por Federico Dalponte * –

En continuidad con los avances contra los trabajadores de la última Dictadura Militar y el menemismo, el gobierno de Mauricio Macri empequeñece a los trabajadores y sus derechos. El nuevo discurso: “generar más trabajo y bajar el nivel de litigiosidad”.

A la última dictadura le tomó apenas un mes eliminar una veintena de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y modificar de un plumazo otro centenar. Era el anuncio de un cambio profundo en la orientación de las relaciones de producción.

Mientras tanto, el por entonces secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger le acercaba su receta al gobierno de Jorge Rafael Videla: “Énfasis en la disminución de la participación estatal en la economía, promoción de la exportación, atención al relegado sector agrícola y una actitud positiva hacia la inversión extranjera”.

Se trataba en todo caso de experimentar un poco con la Argentina. Empequeñecer los derechos laborales hasta el ridículo, desmantelar la producción nacional y atraer a los inversores extranjeros, siempre con tan buen olfato para la explotación.

En 1989, la receta neoliberal del recién asumido Carlos Menem se inició con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la equiparación institucional a lo que los militares llamaban «decretos-ley». Era el preludio de la seguidilla de reformas laborales que vendrían. Fue un nefasto 14 de diciembre: aquel día se decidió que los empresarios podrían pagar parte de los salarios en tickets.

Hoy, en 2017, con el argumento de verba presidencial de “generar más trabajo y bajar el nivel de litigiosidad”, el Ejecutivo dictó otro DNU; otra vez un atajo para evitar el posible freno del Congreso. En esta ocasión el argumento fue que permitir la intervención de los diputados “irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida”.

Así, el decreto presidencial merece un profuso reconocimiento: en un hecho de novedosa ingeniería jurídica, el gobierno logró dictar un acto doblemente inconstitucional. Tal es así que el primer cuestionamiento llegó bien temprano, incluso varias horas antes de su publicación oficial.

“Si sale el decreto por la ley de riesgos de trabajo, nuestro colegio público planteará su inconstitucionalidad: no hay necesidad ni urgencia”, había advertido en la noche del domingo Jorge Rizzo, representante de los abogados porteños.

Sucede que la imposición de la reforma por DNU no entra en los cánones previstos por la Constitución. Y esa será una primera vía para intentar que los cambios no surtan efecto. Se trata de cuestionar el medio, así, a secas, sin siquiera considerar los perjuicios del contenido.

Pero además de su forma, son varios los que se anotaron este lunes para cuestionar la inconstitucionalidad de fondo. El decreto “es contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley”, sostuvo por ejemplo Margarita Stolbizer, quien consideró que discrimina “a los trabajadores en su derecho de acceso a la justicia”.

“Ya en varias ocasiones fue declarado inconstitucional por la Corte”, recordó por su parte el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, aludiendo a los casos “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti” y “Obregon”, famosos por haber demolido el régimen de riesgos de trabajo del menemismo.

La trampa de las comisiones médicas

El debate no es nuevo. María Paula Lozano, secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas, explica que el principal problema del régimen actual es que se traslada “el cuidado de la salud, la asistencia, recalificación e indemnización de los trabajadores accidentados a entidades privadas con fines de lucro e interés financiero”.

Ello, en otras palabras, implica que cuanto más poder se les otorgue a las aseguradoras, menos protegido estará el trabajador. De hecho, las ART no son un resguardo para el trabajador, sino para el empresario, para que la aseguradora responda en su nombre en caso de accidente o enfermedad profesional.

Por eso el reclamo empresarial. Por eso el empeño en “bajar la litigiosidad”, ese epíteto impuesto por el gobierno que implica limitar la posibilidad de que el trabajador -insatisfecho con la respuesta brindada por la ART- demande a su empleador.

La instancia abierta a través de las comisiones médicas es presentada como una solución, pero resulta por demás extorsiva. Aquel obrero accidentado que no esté satisfecho con la respuesta de la aseguradora, no podrá acudir directo a la Justicia. Antes tendrá que someterse al designio de las famosas comisiones médicas, órganos administrativos que procuran hacer justicia desde una ponderación clínica.

“La trampa de las comisiones médicas” -como la llama Jorge Yabkowski, secretario de Salud laboral de la CTA Autónoma- solía antes ser esquivada por los trabajadores. A sabiendas de su ineficacia, los demandantes pasaban de las aseguradoras a las puertas del juzgado, donde recién allí podían hallar una reparación integral.

Pero claro, el objetivo del nuevo decreto es forzar al trabajador, colocarlo frente a la disyuntiva de transitar el largo camino que comienza por el trámite ante la ART, continúa por las comisiones médicas y luego recién alcanza la doble instancia judicial, o bien aceptar la primera oferta que se le ponga sobre la mesa.

“Menos derechos, mayor inversión”

Éste fue un lunes negro. Además del cambio en el sistema de riesgos, los trabajadores se despertaron con la noticia de que perdían dos días de descanso al año. En concreto: su sueldo seguirá siendo el mismo, pero deberán trabajar dos días más.

El contexto lo es todo. No existen las medidas aisladas. El plan de regreso de las relaciones laborales a la prehistoria parecía tener hasta ahora un escollo insalvable: la clara minoría de Cambiemos en el Congreso. Pero no.

El gobierno apostó fuerte este año por los DNU para saltearse el trámite legislativo. Y si bien la medida necesita ahora el aval del Congreso, lo cierto es que para su confirmación alcanza con que al menos una de las dos cámaras se exprese a favor.

La legislación laboral argentina depende así de la mitad de los senadores, por lejos la Cámara más amigable para el oficialismo. Su condescendencia le permitirá al macrismo legislar desde la Casa Rosada. Pero también desde el Ministerio de Trabajo.

Desde allí apuesta el gobierno a adecuar los convenios colectivos a los intereses empresariales. Por ahora el oficialismo no se anima a enviar una reforma laboral de fondo al Congreso. Y su peso simbólico parece demasiado para otro DNU.

Al menos por ahora se contenta con promover el modelo inaugurado por los petroleros: ante el riesgo de perderlo todo, muchos gremios optarán por facilitar el recorte de sus propios derechos. Algunos lo harán por perniciosa ejecución de su representación sindical. Otros por preferir el choque con la pared antes que con la espada.

Los nuevos experimentos serán, muy probablemente, la industria metalmecánica y la de la carne. Allí, otra vez, el gobierno intentará ser artífice del avance empresarial: «menos derechos, mayor inversión» es la premisa oficial. Una estrategia que ya trajo resultados aciagos en el pasado.

* Federico Dalponte es abogado laboralista (UBA)

Publicado originalmente en Notas.arg