por Gabriel Bencivengo –

En un contexto de veloz endeudamiento, el gobierno colocó títulos públicos a 100 años. Una decisión sin antecedentes, el “error de cálculo” y la necesidad de financiar el déficit fiscal. Una pequeña crónica de un día anunciado.

 

La brújula oficial marca un norte preciso: el mercado financiero internacional y, en menor medida, la plaza local. Sin lluvia de inversiones y con brotes verdes microscópicos en contados sectores de la economía, el gobierno decidió profundizar el camino del endeudamiento. Y lo hizo de una forma que nadie podía imaginar: con la emisión de un bono público por 2.750 millones de dólares a 100 años, el plazo más largo que registra la historia de la economía nacional y con escasísimos antecedentes a nivel mundial. Esto en un contexto de veloz endeudamiento sólo comparable al que registró la Argentina durante la década del ’90 y en plena dictadura cívico-militar. Además convalidó una tasa de interés de casi el 8% anual, el doble de la que pagan los países de la región.

 

La noticia cayó como un rayo y sacudió la rutina en la víspera del feriado. Llegó vía Twitter: “Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo”, fue el escueto anuncio de Finanzas. Las especulaciones estuvieron a la orden del día. Más aún en una tarde en que el Banco Central (BCRA) sólo consiguió renovar 424.000 millones de pesos en Lebacs sobre un vencimiento de 547.000 millones a una tasa del 25,5% anual. Las explicaciones fueron primero para un reducido grupo de medios gráficos convocados por los ministros Luis Caputo(Finanzas) y Nicolás Dujovne (Hacienda). Luego, las segundas líneas de ambas carteras reforzaron el discurso oficial. No trajeron grandes novedades. Abundaron en argumentos triviales. Dijeron que la decisión busca “mejorar el perfil de vencimientos” y que se trató de “aprovechar el buen clima financiero internacional”. Lo de siempre. La verdad había que buscarla en otro lado.

 

Error de cálculo

La determinación de salir al mercado a las apuradas responde, entre otros motivos, a un nuevo error de cálculo. En el centro de la cuestión está el retraso cambiario. El programa financiero elaborado para sustentar el Presupuesto 2017 se diseñó sobre la base de un tipo de cambio promedio de 17,92 pesos, sensiblemente más alto que el actual. “Se necesitan más dólares para cubrir el déficit fiscal”, terminó reconociendo el secretario de Finanzas, Santiago Busilli. El desfasaje oscilaría, según la versión oficial, entre los 4.000 y los 6.000 millones de dólares. Las colocaciones de deuda, sin embargo, están lejos de encaminar el problema. Las cuentas siguen sin cerrar. Si el gobierno pretende alcanzar un déficit primario (antes del pago de la deuda) del 4,2% del PIB debería desacelerar el gasto primario al 26% interanual. Luce improbable.

 

Mientras el jefe de asesores de Hacienda, Guido Sandleris, aseguraba que Cambiemos eligió “una política de gradualismo” y fatigaba la promesa de cumplir las metas oficiales, entre otras llegar a 2020 con una relación Deuda/PBI por debajo de 40% -“muy baja” a juicio del funcionario-, llovían las críticas por el plazo de la colocación. También por la tasa convalidada. Muy pocos apoyaron la decisión. Casi todos la criticaron con dureza. Tanto por derecha como por izquierda. En el fondo nadie cree que la emisión cierre las necesidades financieras de 2017. La mayoría coincide en que sólo hará más pesada la mochila de la deuda. El impacto de la noticia fue tan grande que desde el famoso círculo rojo, ese variopinto conjunto de celebridades, especialistas y formadores de opinión, llegaron a calificar como “una maldición” que el país haya retornado a los mercados internacionales. Obvio. Son los que pugnan por un ajuste brutal.

 

Mientras tanto, el discurso oficial abundaba en metáforas. Algunas propias de la astronomía. Afirmaba, entre otras cosas, que hace un par de semanas se alinearon los planetas. Según Guido Sandleris, jefe de asesores de Dujovne, la operación se decidió ante las “favorables condiciones” que ofrecía el mercado. Una referencia a la ultralarga colocación concretada por México. Claro que hay una diferencia sustancial: la tasa conseguida en este caso fue del 5,75% anual. Ni que hablar de otras emisiones a 50 y 100 años, como las hechas por Bélgica, Irlanda e Italia, todas por debajo del 3%. A la luz del resultado, las explicaciones oficiales parecen poco sólidas. Mucho menos las que sostienen que con esta colocación la Argentina obtuvo “un sello de calidad” que le permite ingresar al “pequeño club” de los emisores de larguísimo plazo. Dudoso honor, por cierto.

 

Los números mandan

Los datos son elocuentes. Desde su asunción, Cambiemos convirtió a la Argentina en el país emergente que emitió mayor cantidad de deuda en moneda extranjera. Unos 48.700 millones de dólares en apenas un año y medio de gestión. En los equipos de Dujovne y Caputo insisten en que el tema no es preocupante. Sostienen que el nivel de la deuda pública del Estado nacional comparado con el Producto Interno Bruto (PIB) es bajo. Lo cierto es que desde mediados de 2016, la deuda bruta total se incrementó en 57.000 millones (24%) para trepar a 290.000 millones de dólares. Prometen, sin embargo, que en 2020 no superará el 38% del PIB. El tiempo dirá.

 

La promesa se apoya en un supuesto de difícil concreción. El perfil de vencimientos sólo será sustentable si el país crece a una tasa promedio del 3% anual. Por ahora, los planetas están lejos de alinearse. El supuesto implica equilibrar las cuentas públicas en un contexto de estancamiento que repercute en forma negativa sobre los ingresos fiscales y de cara a un gasto público que es inflexible a la baja. Además, la visión oficial está restringida al sector público nacional. Deja afuera las emisiones provinciales y las del sector privado. En lo que va de 2017, las provincias colocaron 10.000 millones de dólares y la empresas unos 8.500 millones. Una predisposición al endeudamiento que difícilmente sea sostenible con una economía estancada y, como promete la reforma impositiva que alienta Cambiemos, una profundización de las reducciones impositivas a sectores con alta capacidad contributiva.

 

Además, hay otros datos que tornan más gris el panorama. Si se analizan los números de las cuentas nacionales y el último Balance Cambiario del BCRA surge que buena parte del endeudamiento devino en fuga de capitales. Tanto para la formación de activos externos por parte del sector privado no financiero como por giro de utilidades, dividendos y turismo. Sólo en los primeros cinco meses del año se fugaron 10.000 millones de dólares. El monto trepa a 30.000 millones si se suman los casi 20.000 millones que salieron del país en 2016. Una dinámica por demás conocida que arroja más sombras sobre una economía que, pese al optimismo militante del oficialismo, se sostiene a pura deuda. Una deuda que se perfila eterna.