El Diputado Nacional y candidato a renovar su banca, Darío Martínez, presentó hoy un proyecto de ley que le prohíbe al Estado requerir información a los vecinos que ya conste en registros oficiales.

Junto a Javier Bertoldi y la legisladora rionegrina María Emilia Soria, Martínez anunció que su proyecto pretende que “el Estado esté al servicio del vecino y no el vecino como cadete del Estado, juntándole papeles de registros públicos y organismos públicos cada vez que tiene que hacer un trámite”.

El referente del espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner explicó que quiere “legislar sobre el derecho de los ciudadanos a que el Estado no pueda reclamar ni pedir, ni información ni documentación, que ya existe en registros oficiales, archivos o bases de datos”.

“No puede ser que el ANSES le exija a un pensionado por viudez que presente el   certificado de defunción de su conyugue, fallecido hace muchos años atrás, para poder seguir cobrando. Papeles que a veces ni siquiera están en su lugar de residencia sino en el lugar donde esa persona falleció, lo que genera angustia y contratiempo”, afirmó.

El proyecto de Martínez establece que “las Oficinas y Organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, tendrán la responsabilidad y obligación de diligenciar y compendiar todos los datos, constancias, certificados y/o notificaciones oficiales sobre información que obre en los archivos de cualquiera de las reparticiones mencionadas o en otros bancos de datos de acceso público por Internet, que se necesiten para resolver y concluir positivamente la tramitación que les haya sido requerida por los ciudadanos”.

En su artículo 5, el proyecto de Darío Martínez  impone la prohibición “a las Oficinas y Organismos centralizados, descentralizados y autárquicos del Estado, requerir a los ciudadanos la presentación de cualquier tipo de documentación que hubiera sido necesaria para el perfeccionamiento de un trámite ya concluido, que ha generado o está generando actos administrativos a favor del ciudadano”.

La norma impulsada por el neuquino tiene alcance nacional e invita a adherir a ella a las provincias y municipios de todo el territorio argentino. Martinez recordó que por iniciativa de los Diputados Justicialistas la Provincia de Neuquen tiene aprobada una Ley similar que nunca se puso en práctica y la ciudad tiene en vigencia una Ordenanza del mismo tenor que lamentablemente Quiroga no la aplica.

“Por ejemplo, si un vecino tiene que sacar la licencia de conducir le piden que traiga el libre deuda del Juzgado de Faltas, que también depende del Municipio”. El legislador agrego como ejemplo de burocracia que “cuando una persona adquiere un inmueble, Rentas de la provincia le pide un libre deuda del impuesto inmobiliario, y encima tiene que pagar un sellado, cuando la responsabilidad de contar con esa información es del propio Estado”.