El Juez Andrés Luchino hizo lugar a la Acción de Amparo Ambiental presentada por la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. El fallo le da al Municipio  un plazo máximo de 180 días para informar la nueva ubicación y condiciones de funcionamiento de un nuevo centro de disposición final. Todo ello bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a una orden judicial por parte de los funcionarios responsables del cumplimiento de esta medida y/o aplicar astreintes (sanciones conminatorias, que tienen el objeto de obtener el cumplimiento directo de un deber jurídico).

Agregamos un extracto de esta sentencia histórica:

 

“En protección de los derechos involucrados, y conforme lo previsto en los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, artículo 12 apartado 2 inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y “ Culturales, artículo 54 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, artículos 4, 30 y 32 de la ley nacional N° 25.675, artículos 4, 10, 19 y 20 de la ley nacional N° 25.916, artículos 1, 2, 3, 8, 20 y 21 de la ley provincial N° 1875 y artículos 1, 2, 4, 8, 12, 17 y 27 de la ley provincial N° 2648, resulta entonces indispensable hacer cesar las actividades del actual relleno sanitario de San Martín de los Andes así como también reubicarlo en un lugar adecuado en el menor tiempo posible hasta tanto se concrete la regionalización prevista en la ley 2648, debiendo la accionada abstenerse de construir la Celda VI en ese lugar.
20) Resulta inconducente la argumentación de las tareas de mejoramiento y gestiones realizadas en períodos de transición (luego de que el problema tomó público conocimiento) como se desprende de las distintas publicaciones periodísticas acompañadas, máxime cuando ya había dado lugar a la intervención del Defensor del Pueblo y del Ambiente y de los vecinos, sobre todo considerando que esa precaria e inestable situación fáctica de modo alguno evita el peligro de continuar provocándose daño al ambiente y la salud de los pobladores ni borra la ilegalidad en que se viene desarrollando la actividad.
21) Tampoco resulta viable, por los mismos motivos, la alegada circunstancia de que los barrios contiguos al Relleno Sanitario se instalaron con posterioridad al momento en que inició sus funciones el vertedero. Es que -antes o después- no cambia la situación de afectación actual al ambiente y a la salud de los vecinos prevista en las normas antes citadas; y por otra parte vale considerar que tales urbanizaciones no estarían asentadas en proximidades del Relleno Sanitario si su construcción no hubiera sido autorizada por el Municipio, quien bajo este argumento no está haciendo más que alegar su propia torpeza para intentar justificar el incumplimiento del derecho a un medio ambiente sano. Es que la verificación del perjuicio real, efectivo, tangible y concreto que surge de la actividad y la ubicación del Relleno Sanitario hace imperativo ordenar el cese o mitigación de la afectación del medio ambiente hasta tanto se proceda a la reubicación, tal como ya lo ha sugerido el Organismo de Control Municipal, habida cuenta que una resolución inmediata resulta de imposible cumplimiento.
22) Dada las circunstancias actuales, las gestiones administrativas realizadas, y las que deberán “ realizarse para el efectivo cumplimiento de los requerimientos de la ley nacional y provincial, y previendo además las consecuencias económicas de la decisión, habré de otorgar un plazo prudencial máximo para la reubicación del Relleno Sanitario por parte de la Municipalidad de San Martín de los Andes a un lugar adecuado; tiempo durante el cual la disposición y tratamiento de los residuos deberá ajustarse a las normas técnicas vigentes para afectar de la menor forma posible el ambiente y la vida de los vecinos de la ciudad, incluido el recurso hídrico subterráneo conforme lo normado en el artículo 6 y Anexo I ítem 11 de la reciente ley provincial 3076.
23) En cuanto al planteamiento de la demandada respecto a que los plazos máximos establecidos por el artículo 27 de la ley provincial N° 2648 no se encuentran vencidos (la ley fue romulgada el día 12 de Junio del 2009 y establece un plazo de cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia para que los municipios y/o comisiones de fomento de toda la Provincia realicen por sí o coordinadamente con otras jurisdicciones una gestión integral de los residuos sólidos urbanos), por cuanto considera que se está cumpliendo con la manda con el sólo argumento que el Relleno Sanitario no es un basurero a “ cielo abierto (aunque ha quedado probado que hace las veces de tal), este argumento debe rechazarse porque la ubicación junto a la zona urbanizada es lo que lo condena (conforme artículo 17 de la misma ley), y es lo que deriva en la vulneración de derechos que emanan de las normas citadas en el considerando 19°.
24) Por otra parte, si bien el plazo máximo de diez (10) años para dar efectivo cumplimiento a las previsiones de la ley 2648 no se encontraría vencido (operará el 12 de Junio de 2019), y el hecho de la proximidad a esa fecha por sí sólo no hace de esto un incumplimiento, también en este supuesto -como en el anterior- es el hecho de la grave contaminación del ambiente lo que impide su continuidad en las condiciones actuales, no siendo aceptable que permanezca el Relleno Sanitario en esa situación hasta el cumplimiento del plazo, requiriendo en cambio (conforme la normativa antes citada) que sea trasladado en el menor tiempo posible, lo que resulta ajustado a los principios de prevención y precaución ambiental.
25) Por lo expuesto, la conducta de la autoridad pública, en forma actual lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, “ derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (artículo 41) y Provincial (artículo 54), tratados internacionales (artículo 12 del Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales) y leyes de la materia (artículos 4, 30 y 32 de la ley nacional N° 25.675, artículos 4, 10, 19 y 20 de la ley nacional N° 25.916, artículos 1, 2, 3, 8, 20 y 21 de la ley provincial N° 1875 y artículos 1, 2, 4, 8, 12, 17 y 27 de la ley provincial N° 2648), por lo que la acción habrá de prosperar.
26) En cuanto a las costas, atento la forma de decidirse la cuestión, las mismas serán soportadas por la demandada, por resultar perdidosa (art. 68 CPCC).
Por ello, constancias de autos, lo dispuesto en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, normas, doctrina y jurisprudencia citada, F A L L O:
I. Haciendo lugar a la acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, y en consecuencia ordenar a la Municipalidad de San Martín de los Andes que se abstenga de abrir una nueva “Celda” como depósito de basura en el predio que actualmente ocupa el relleno sanitario en Chacra 32, lo que implica su cierre definitivo ante el agotamiento de la “ Celda V, debiendo en el interin –hasta su cierre adoptar las medidas que resulten necesarias para mitigar el daño ambiental que su funcionamiento provoca, en el marco de un plan de manejo sustentable y sostenible que garantice la seguridad del método de disposición final de los residuos sólidos urbanos, la preservación de los recursos naturales, y la tutela de la salud y calidad de vida de los vecinos de San Martín de los Andes. Asimismo, deberá en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días informar la nueva ubicación y condiciones de funcionamiento de un nuevo centro de disposición final. Todo ello bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a una orden judicial por parte de los funcionarios responsables del cumplimiento de esta medida y/o aplicar astreintes (artículo 804 del Código Civil).
II. Imponiendo las costas a la Municipalidad de San Martín de los Andes.”
Foto: Diario Rio Negro