por Eduardo Aliverti –

La ofensiva del Gobierno para eliminar de la campaña al escenario económico viene de varios destellos, con la paradoja convertida en parajoda de que la economía es justamente lo prioritario detrás de la estrategia de ocultamiento. Quizá, la única excepción haya sido esa indescriptible comedia montada por el dúo de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, junto a sus candidatos y diputados, al renunciar a fueros que son irrenunciables porque le pertenecen al Congreso. Fue un papelón institucional pocas veces visto pero, apenas se le busca la vuelta, forma parte de lo urgente que también es para el panmacrismo poner el foco en tonterías denuncistas y moralinas vacuas.

Para quienes cuentan con algunas dosis básicas de pensamiento crítico resulta obvio que hablar del Gobierno es hacerlo respecto de un bloque hegemónico donde rige coordinación –estrecha o funcional– entre los directorios de los grupos de poder más concentrados, Casa Rosada, un sector decisivo del Poder Judicial y otro de la prensa dominante. Si no se entiende ese marco de acción conjunta puede caerse en el extravío de pensar que, como decía el filósofo riojano, todo es obra de una casualidad permanente. El chiste de Rudy y Daniel Paz en PáginaI12 del jueves pasado, como concepto totalizador, es una de las mejores síntesis testimoniales de los últimos tiempos. Al ser notificado del fallo de la Corte determinando que un empleado debe pagar los costos del juicio laboral que perdió, el Gerente de Felicidad responde que “por fin alguien se anima a enfrentar a la mafia de los que viven de un salario”. Un día después, también en este diario, el laboralista Pedro Kesselman escribió su columna “Setenta años con el mismo discurso falaz”. Casi ochenta, en rigor. Allí se recorre una historia de discurso empresarial cuyo disparador se ubica el 29 de agosto de 1940, cuando el diario La Prensa publicó una nota sobre “La legislación del trabajo y la desocupación obrera”. Ese vocero entonces emblemático del pensamiento conservador decía que “algunas normas legales (…) que (…) sancionó el Congreso conspiran, en realidad, contra el comercio y la industria, y ocasionan desocupación”. 1940. Bien provoca Kesselman al recordar que en agosto de ese año no habían nacido Néstor ni Cristina, ni tampoco el peronismo porque su futuro fundador era un ignoto oficial del Ejército y las leyes protectoras de los trabajadores era escasas. Ni siquiera existía la Justicia del Trabajo, y sin embargo ya se hablaba de que los trabajadores y sus organizaciones eran culpables de la desocupación y de la ausencia inversora comercial e industrial. “Las palabras de la añeja publicación parecen haber sido fuente inspiradora para quienes, durante la última dictadura cívico-militar, en la década del `90 y hoy, con el poder político y económico unificados tras el empresario Macri, estuvieron y están empeñados en descargar sus responsabilidades por las crisis que ellos mismos generan”.

De todo, menos inocente, el ataque sistemático del discurso gubernamental no sólo tiene el sentido de disfrazar con el rótulo de mafia a la protección de los derechos laborales, en otra de las técnicas desviacionistas. Prepara el terreno para parte del paquete legislativo, ya adelantado desde las usinas de la prensa oficialista, a lanzarse después de octubre si las urnas favorecen a Cambiemos. Sumado a la amplia reforma tributaria que propondrá eliminar impuestos, aportes y contribuciones a los más ricos, y de la previsional que aumentará la edad jubilatoria junto con mecanismos que reinsertarían esquemas de sistema privado, el macrismo trabaja en la reducción del costo laboral a como sea. Los trabajadores argentinos son caros en dólares y ya se sabe que es eso lo que ahuyenta las inversiones, junto con CFK, en lugar de que los inversores prefieran la orgía de bicicleta financiera a que los invita el modelo. Maximizar las ganancias patronales es un objetivo que en su arquitectura parlamentaria se le deja a la confianza en los próximos votos. Antes no porque genera ruido electoral, dicen fuentes del palacio de Hacienda que también cita la propia prensa macrista. No hace falta mucho ingenio que digamos para imaginarse lo que podría pasar después de octubre con las intenciones oficiales, si desde el propio Gobierno advierten que en algunos aspectos deben esperar al resultado electivo porque de lo contrario corren el riesgo de incendiarse. Hay una ola de despidos por goteo cotidiano, cordones industriales en emergencia, cierre de miles de pymes, pero aun así se dan el lujo de avisarles a sus socios que el de ahora no es el apriete mayor y que confíen en las urnas. El auténtico vendrá después de octubre avalado por sus víctimas y gracias a la aversión contra Cristina, dicen. Mientras tanto, signos. Y concreciones. Todos los días, de todo tipo. Puede parecer un dato menor que se dispuso la intervención del sindicato de Canillitas, en una causa por supuestas irregularidades administrativas que data de 2013. Si acaso hay dudas acerca de que es otro episodio de persecución política, no puede haberlas en torno de la rivalidad de ese sindicato con el Grupo Clarín por la desregulación de la actividad. El gremio canillita es el cuarto intervenido durante la gestión macrista. Lo precedieron el de Obreros Marítimos, el de personal de Seguridad y el de Azucareros. Es tentador decir que hay presión a toda máquina, pero no. Si quieren ver la máquina a pleno, esperen a octubre y después.

