por Sergio Fernández Novoa –

Política, medios y desinformación. El avance de la derecha regional tiene al gobierno de Maduro como su próximo objetivo. A través de la OEA y los medios hegemónicos, busca sumar una ficha más en el tablero de los Estados Unidos.

obable que nunca hayan escuchado un joropo o la gaita de furro ni bailado fulia, parranda o merengue caraqueño. Tampoco que conozcan su historia, aquella que habla de un país rico por el petróleo con mayorías sumidas en la miseria que la revolución bolivariana vino a redimir. Sin embargo, medios de comunicación y hasta ciudadanos de a pie en Argentina, Brasil o Ecuador repiten como si se tratara de un mantra: “No queremos ser como Venezuela”.

“La población en general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe”, dijo el lingüista Noam Chomsky para referirse a los altos niveles de desconocimiento y desinformación que reinan en la llamada “era de la comunicación”.

El maniqueísmo al que recurre buena parte de los medios de comunicación para abordar la compleja situación política y económica que vive Venezuela muestra con claridad hasta dónde es capaz de llegar el poder mediático para configurar una realidad a la medida de sus intereses.

La inmensa mayoría de los ciudadanos, dentro y fuera de Venezuela, ignora las maniobras de desestabilización orquestadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el opositor gobernador del Estado de Miranda Henrique Capriles, los cancilleres de la derecha latinoamericana y el gobierno de los Estados Unidos, cada vez más violentas y obvias en su vulgaridad.

Un golpe parlamentario

La crisis que sacude a Venezuela por estos días tiene su génesis en la determinación de la Asamblea Nacional (Parlamento) de ignorar las decisiones del Tribunal Superior de Justicia respecto a la elección fraudulenta de tres diputados opositores en la región de Amazonas.

El hecho ocurrió durante la elección de medio término celebrada en diciembre de 2015. El máximo tribunal del país consideró probado que los tres legisladores cometieron diversas irregularidades, entre otras la compra de votos, por lo que impugnó su designación y ordenó realizar una nueva votación.

El Parlamento, dominado por la oposición, se declaró en rebeldía y no acató el fallo de la Justicia, lo que derivó en que el máximo tribunal asumiera competencias del Parlamento mientras durara el desacato, decisión que sin embargo dejó sin efecto pocos días después.

Entre las competencias que había asumido el Tribunal Superior de Justicia estaba la de aprobar los contratos que establecen los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros reglamentados según la Ley de Hidrocarburos.

Estos acuerdos deben ser refrendados por la Asamblea Nacional, que al estar en desacato no puede -ni quiere- firmarlas, poniendo en riesgo financiero al país, ya que este no puede asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo.

Golpe a golpe

Ante esta situación la entente opositora denunció un autogolpe del gobierno de Nicolás Maduro, el que fue generosamente amplificado por la “prensa internacional”. Además, convocó a movilizaciones con llamados a la rebelión e incitando a la violencia.

De manera paradójica, las denuncias y acciones contra el gobierno constitucional no se detuvieron cuando el Tribunal Superior de Justicia dio marcha atrás en su decisión de asumir competencias parlamentarias.

Respaldados por la OEA, por los gobiernos conservadores de la región (incluida la sobreactuación habitual de Mauricio Macri), los Estados Unidos y el establishment mediático internacional, a las fuerzas opositoras ya no les alcanza con haber recuperado “la institucionalidad perdida”. Ahora quieren la destitución de los jueces de la Corte.

El objetivo político es claro: descabezar al Poder Judicial para después ir por el Poder Ejecutivo. Para ello necesitan forzar un llamado a elecciones anticipadas, ruptura (estas vez sí) del orden constitucional que se legitima a través de los títulos incendiarios de la prensa y las denuncias de la “comunidad internacional”, con la OEA a la cabeza.

Evo y la OEA: cartas sobre la mesa

La arbitrariedad manifiesta de la OEA contra el gobierno venezolano quedó en claro el lunes pasado, durante la sesión extraordinaria de facto que se celebró en Washington.

