por Héctor Mauriño –

Este es un gobierno de empresarios ricos e inescrupulosos, que detestan la política y que siempre han pensado que las normas no están más que para favorecerlos, a ellos y a los de su clase.

Forman parte de un grupo social que siempre ha tenido mucho poder por afuera de los mecanismos institucionales y que ahora cuenta además con esos resortes institucionales.

Son de profunda raigambre autoritaria, porque tradicionalmente su poder no viene de la representación colectiva -por eso desconfían de los políticos-, sino de los recursos económicos que manejan y del entramado que los relaciona con el resto del poder económico y fáctico.

Son socios de los representantes del capital extranjero, de los medios de comunicación más concentrados, de buena parte de los miembros del Poder Judicial y de los sectores más conservadores de la Iglesia.

Este grupo que gobierna hoy la Argentina, no está de más recordarlo un día de elecciones, no es democrático ni nunca lo ha sido.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería del gobierno tampoco es casual, es uno de los efectos de las políticas que está poniendo en práctica ese entramado que gobierna la Argentina.

Cuando se estimula el accionar represivo con un discurso confrontativo hacia los reclamos de los sectores postergados, se crean las condiciones para que ocurran este tipo de hechos.

Tiene razón Zaffaroni cuando dice que Sobisch no le ordenó a un policía que le dispare a Fuentealba en la cabeza, pero creó las condiciones y el clima necesarios para que eso ocurriera.

Con este gobierno sucede otro tanto.

Además, cuando una administración en lugar de crear trabajo lleva adelante una política que estimula el desempleo, recorta los salarios y amplía los privilegios de unos pocos, está tomando un camino que no puede sino conducir a la represión.

Tienen mucha razón los representantes de los organismos de defensa de los derechos humanos cuando dicen que nunca esperaban que un caso como el del joven secuestrado por las fuerzas de seguridad en Chubut ocurriera en democracia.

Pero esta es una democracia puesta en crisis por un equipo gobernante que sólo representa fielmente los intereses de las grandes empresas, el poder mediático y las multinacionales.

Como contrapartida de todo esto, hay un amplio sector de la población, algunos de cuyos integrantes salieron ayer a la calle para reclamar la aparición con vida del detenido desaparecido Santiago Maldonado, que es perfectamente consciente del peligroso retroceso que vive el país.

Otro ejemplo de los riesgos que entraña el rumbo adoptado por este gobierno es su política energética. Algo que concierne particularmente a Neuquén.

Al partir de un criterio de rentabilidad, funcional a los intereses del grupo gobernante y los sectores minoritarios que representa, y del abandono de la búsqueda de la soberanía energética para alcanzar el desarrollo nacional, el gobierno de Macri está creando fuertes inequidades también entre las provincias.

La caída de la inversión en la extracción petrolera conjuntamente con la eliminación del barril criollo, que paliaba en alguna medida la caída internacional del crudo, para apuntar casi exclusivamente a la producción de gas, sobre todo no convencional, es algo que a corto y mediano plazo puede beneficiar a Neuquén.

Pero por otro lado este política deliberada perjudica a la industria -la matriz productiva de la Argentina está ligada al gas- y repercute de manera negativa en el empleo. Además, si bien el alto precio del fluido es un aliciente para la inversión externa -la única que ha logrado captar el macrismo- perjudica al común de los consumidores, que deben soportar el aumento exponencial de las facturas.

Respecto de las provincias no ocurre nada muy diferente. Por ejemplo, Chubut y Santa Cruz, grandes productoras de crudo pero cuyos gobiernos no gozan de la simpatía de la troupe gobernante, pero también el resto de los estados miembros de la Ofephi, están sufriendo un fuerte éxodo de las inversiones.

Se supone que el Estado nacional debe regular este tipo de inequidades, pero la administración macrista está haciendo todo lo contrario: profundizarlas arrastrando a sectores de la sociedad y jurisdicciones enteras a la crisis. Puede ser que algunos sectores y alguna provincia en particular se beneficien, pero al cabo se perjudica el conjunto. ¿Hasta cuándo?

Fuente: Va Con Firma