Las casualidades permanentes también se registran con las maniobras gubernamentales en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de proponer, controlar y sancionar a los jueces. Y desde ya que en el Congreso, donde la última acometida fue para desaforar a Julio De Vido a través del esperpento jurídico que promovió el fiscal Carlos Stornelli, ex empleado de Macri en Boca. El juez de la causa, Luis Rodríguez, quien no es precisamente acusable de simpatías K, comunicó que no corresponde pedir ni el desafuero ni la detención del ex ministro porque las pruebas reunidas no permiten conformar el estado de sospecha. La prensa oficial, los diputados macristas y sus aliados ya estaban de fiesta pero, como acerca de tantas otras anticipaciones periodísticas del tronco oficial, las pruebas no están. Está la “posverdad” de que no importan los datos, sino las convicciones o sensaciones previas a ellos. Y está la promoción del escándalo anti K que tiene a su numen en la doctora Carrió, quien, en el debate por la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, argumentó a favor del artículo que le permitía a su gobierno de sospechosos manejar como mejor le placiera la información del caso Odebrecht. En el show de coimas de ese asunto y empezando por el clan Macri, un ventilador descontrolado puede caer contra actuales funcionarios mucho más que sobre la herencia recibida.

No todo funciona a la perfección cuando se articulan los intereses del bloque hegemónico, pero sí puede afirmarse que sus contradicciones son esencialmente secundarias y de corto plazo. El salto del dólar fue la noticia económica de la semana y se conoce de sobra lo que la cotización de la divisa provoca en la psicología argentina. El agro ya había comenzado a presionar y a guardarse la soja para especular con un valor alrededor de 18, hasta que el jueves se coordinaron sojeros y bancos para poner un techo momentáneo que el colega Carlos Burgueño, en Ambito Financiero del viernes, resumió bajo el título de “Fuego Aliado”. Las pujas hacia dentro de monopolios y oligopolios tienen sus bemoles, como ya se demostró hace unos días con el alerta de Techint y otros miembros de la Asociación Empresaria Argentina acerca de la situación industrial y el libre albedrío de las importaciones. Pero en los acuerdos de fondo no confunden al enemigo. Saben que tienen a cargo el Gobierno más cómplice desde la última dictadura, y en todo caso guardan desconfianza –enorme– sobre la capacidad de liderazgo de Macri. No más, o no mucho más que eso.

El aumento de rentabilidad de los grupos concentrados de la economía es el único motor volitivo de Cambiemos, que entrena para el ajustazo post-octubre sin mayor recato. Por eso las elecciones de medio término conllevan uno de los significados más trascendentes desde el recupero democrático. Es cierto que el kirchnerismo, si se lo interpreta en representación electoral, quedó reducido al conurbano bonaerense (nada menos). Y a una lucha en Capital que merece darse, porque el logro de la unificación y a la cabeza un candidato como Filmus –a quien sólo pueden denostar por no haber ganado, y nunca por su honestidad, trayectoria y capacidades– garantizarían un piso considerable. Pero esa es la interpretación estrictamente numérica. La política, el gran título del día siguiente, el miedo profundo del macrismo, el comprobar si a corto y mediano plazo hay alguna chance constructiva de resistencia, pasa por un único lado simbólico, geográfico y concreto. La barrera contra la profundización de este desquicio que aumenta la desocupación y la pobreza, y que endeuda al país hasta límites que permiten preguntar no cómo sino cuándo se reproducirá el 2001, tiene centro de gravedad en la provincia de Buenos Aires.

Todos saben perfectamente cómo se llama esa barrera.