Creemos que desde este Consejo debemos compartir nuestro sentir y pensar respecto al proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que el ministro de justicia del gobierno nacional, Dr. German Garavano, enviaría al Congreso Nacional para su tratamiento, a fin de reflexionar juntos sobre ello.

Dicho proyecto incluiría la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, a lo que desde ya, y por lo que plantearemos seguidamente, nos oponemos. Esta propuesta de baja de la imputabilidad, en realidad de lo único que se trata es de saber si se le aplica al niño/a o adolescente la misma pena que al adulto o no.
Algo de información como aporte a la reflexión: hoy nuestro Régimen Penal de Minoridad promulgado en el año 1980, ley 22.278 (durante la Dictadura Militar), establece que los adolescentes de 16 a 18 años, son plenamente punibles ante la ley, cuando cometan delitos castigados con penas mayores a 2 años, pero recién a los 18 años pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel.

En tanto, los menores de 16 años son inimputables. En determinadas situaciones, en algunas jurisdicciones de nuestro país, los jueces tienen la potestad de tomar medidas que representan  privar de libertad al niño/a o adolescente, lo cual está en las antípodas de los estándares internacionales en la materia.

En el procedimiento penal establecido en nuestra ley provincial de Protección de los Derechos del Niño y el Adolescente N°2302, en su título III, “De la Justicia Penal de la Niñez y la Adolescencia”, entre otras cuestiones relacionadas con el procedimiento, contiene Medidas Urgentes y Provisionales como la del Art. 67: “Arresto Excepcional”, cuando el delito imputado estuviese conminado con pena privativa de libertad mayor a 10 años y el plazo de dicho arresto no podrá superar los 30 días.

Por su parte, el artículo 71 contiene las siguientes medidas: 1.- Mantener al niño o adolescente en su núcleo de socialización primaria; 2.-Colocarlo bajo el cuidado de otra persona familiar o no; 3.- Establecer un régimen de libertad asistida; 4.- Incluirlo en programas de enseñanza u orientación profesional;  5.- Asistir a cursos conferencias o sesiones informativas; 6.- Adquirir determinado oficio, estudiar o dar prueba de un mejor rendimiento en estas actividades; 7.- Someterse a tratamiento médico o psicológico necesario; 8.- Arraigo Familiar; 9.- Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes; 10.- Omitir el trato con determinadas personas o que frecuenten ciertos lugares; 11.- Practicar deportes.

Asimismo, debemos mencionar, que estadísticamente la incidencia en los delitos graves (Ej: Homicidios)  en que participan menores de 16 años en nuestro país es ínfima. Por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, anualmente el adolescente menor de 16 años comete un delito de homicidio, a veces ninguno.

Creemos que desde el Estado se deben atacar las verdaderas causas de la inseguridad, como el desempleo, la falta de educación, la pobreza, la marginalidad y el narcotráfico, entre otras, en lugar de buscar una criminalización de los niños/as y adolescentes, y los pobres en general.

Sabemos que es la falta de políticas públicas de fortalecimiento familiar y de real acompañamiento en situaciones indignas con la naturaleza humana, porque hace ya tiempo se sabe, que las políticas públicas orientadas a fortalecer a cada familia y a cada niño que hay en ellas es una inversión y no un gasto.

De esto se trata, invertir, para generar igualdad de oportunidades para cada niño/a, al que su familia por falta de trabajo, educación o lo que fuere, no pueda dársela. Está muy claro que ningún “pibe nace chorro”.

Como síntesis, decimos que resultaría necesario debatir un régimen juvenil adecuado en materia penal, conforme lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 en su art.75 inciso 22, donde se puedan establecer garantías y medidas a tomar con niños/as y adolescentes, eliminando desde ya la pretendida disminución de la edad de imputabilidad.

Asimismo, manifestamos que dicha reforma legislativa debe estar acompañada de unafuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia, que evitarían entre otras cosas, que el niño o el adolescente entre en contacto con la ley penal.
Si con la prevención no alcanza y el niño/a o el adolescente delinquen y se topan  con un “nuevo régimen penal juvenil”, este, debe acompañarlos y promover sus derechos, fortaleciendo su egreso evitando nuevos conflictos, trabajando en un nuevo proyecto de vida.

CONSEJO DE LA COMUNIDAD PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, MARZO DE 2017.