por Juan Alonso –

Los días del militante de la comunidad mapuche de Chubut y Río Negro, Facundo Jones Huala, no pueden ser más grises. Su gente está desesperada por la salud del lonco y advierten sobre las pésimas condiciones de detención en la unidad penal de Esquel, donde fue trasladado el sábado, luego de que se negara a ser extraditado a Chile en el marco de una medida judicial insólita, ya que pretenden penarlo por el mismo hecho del que fuera sobreseído en un juicio oral que reveló una trama escandalosa de espionaje provincial y nacional, persecución, complicidad judicial y tormentos a otro miembro de la comunidad para que revelase dónde estaba Jones Huala.

El lunes a las 9, la abogada de Facundo, Eli Gómez Alcorta, presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad y prevaricato (decisión arbitraria de un funcionario judicial) contra el fiscal federal Jorge Bagur Creta y el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, “como, así también, contra toda persona que con el devenir de la investigación resulte responsable a título de autor y/o partícipe del hecho que se denuncia”. Además, Gómez Alcorta advierte sobre una reunión entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet luego de la cual se inició la cacería de Jones Huala con los efectivos de la Gendarmería, que responden a la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.

El dirigente mapuche fue apresado el martes 26 de junio a las 18 por un control de Gendarmería en la ruta 40 en Leleque, Chubut, muy cerca del antiguo emporio británico de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, que explotó a los peones de campo por más de 100 años y sometió a los pueblos originarios tehuelches-mapuches con salarios de hambre y condiciones laborales de esclavitud hasta el Estatuto del Peón promovido por Juan Perón en 1949. En la actualidad, ese latifundio que también perteneció a la oligarquía ejecutora del exterminio de Julio Argentino Roca, es propiedad del magnate italiano Benetton. Y significa el núcleo de la disputa con la comunidad de Jones Huala, que reclama esos mismos territorios como parte de su legado ancestral en ambos márgenes de la Cordillera. Lo propio sucede con las tierras que adquirió otro millonario extranjero, el estadounidense Joe Lewis –otro amigo de Macri-, que se apoderó de Lago Escondido y prohíbe el ingreso con guardias armados y policías rentados.

El texto de la denuncia de Gómez Alcorta explica el contexto de la persecución a Jones Huala: “Estuvo detenido en Chile en los años 2013 y 2014 acusado de la comisión de un incendio, de la tenencia de un arma artesanal y de 12 municiones, al igual que por haber ingresado de modo ilegal a ese país. Una vez convocado a juicio, no se presentó y quedó rebelde, ordenándose su captura.

Luego de que las autoridades chilenas recibieron la noticia de que el lonco mapuche se encontraría en la zona de Esquel, solicitaron a Interpol que dictara una alerta roja y, posteriormente, requirieron a la Argentina su extradición.

El trámite judicial de la extradición se inició en Argentina el mes de febrero del 2015 y recién fue detenido Facundo Jones Huala a fines de mayo del 2016 -en el marco del proceso penal, seguido en la justicia ordinaria, vinculado a la recuperación de un territorio-.

Este proceso culminó con la sentencia, como corolario de un juicio, en la que se resolvió declarar nulo todo lo actuado en ese procedimiento.

La trama de irregularidades que quedó al descubierto en las dos jornadas del juicio tuvo un impacto social muy fuerte, no sólo por el hecho de que Jones Huala recuperara su libertad inmediatamente, sino porque se dejó a la luz la ilegal actuación de parte de la policía de la provincia de Chubut, quienes trabajaron de un modo mancomunado con un agente de inteligencia de la ex SIDE y con la probable anuencia de fiscales y jueces”, redactó la abogada, quien también defiende a Milagro Sala, presa hace 535 días.

Hay que recordar que de aquella farsa participaron el Estado provincial y nacional haciendo uso y abuso de la AFI y la Policía de Chubut para perseguir a Jones Huala, espiarlo, presionar a su comunidad, y torturar con efectivos policiales al joven Gonzalo Cabrera para que revelara el paradero del líder mapuche.

 

“Jones Huala tiene que estar en libertad. Es un hombre de la libertad y es un hombre de la democracia por la igualdad de todos. Deseo que sea liberado lo más pronto posible”, dijo el escritor, periodista e historiador, Osvaldo Bayer. En tanto, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó: “Quiero pedir la libertad de Facundo Jones Huala porque de ninguna manera hay que extraditarlo a Chile, ya que ese juicio se realizó. Estoy en contra de cualquier persecución a comunidades de Chile o de la Argentina”.

La situación procesal de Jones Huala se parece a un limbo. Ante la consulta de Nuestras Voces, su abogada Goméz Alcorta intenta una explicación aleccionadora: “En su momento, el juez Guido Otranto declaró nulo el procedimiento realizado en Argentina para el pedido de extradición por parte de Chile, pero la causa iniciada allí prosiguió. Fue detenido el 26 e Interpol nos dijo que era un error. Pero el juez Villanueva de Neuquén inició un nuevo proceso de extradición en virtud de la misma orden de captura de Chile y el mismo proceso de extradición idéntico al año pasado, con la excusa de que Otranto no se expresó sobre el fondo de la cuestión; que depende de la Corte, no de la justicia provincial. Es un caso gravísimo de doble persecución. La Corte podría concederle o no la extradición y el Juzgado de Bariloche lo contrario”.

La campaña contra Jones Huala comenzó en enero, cuando el diario Clarín publicó una nota que hizo honor al llamado “periodismo de guerra”: “Facundo Jones Huala, el mapuche que le declaró una guerra de fuego a Chile y Argentina”, estigmatizaron desde sus páginas. Pero este portal refutó ese artículo el 26 de enero, revelando el contexto y la verdadera historia de las tierras en disputa: una saga de negocios con capitales británicos y grandes terratenientes argentinos que son aliados del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y la administración neoliberal de Macri en conjunto con sus “amigos” Benetton y Lewis.

Quizás el Secretario de Derechos Humanos y (Pluralidad Cultural), Claudio Avruj, comprenda el alcance de este escenario de máscaras. Y su par chilena, Lorena Fries, sea parte del mismo montaje. En tal caso, Avruj deberá aclararlo ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo la denuncia de Gómez Alcorta.

La historia, como se ve, se repite como tragedia y como farsa.

Fuente: Nuestras Voces