay una vinculación entre la anomia boba y la corrupción. Nino vincula la anomia (una de cuyas manifestaciones es la corrupción) al problema de subdesarrollo de nuestro país. Y lo que observa es que ningún historiador económico, ni politólogo analizó a la anomia para explicar el desarrollo inverso de la Argentina. Yo le doy una vuelta más a la idea de Nino. Para él, la anomia aparece como un factor que explica el subdesarrollo. Yo lo que sostengo es que buena parte de los factores institucionales estructurales del sistema político y del sistema económico de nuestro país que explican el desarrollo inverso, son los mismos que explican el problema de la corrupción. Los problemas de desarrollo inverso y de corrupción comparten la misma raíz.

¿Por qué cada vez que se cruza el sector público y el sector privado empezamos a hablar de corrupción?
En general, en nuestro país siempre que hablamos de corrupción hay una pata pública y hay una pata privada. Y hay dos prejuicios muy grandes sobre este tema. El primero de ellos, es el que afirma que a mayor Estado más corrupción y, por eso, hay que achicarlo. Y eso es falso. La década de los noventa es el mejor ejemplo empírico. El Estado pasó por un proceso de privatización y fue uno de los períodos de mayor corrupción de la historia.

El segundo prejuicio afirma que el capitalismo es inherentemente corrupto. Y eso también es falso. Hay países capitalistas que tienen niveles de corrupción decentes y hay países comunistas como China que tienen niveles de corrupción altísimos. Son prejuicios, punto.

La realidad es que en nuestro país cuando el sector público y el sector privado se cruzan florece la corrupción ¿De qué forma? A través del financiamiento de la política y en los contratos públicos

¿Qué responsabilidad tiene el presidencialismo fuerte en la corrupción de nuestro país?
Hay estudios empíricos que indican que hay una relación econométrica entre los sistemas presidencialistas y mayores índices de corrupción. Sin embargo, estos estudios no son concluyentes, porque metodológicamente es difícil medir la corrupción. Lo que yo observo de estudios cualitativos del caso argentino del 89´ a la actualidad, es que la gran discrecionalidad que se le ofrece al ejecutivo en este sistema hiperpresidencialista genera mayores oportunidades de corrupción. Si a eso le sumas la falta de control no solo de los organismos de rendición de cuentas sino también de los poderes clásicos, es decir, la falta de control del Poder Legislativo al Ejecutivo, y la falta de control del Poder Judicial al Ejecutivo, bueno… me parece que estamos complicados.

Está claro que los frenos y contrapesos no están funcionando bien en nuestro país, pero ¿quien juzga al Rey Salomón (al poder judicial)?
Hoy al Poder Judicial no lo controla nadie. El Poder Judicial estuvo doce años “dormido”, y también estuvo “dormido” en los noventa. Y muchos de los jueces de la servilleta de Corach, hoy tienen la capa de héroes de la patria y paladines de la lucha contra la corrupción. Margarita Stolbizer hace seis o siete meses atrás estaba contenta con la tarea de los jueces de Comodoro Py y ahora se dio cuenta de que las causas empiezan a plancharse. Esto muestra a una política de primera línea de Argentina que se hace la distraída con este tema. A mi me parece fantástico que las causas de corrupción avancen, siempre que sepamos quiénes son estos jueces. Porque si bien hoy las hacen avanzar, mañana las frenan. Es un problema estructural.

El área de compras es un área de gastos en el Estado, donde se producen muchas oportunidades de corrupción. Y a esto se suma que nuestro país tiene una ley de obras públicas que data de 1947 que por razones obvias, está desactualizada, y que no cuenta con un organismo de control. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional para blindarse de la corrupción?
– NV: El área de compras es el área, dentro del Estado, más vulnerable a la corrupción. En la Argentina esto es aún más grave, porque tiene un sistema precario. Hay un anteproyecto de ley de transparencia en la obra pública que impulsa el gobierno –y que se anuncia cada dos o tres semanas- pero hay muy pocas personas que lo conocen. Yo nunca logré verlo porque no se hizo público  y entiendo que tampoco se discutió con la academia ni con la sociedad civil. Tampoco se ha enviado al Congreso. Es algo que se anuncia seguido pero que no se hace efectivo.

Argentina opera con una ley de obras públicas de 1947 y es el único pais de América Latina y Central (junto con Venezuela) que no tiene una ley de compras de bienes y servicios públicos. Lo que hay que hacer es reformar de raíz el sistema de compras. Se debe unificar el sistema y que haya una única norma para la adquisición de bienes, servicios y obras para toda la administración pública.

Hoy nuestro país tiene infinidad de regímenes. No hay ningún motivo por lo que las universidades, o los fideicomisos o los entes públicos o empresas del Estado tengan que contratar con un régimen distinto. También hay que incrementar la publicidad. Pero yo considero fundamental involucrar la participación ciudadana en los procesos de compra. Porque la única manera de controlar bien esto, es involucrando al beneficiario, es decir, a todos los ciudadanos. Argentina no tiene mecanismos de participación. Y los pocos que tiene este Gobierno los borró de un plumazo, con el cambio que hizo al decreto reglamentario de compras públicas.

Ahora con la ley de participación pública privada aumenta aun más la discrecionalidad porque aparecen estos famosos diálogos competitivos, que son reuniones informales entre funcionarios  y el sector privado, que no tienen suficientes controles, ni tampoco cuentan con participación ciudadana.

En la actualidad, el titular de la Oficina Nacional de Contrataciones depende del ministerio de Modernización y se designa “a dedo”. ¿Está área no debería ser independiente del poder político y designado mediante un concurso público, con previo chequeo de sus antecedentes y credenciales?
Esa oficina es irrelevante como área de control. Es una oficina meramente administrativa, que debiera recibir toda la información de los organismos del Estado y volcarla en un sitio web. Obviamente, la mayoría de los organismos del Estado la ignoran, porque es una oficina que no tiene poder de sanción. Sería importante transformar esta área en un organismo con suficientes recursos, independencia y apoyo político para jerarquizar un área estratégica del Estado para el desarrollo económico

Por otra parte, la Oficina Nacional de Contrataciones, gracias al modelo Gobierno Abierto, pone los pliegos de las licitaciones en internet, sin embargo la etapa de selección sigue siendo confidencial. ¿No hay una contradicción ?
El Gobierno Abierto en la Argentina es solo una fachada de buen gobierno. Yo no perdería mi tiempo en estas cuestiones más vinculadas al uso de herramientas tecnológicas, si el sistema profundo estructural sigue siendo el mismo. Sobre todo, si la etapa de selección es secreta y vos para verlo tenés que demostrar un interés fehaciente para acceder. La realidad es que nadie accede a esa parte. Los pliegos se siguen haciendo a puertas cerradas. Y a pesar de que la legislación actual lo prevé, no hay participación ciudadana en la elaboración de pliegos, porque a la política no le interesa que haya. Tampoco hay participación ciudadana para controlar la ejecución de la compra. No sirve de nada poner los pliegos por internet si no fomentas el cruce de datos y si los potenciales oferentes y los beneficiarios no acceden a internet. Incorporara los beneficiarios y a la sociedad civil es la mejor forma de reducir drásticamente los niveles de corrupción.

Fuente y foto: Telam