por Héctor Mauriño –

Los decretos de Macri que pusieron como garantía de pago de deuda externa los recursos naturales y, por lo tanto pasibles de embargo, constituyen una alarmante luz roja para la riqueza hidrocarburífera neuquina.

En su afán por destruir la economía nacional, incrementar la pobreza y poner la riqueza del país al servicio de las clases acomodadas y el capital extranjero, el gobierno de Mauricio Macri se supera cada día a sí mismo.

Esta vez fueron un par de decretos, el 29 y 231 de este año, que ponen fuera de la protección de la inmunidad soberana y, por lo tanto, pasibles de embargo y ejecución los recursos y riquezas naturales del paíscomo garantía de pago de las emisiones de deuda externa.

Entre los bienes que pasarán a ser embargables en caso de incumplimiento de pago de la deuda se cuentan las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles como los hidrocarburos. Es decir, en lo que toca a Neuquén, las reservas de petróleo y gas, entre ellas los recursos no convencionales de la formación geológica Vaca Muerta.

La norma, que lleva las firmas de Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Finanzas Luis Caputo, avanza sobre atribuciones propias del Congreso, como contraer empréstitos sobre créditos públicos y el manejo de la deuda pública,y contradice el artículo 124 de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias la titularidad de los recursos naturales del subsuelo.

Pero como ya se sabe, este gobierno que se presenta como guardián de las instituciones es de cuño autoritario y pasa por encima de las normas cada vez que lo cree necesario. Eso sí, enarbolando un discurso frecuentemente divorciado del sentido de sus actos, en lo que constituye una política comunicacional que presenta un mundo virtual opuesto al real.

Los decretos de Macri están referidos a los títulos por 20.000 millones de dólares que el presupuesto aprobado por el Congreso le autoriza a emitir este año, y que vendrán a engrosar los 35.000 millones de dólares de deuda pública que contrajo en sólo un año de gobierno.

En el caso particular de Neuquén, de concretarse el endeudamiento en los términos previstos en los decretos de Macri, se pondrían en serio riesgo los recursos naturales de la provincia, en particular Vaca Muerta, que como se sabe contiene la segunda reserva de gas no convencional del planeta y la cuarta de petróleo.

Pero además, esta acción supondría pasar por encima de la Constitución provincial y las leyes que definen claramente las potestades de la provincia.

El primero que salió a poner paños fríos en este espinoso asunto fue el ex gobernador Jorge Sapag, que fue quien convenció a las autoridades nacionales de la anterior gestión de la conveniencia de la explotación no convencional en Vaca Muerta.

En una entrevista radial difundida el viernes, Sapag evitó cuestionar la incalificable medida de Macri, pero trató de llevar tranquilidad a los neuquinos al afirmar que, tanto la Constitución Nacional como la provincial, dicen que “el dominio de los yacimientos, es decir, la propiedad de yacimientos es absolutamente irrenunciable”.

Recordó que ese reconocimiento se introdujo con la reforma de la Constitución del ‘94 y después se cristalizó con la denominada “Ley Corta”, del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

No por nada varios diputados de la oposición salieron a advertir sobre esta insólita jugada de Nación consistente en poner en riesgo recursos que no son propios.

En tanto, y a pesar de la buena relación que mantiene con el gobierno nacional, el gobernador Omar Gutiérrez pidió ayer un cambio en los decretos que reconozca la titularidad de los derechos de las provincias.

No obstante, muy cerca del gobernador dejaron trascender que el riesgo para la provincia de que a raíz del decreto macrista sean embargadas las regalías o los yacimientos “es mínimo o inexistente”.

Tal como lo hizo Sapag, esgrimieron como argumento que “el dominio, la jurisdicción y la propiedad de la provincia están garantizados por la Constitución Nacional, la Constitución provincial y la Ley Corta.

Tras aclarar que los decretos de Macri están referidos exclusivamente a una operación, que es la colocación de 20.000 millones de dólares y que se supone que “se trata de una imposición de los organismos multilaterales de crédito para lograr mayor amplitud en la colocación” de las letras.

No obstante, destacaron que la objeción principal al polémico decreto nacional que no ratifica la soberanía de las provincias sobre los recursos naturales y la posibilidad de que sean embargados. Con no poca ironía deslizaron que a los funcionarios nacionales “consciente o inconscientemente, se les trabó la birome”.