por Eduardo Aliverti –

Apenas a horas de una de las movilizaciones más impresionantes que recuerde la historia argentina, el Gobierno coló por decreto al juez Carlos Mahiques en el máximo tribunal penal del país. Ese hecho, virtualmente ignorado por la mayoría de la prensa, significa una respuesta rotunda, incontrastable, para quienes continúan creyendo o afirmando que el fallo del 2×1 fue simplemente un error de cálculo gubernamental o un exceso impensado de la Corte Suprema.

No hay errores, no hay excesos. La propia Cámara de Casación Penal había firmado el rechazo a la incorporación de Mahiques, quien fue ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal. Ese es el juez que intervendrá en causas como el pago de sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, en los que aparece comprometido Gustavo Arribas. El operador financiero de la primera, Leonardo Meirelles, es un “delator premiado” que, en el affaire del Lava Jato, apuntó a Iecsa, la firma que el primo presidencial Angelo Calcaterra vendió en marzo pasado a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, dueño de Edenor y de los activos de Petrobras en Argentina. Mindlin, en el negocio energético, es socio del magnate británico Joe Lewis, en cuyas 12 mil hectáreas rionegrinas de Lago Escondido suele descansar el presidente Macri. Tampoco está de más recordar que, a fines del año pasado, el Gobierno condonó a las eléctricas unos 11 mil millones de pesos de deuda con el Estado. Alrededor de un 10 por ciento de esa cifra correspondía a Edenor. Sin necesidad de seguir avanzando en pérfidas conjeturas, la investigación sobre el jefe macrista de los espías recae en la Cámara de Casación donde el macrismo termina de arrimarse al juez propio. La coladura por la ventana de ese magistrado fue detallada en la crónica del colega Sebastián Abrevaya, en PáginaI12 del viernes.  Mahiques llega al cargo sin concurso de oposición y antecedentes, a pesar de que ya existe uno abierto hace cuatro años y en el que el designado no participó. No hubo elevación de terna al Poder Ejecutivo, ni se publicaron adhesiones e impugnaciones. El Senado no le prestó acuerdo y, al momento en que Macri firmó el decreto, ni siquiera se le pidió opinión a la Cámara de origen. Las guindas son que el nombrado no es juez del mismo fuero ni de la misma jurisdicción: pasó de la Justicia ordinaria a la federal y de la Ciudad de Buenos Aires a todo el país.

No hay errores, no hay excesos. Es un camino sistemático que avasalla la política de salvaguarda de los derechos humanos implementada hasta diciembre de 2015. Es el Gobierno que se asegura cargos judiciales clave para proteger los derechos corporativos en cuyo nombre gestiona. El Banco Central, apenas asumido el macrismo, desmanteló el área que investigaba la complicidad civil con la dictadura, la criminalidad económica, los nombres de empresarios emblemáticos que el periodismo afín jamás publica. El programa Memoria y Verdad del Ministerio de Justicia fue pulverizado. Lanzaron a Darío Lopérfido como cabecera de playa declarativa, no sólo para equiparar delitos de acción particular con terrorismo de Estado sino, y sobre todo, para acentuar que detrás del sufrimiento de las víctimas se escondía una especulación dineraria. Acaban de premiarlo con un cargo insólito en la embajada en Alemania. Pero, sin perjuicio de lo enorme que es la lista de acciones y gestos a favor de la impunidad, absolutamente nada es más categórico que el retiro del Estado como querellante en los juicios por lesa humanidad. Eso hizo este gobierno. El Estado se fue de intervenir en el juzgamiento y castigo de la masacre. Se fue, así de sencillo. Es asombroso que semejante actitud no sobresalga, como contestación irrefutable a quienes pretenden que Casa Rosada se vio sorprendida por el dictamen de los supremos y como si éste no fuese producto de la agitación que el oficialismo esparce.  El fiscal de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Félix Crous, advierte que el Ministerio de Seguridad sencillamente frizó a esa dependencia. Las razzias y las apretadas policíacas, cotidianas, expandidas, prácticamente en todo el país, por portación de cara negrita, para seguir de cerca a piberío juntado en una clase pública, para filmar docentes protestones en nombre explícito de los servicios, para patrullar intimidando a cualquier juntada de sospechosos per se, forman parte del “clima de época” en que se enmarca el fallo de la Corte. Si no se entiende eso, ideológicamente no se entiende nada.

