La jueza Carina Álvarez aplicó el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Neuquino y dio por terminada la causa que investiga las responsabilidades políticas e intelectuales del asesinato del docente Carlos Fuentealba ocurrida en Arroyito el 4 de abril de 2007.

Dicho artículo establece plazos para que las causas judiciales se resuelvan. La causa Fuentealba II estuvo tres años en etapa de instrucción, fue por esto que la jueza sostuvo que podía cerrarla. De esta forma la magistrada  sobreseyó a los 15 policías imputados en la causa.

Gustavo Palmieri explica los argumentos de la justicia para cerrar la causa: “La jueza Álvarez argumenta que el asesinato de Fuentealba no es ni una violación a los derechos humanos ni un delito cometido por el Estado. En cambio sostiene que el homicidio fue causa del obrar particular de un efectivo de la fuerza policial provincial. Así cree que José Darío Poblete es el único responsable del asesinato de Fuentealba por haber abusado de su función”.

Para la querella, el artículo 56 es inaplicable ya que se trata sí de una grave violación a los Derechos Humanos, es decir utilización abusiva de los aparatos represivos del Estado contra los ciudadanos. Y en consecuencia debe aplicarse la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en cuanto entiende que en éstos casos no pueden aplicarse éste tipo de artículos.

El 8 de abril de 2007, el entonces gobernador Sobisch había declarado: “De todo lo que pase en la provincia, para bien o para mal, el responsable político es el gobernador y salgo a dar la cara, no me escondo como han hecho muchos otros dirigentes” Al momento del juicio parece haber olvidado sus propias palabras.

Hoy la querella presentará una impugnación a la decisión de la jueza Álvarez. Y espera que el tribunal de impugnación revise el cierre de la causa y la rebote.

En 2007 los docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén  (ATEN) estaban exigiendo subas salariales. Tras 9 años del asesinato de Fuentealba los docentes siguen siendo atacados y perseguidos por las fuerzas de seguridad por reclamar mejoras en las condiciones laborales.