Bolivia, que preside el Consejo Permanente de la organización, había suspendido unilateralmente el encuentro haciendo uso de sus facultades y apelando a un argumento difícil de rebatir: el Tribunal Superior de Justicia había dejado sin efecto la resolución que lo motivaba.

Sin embargo, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, abrió oficialmente la reunión con la presencia de 17 países en la sala sobre 20 miembros del Consejo Permanente, y sin la presidencia a cargo de Bolivia.

Los convocados, entre ellos Argentina y Brasil, calificaron las decisiones del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional como “incompatibles con la práctica democrática” y dijeron que “constituyen una violación del orden constitucional”.

Por su parte el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció “un golpe institucional” por impedir que su país ejerza la presidencia. “De nuevo OEA convertida en Ministerio de Colonias”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, expresó su “incondicional apoyo” a Venezuela y denunció “un nuevo ataque que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución venezolana”.

Usted apoya la violencia

“Usted apoya la violencia. Cese ya, saque sus manos de Venezuela de una buena vez”, reclamó la canciller venezolana Delcy Rodríguez a Luis Almagro.

A pesar de eso, la OEA alertó sobre la “grave alteración institucional” de Venezuela y resolvió avanzar gestiones diplomáticas, incluyendo una reunión de cancilleres, para recobrar el “orden democrático” en el país.

No satisfecho con eso Almagro denunció una “brutal represión”, para allanar el camino que permita la aplicación de la Carta Democrática de la organización, que contempla sanciones y hasta la expulsión de organismos internacionales de los países miembros.

El objetivo es presionar para un llamado a elecciones anticipadas. En ese objetivo se insistirá durante la próxima Asamblea General de la OEA, que se realizará en México del 19 al 21 de junio.

Según el historiador peruano Isaac Humalla “Estados Unidos ha optado por minar a Venezuela interviniendo mediante la OEA; su capataz es Luis Almagro y 20 países de los 34 que tiene la organización continental”.

Alerta que la política norteamericana “solo puede agravar los conflictos sociales internos. No tiene capacidad de hacer un golpe de Estado, pues el Ejército venezolano no está interviniendo socialmente por estar consagrado a rechazar la agresión militar externa”.

Es oportuno recordar que a fines de 2014 Estados Unidosse declaró en virtual estado de guerra con Venezuela. Tiene 6.000 soldados en Colombia y 2.000 en Perú.

Más que una grieta

“Venezuela ha llevado la lucha de clases a un plano más avanzado, que había sido silenciado de mil maneras. Casi sería necesario agradecer a sus agresores y golpistas la diversidad de canalladas, la velocidad y la abyección invertidas para organizar sus ataques, porque eso nos simplifica la tarea, nos ahorra esfuerzos y nos esclarece el camino de la revolución”, escribió el filósofo mexicano Fernando Buen Abad.

“Hoy –agrega- es extraordinariamente claro que la revolución venezolana nos beneficia a todos (a todos los proletarios que buscamos la unidad) para acortar distancia entre la realidad que nos abruma y la conciencia que necesitamos para actuar correctamente”.

El triunfo de Lenin Moreno en el balotaje que definió las elecciones presidenciales de Ecuador el 2 de abril pasado va en el sentido de actuar correcto que propone Buen Abad y le puso freno a la restauración conservadora en la región que se profundizó con el triunfo de Mauricio Macri en 2015.

A la vez alienta a la defensa de la soberanía en Venezuela, la continuidad del proyecto que conduce Evo Morales en Bolivia y los intentos de recuperación que lideran Fernando Lugo en Paraguay, Lula en Brasil y Cristina Kirchner en la Argentina.

Hace casi dos siglos Simón Bolívar advirtió sobre la naturaleza del conflicto que atraviesa la región. El Libertador aseguró que si los países latinoamericanos no se unen, serán esclavizados, uno por uno, por los Estados Unidos, irónicamente en nombre de la libertad. Ahí están la oposición venezolana, los medios hegemónicos y la derecha continental para confirmarlo.

Fuente: Va Con Firma