No hay errores, no hay excesos. Administraron por innúmera vez el “si pasa, pasa”. Es veraz o verosímil que el Gobierno se enteró del fallo de la Corte la noche previa, como difunden con insistencia los medios oficialistas. Pero darle valor a ese dato es de una frivolidad formal e insostenible. Cada cosa que el Gobierno hace o faculta que se haga está calculada, pero el yerro es creer que ese cálculo le permite anticipar cada efecto de cada una de sus medidas o señas. Lo que el Gobierno tiene previsto es el gerenciamiento de ese clima general, en la seguridad de que, por ahora, nada será contundente para alterar sus negociados. Descansa en el discurso de la herencia recibida, que conserva fortaleza. Y más aún: aunque parezca increíble, lo usó para defenderse del fallo. Cuando constató que dejar sueltos a los represores es un paso que la enorme minoría intensa o mayoría acumulada de la sociedad no está dispuesta a aguantar así como así, lo que soltaron fue la táctica de manifestarse sorprendidos. Se sumaron al repudio. Retrocedieron desde sus asqueantes declaraciones iniciales de respeto a la Justicia. La maquinaria completa del aparato macrista se volcó a decir que la culpa de la brutalidad jurídica del fallo de la Corte la tiene el vacío dejado por legisladores y juristas del kirchnerismo. Apuntaron a Eugenio Zaffaroni, para variar. Hablaron, en línea con el supremo Horacio Rosatti, de dilema moral y comprensión técnica. Movieron a la dama bonaerense al centro del tablero. Y terminaron por sumar decisión parlamentaria al Nunca Más redivivo. De ahí en adelante, aquí no ha pasado nada y si es por esto estamos todos juntos. A dar vuelta la página.

No hay errores, no hay excesos. Sí es cierto que el efectismo no les alcanzó para frenar una marea de gente emocionante, que reivindicó el mejor perfil de este pueblo. El miércoles, en la Plaza, en las plazas, se juntaron la determinación, el código inviolable de los imprescindibles, la frontera imposible para la derecha. No se trata de tener un optimismo voluntarista. El proceso de impunidad es correlativo con el carácter de este Gobierno y por tanto seguirán avanzando, o lo intentarán, por otros canales. Se cuidarán algo más de las groserías manifiestas, en todo caso o ni siquiera. Sin embargo, tampoco es caer en la melancolía de que impedir la libertad de los genocidas es lo único que (nos) queda. El miércoles demostró lo necesario de apoyarse en lo que sobra y no en deprimirse por lo que falta.

Que se haya tenido esa fuerza emocional para que el Gobierno dé marcha atrás, aunque más no fuere en la coyuntura y por una acción de resistencia, debería significar que están dadas las condiciones objetivas para reconstituir fuerza política. Porque de eso sí que se trata. Sin fuerza política, la lucha contra la impunidad –contra el Gobierno, en consecuencia– se transforma en un espasmo por mucho que en las calles se junten varias veces cientos y cientos de miles. Lo que el miércoles se recreó, con más intensidad todavía que en las sucesivas manifestaciones de marzo, es una energía dispuesta a encontrar unidad. O unión, por lo menos. La impunidad es congénere de seguir sumergiendo al país en una timba financiera descomunal. Una bomba de tiempo sobre la que ya alertan los propios gurkas del establishment. Un corral donde sólo cuenta la especulación con esos papelitos que no producen nada de nada. Una inflación que se achicará por la economía enfriada. Un rudo ajuste que anuncian explícitamente para después de octubre. Un asumir con resignación que el cinto debe apretarse en nombre del futuro de copa de los ricos desbordada, con migajas que algún día se repartirán en calco exacto del discurso de los ‘90.

El miércoles volvió a exhibir una potencia popular ineludible, que debe hallar curso en una organización política capaz de dar imagen superadora. ¿Será?