Pese a que el líder del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, presenta las negociaciones como exitosas, se perderán 1.300 puestos de trabajo. Anunciarán el nuevo esquema de precios del gas.

a semana se comenzó a definir el último capítulo de la novela de la flexibilización laboral y ajuste que atraviesa Vaca Muerta desde fines de 2015. Se anunció el acuerdo para definir el despido de los casi 1300 trabajadores que en la actualidad le sobran a la industria petrolera, tras el recorte de actividad de YPF.

La petrolera nacional invirtió en 2016 unos 2200 millones de dólares, un 30 por ciento menos con respecto al último año de la gestión de Miguel Galuccio, cuando había destinado 3100 millones de dólares. Al concentrar más de la mitad de los desembolsos de las operadoras en la provincia, los movimientos de YPF condicionan fuertemente el mercado laboral petrolero. Se prevé que este año mantenga la actividad en los niveles de 2016.

El gremialista y senador nacional Guillermo Pereyra presentó el incipiente acuerdo como un triunfo, pese a que resignó condiciones de trabajo y salarios de los petroleros que se desempeñan en los yacimientos no convencionales. Además no evitó la sangría de los 1300 puestos laborales que durante todo 2016 estuvieron con régimen rotativo.

Según el líder sindical, el éxito de sus negociaciones reside en que los despedidos se acogerán a los retiros voluntarios, pero cobrarán sus indemnizaciones completas y recibirán un bono de hasta 20 mil pesos, de acuerdo a la antigüedad, durante seis meses, que será financiado por el Gobierno Nacional. Si la actividad repunta, esos petroleros tendrán prioridad de contratación y el estado seguirá subsidiando esos 20 mil pesos de salario a las empresas petroleras “para promocionar el empleo”.

Ayer Pereyra se reunió con los ministros Juan José Aranguren, de Energía, y Jorge Triaca, de Trabajo, y acordó la exclusión del concepto zonal en el pago del impuesto a las ganancias.

La adenda al convenio colectivo de trabajo se firmaría el martes próximo. De esta manera, el cuestionado Aranguren se anota su primer gran éxito político, al ser el ministro que cierra un acuerdo que será punta de lanza para el objetivo central del gobierno de Mauricio Macri de bajar los costos laborales. Será difícil imponer un pacto de este tipo en otro tipo de actividades.

Se espera que ese día el ex CEO de Shell anuncie el nuevo programa de los precios subsidiados del gas en boca de pozo, que comenzarían con los 7,50 dólares el millón de BTU que hoy prevé el Plan Gas, para bajar a 7 dólares en 2019; 6,5 dólares en 2020 y 6 dólares en 2021. Aún se desconocen los detalles que tendrá ese esquema de precios.

De esa forma, Aranguren considera que las empresas que ya tienen activos gasíferos acelerarán las inversiones para aportar un mayor volumen de gas entre este año y el próximo, cuando habrá mayores precios. La idea es apurar los pilotos en las formaciones shale y tight y que las empresas que están sentadas sin invertir en los yacimientos, se decidan a perforar.

Por otro lado, la liberalización del barril de crudo doméstico que se concretará en julio, será exitosa si el petróleo a nivel internacional se mantiene entre los 50 y 60 dólares. Nadie puede asegurar tal panorama en un mundo expectante tras la asunción de Donald Trump.

Por su lado, Pereyra enfrenta varios frentes internos. En el gremio, la aparición de un grupo de trabajadores, con respaldo de partidos de izquierda, lo cuestiona por su rol durante la crisis laboral, lo cual se suma a la disputa latente entre las líneas dirigenciales que se preparan para sucederlo tras su frustrado anuncio de retiro.

A su vez, el senador también juega fuerte en la interna partidaria. Alineado con Omar Gutiérrez, ayer salió a responderle al vicegobernador Rolando Figueroa, quien había criticado el acuerdo petrolero porque perjudica a los trabajadores.

“A pesar de ser el vicegobernador de la provincia, no conoce la actividad”, dijo Pereyra y le recomendó que planteara las discusiones en la Convención partidaria.

Figueroa ya comienza a jugar su propio partido, tirando paredes con la ex socia del gremialista, la senadora Lucila Crexell, quien también salió a pegarle al gobierno provincial por la contaminación de los ríos.

En este escenario, resta conocer cómo reaccionarán los petroleros cuando se concreten los despidos, que en los últimos días ya se comenzaron a concretar en empresas como Petrogas, Halliburton y SP, y se terminen los supersalarios a los que estaban acostumbrados los empleados de las compañías de servicios especiales que operan en vaca Muerta.

Fuente: Va Con Firma