Apelando a una nutrida fundamentación teórica en materia de legislación y jurisprudencia, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente formalizó la presentación de un recurso de amparo ambiental. De este modo, asume lo solicitado oportunamente por los vecinos autoconvocados de Chacra 28, 30 y 32, directamente afectados por la proximidad del vertedero municipal, cuya relocalización exigen.

 

Con esta petición a la justicia se intenta proteger y defender “el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado”, tal como establece el art. 41 de la Constitución Nacional.

También basan esta presentación en lo que expresa la Ley de Defensa del Ambiente en tanto expresas que “toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”, especialmente si la detención del daño (a la salud, al paisaje, a la salubridad e higiene de la ciudadanía y a la protección del patrimonio cultural e histórico de los ciudadanos y ciudadanas) reviste carácter de urgencia.

Por eso, la Defensoría interpone esta acción contra la Municipalidad de San Martín de los Andes, reclamando el control exhaustivo de la actividad que se lleva adelante en el relleno sanitario actualmente operativo (Celda V), extremando los procedimientos que minimicen los efectos perjudiciales que actualmente sufren los vecinos de los barrios lindantes al actual Centro de Disposición Final (CDF).

Para concretar esos fines, se solicita que en un plazo perentorio, el estado municipal diseñe y presente públicamente un plan de acción para definir una nueva ubicación y las condiciones para su funcionamiento de un nuevo CDF, previendo en el mismo plazo los medios para su inmediata puesta en operación, en el menor lapso de tiempo posible (no mayor a 180 días a contar de la presentación de esta acción).

La presentación de la Defensoría da cuenta detallada de los pasos administrativos, los pedidos de informes (algunos nunca respondidos), y las coberturas periodísticas que evidenciaron la intención del ejecutivo municipal de gestionar la construcción de una nueva celda (la llamada celda VI, ubicada contigua a la actual) con la misma firma que hasta hoy operó las anteriores (Hormigomax S.A.). Esto motivó reuniones entre vecinos y representantes municipales, integrantes del Concejo deliberante y los titulares de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes.

A pedido de los vecinos, responsables de la Zona Sanitaria IV elaboraron un informe concluyente sobre la deficiente operación del CDF y sus graves consecuencias para la salud de la población cercana.

Esto significa que todas las partes están debidamente enteradas del reiterado reclamo vecinal: garantizar que el cierre del actual relleno sanitario se concrete al finalizar la colmatación de la celda V. En ese sentido va el pedido del CD a la Intendente de San Martín de los Andes a reunirse y trabajar en forma conjunta con su par de la vecina localidad de Junin, a los efectos de concretar un tratamiento regionalizado de los Residuos Sólidos Urbanos, como establece la Ley Provincial 2648.

 

 

 

Sin embargo, en un informe del Organismo de Control Municipal, en un apartado titulado “Plan de manejo sustentable Celda V y VI, se menciona que el mismo se encuentra en elaboración conjunta con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Ing. María del Carmen Sambrin (representante técnica de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquen) y demuestra la intención del ejecutivo municipal en el sentido de avanzar en la construcción de la denominada Celda VI.

“Teniendo en cuenta ello,” -expresa la Defensoría- “y los antecedentes de las celdas anteriores, donde cada una de ellas se extendió por un lapso de tiempo que rondó los cuatro años, es de prever que en el caso de que se opte por esta posibilidad, desechando la de una reubicación del mismo, tal decisión importará el incumplimiento de las leyes Nacionales 25.675, 25916 y Pcial 2648, por cuanto su vida útil se extenderá más allá de los plazos que la ley establece.”

“Tal vulneración quedará materializada al momento de suscribir el contrato que ligue al municipio con la constructora y operadora de la nueva celda, lo que de contratarse, como se dijo, implicará su extensión en el tiempo más allá de los plazos legalmente permitidos.”