El anochecer de este viernes 24 de febrero concentró su agitación en Cordones del Chapelco. Desde la 20 y por espacio de más de dos horas y media, se desarrolló, fuera de la Delegación por motivos del calor y la falta de espacio, la reunión planteada por los vecinos autoconvocados y la Junta Vecinal, y a la que habían sido invitadas todos los estamentos institucionales involucradas en el conflicto generado por el proyecto de apertura de una sexta celda para la disposición final de residuos sólidos en el demasiado cercano Vertedero Municipal.

Respondiendo a la convocatoria, se hicieron presentes el titular y el adjunto de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo y Gonzalo Salaberry, los concejales Daniel Vincent, Carlos Moreno, Martín Rodríguez, Liliana Ramos, Rodolfo Manson y Sebastián D’Amorim Lima Novo (quien transmitió el acompañamiento en ausencia del concejal Evaristo González. Los ediles del MPN faltaron en bloque), el Defensor de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, José Luis Espinar y, como única representante del ejecutivo municipal, la titular del Consejo de Planificación Estratégica, Sara Castañeda. Una ausencia que varios de los vecinos hicieron notar fue la de algún representante del Organismo de Control municipal, cuyas funciones fueron reiteradamente criticadas. Con el lógico fluir de reuniones así de extensas, más de cien vecinas y vecinos (no sólo de Chacra 28, 30 y 32, los sectores directamente afectados) asistieron y participaron activamente.

Como era presumible, tras la exposición de la Lic. Castañeda, dando cuenta de los pasos del proceso de gestión de residuos sólidos en nuestra localidad y procurando acotar el malestar de los vecinos detallando los controles y análisis periódicos de cada instancia del mencionado proceso, varios vecinos expusieron a su vez testimonios y pruebas de que dichas revisiones y controles no se realizan debidamente.

La consecuencia es el actual estado de situación, en la que se suman varios factores considerados de alto riesgo para el ambiente y la salud de la población: contaminación de terrenos y napas por filtración de lixiviados, emanación de gases por las chimeneas de ventilación de los rellenos, consecuente proliferación de ratas y moscas, absoluto descontrol del ingreso de todo tipo de residuos por parte de particulares, acceso de personas (incluyendo menores de edad) a los sectores de descarga y los olores nauseabundos que con frecuencia se perciben en el vecindario.

Ya en plena noche, Fernando Bravo, que ofició de moderador de la asamblea, dio lectura a un documento de la Defensoría que encabeza, que incluye una propuesta de varios puntos. Ateniéndose a la legislación provincial, explicita la incompatibilidad de la existencia en el mismo espacio geográfico de viviendas y vertedero, independientemente del orden en que hayan sido construidos. Esto deriva en el pedido de una pronta relocalización del vertedero por parte de la autoridad comunal, cuyo plazo mínimo establece en un año y máximo en dos. Teniendo en cuenta la previsible colmatación de la celda V, la Defensoría sugiere la implementación de lo que dio en llamar una “celda corta”, que permita la disposición de los residuos producidos mientras se construye un nuevo vertedero (Tiempo del Sur Noticias publicará el documento completo en cuanto disponga del mismo).

Esta propuesta incorpora también la necesidad de revisar la gestión integral de los residuos, desde los hábitos cotidianos de consumo, la disposición domiciliaria y los sistemas de recolección, puntos que recibieron también los aportes de vecinos integrantes de la Asamblea Socioambiental, del concejal Martín Rodríguez y de la propia funcionaria municipal Sara Castañeda. Se planteó la necesidad de realizar una Auditoría externa para determinar los problemas enumerados, ante lo que se manifestó como inconsistencias por parte del Organismo de Control.  El concejal D’Amorim sorprendió a propios y extraños al expresar la posibilidad de expropiar las tierras que fueren necesarias para la localización del nuevo vertedero.

También se fue avanzando en la urgente convocatoria a una Audiencia pública -que debería realizarse, a pedido de los vecinos, en la Escuela 359- para establecer de cara a los sectores afectados los términos del eventual nuevo contrato con la empresa Werefkin.

La Junta vecinal de Cordones y el grupo de vecinos movilizados por esta situación propusieron la realización de una reunión el próximo miércoles 1º de marzo a las 20 hs. en la Delegación, para analizar y discutir las ideas y propuestas presentadas y determinar los pasos a seguir.

Documento de trabajo presentado por la Defensoría del Pueblo y el Ambiente aquí