por Eduardo Aliverti –

Algunas contradicciones de los procesos sociales son muy difíciles de explicar si no es por los aportes del ilusionismo, ayudado en esta segunda fase neoliberal por constructores del marketing político que disponen de herramientas comunicacionales formidablemente empleadas. No es sólo eso, desde ya, lo que explica la coyuntura y perspectivas de un giro social conservador. Pero sin esos dispositivos mediáticos no es probable hallar una respuesta más o menos genérica.

La próxima etapa del ajuste es inevitable. El Gobierno deberá remediar el déficit generado por sus políticas de transferencia de recursos a los sectores más concentrados, lo cual desfinancia progresivamente a unas arcas públicas sostenidas por la deuda descomunal que toma el Estado. Sin embargo, nada parece indicar que eso vaya a tener freno en las urnas. Se diría que lo contrario. El ejemplo más ostensible o inmediato del horizonte luego de octubre son los aumentos en las facturas de servicios públicos, por obra del quite de subsidios. Al presentar en comisión el proyecto de Presupuesto 2018, ni el ministro de Hacienda ni el de Finanzas pudieron definir cuál será el porcentaje de incremento en luz y gas a partir de noviembre. Sí se sabe que, en línea con lo sugerido por el Fondo Monetario Internacional entre mediados y fines del año pasado (porque, recordemos: el FMI volvió a supervisar la economía argentina, con el eufemismo de que deben normalizarse las relaciones tras la ruptura kirchnerista de 2006), el gasto público debe ser “reorientado” con una más rápida eliminación de los subsidios a la energía. Es decir, incremento tarifario. O tarifazo a secas, que el año próximo carecerá de pago en cuotas porque no hay elecciones. El aperitivo estará en los dos últimos meses de éste, según lo avisó en agosto pasado, ante unos 250 empresarios en el Consejo de las Américas, el ministro energético. Juan José Aranguren señaló entonces que hacia fin de año habría una revisión tarifaria cuyo monto no podía calcular porque eso dependería “del costo de la energía y del valor del tipo de cambio” pero que, como fuere, el objetivo del Gobierno es iniciar 2018 con el precio de los combustibles totalmente liberado, para que lo establezca “el mercado” y se acomode a los valores internacionales. Esa misma falta de cálculo preciso es la que exhibieron Nicolás Dujovne y Luis Caputo cuando la última semana visitaron el Congreso. Los números ya deben estar, naturalmente, pero antes de fin de año resulta que sí hay elecciones.

En la entrevista radiofónica del jueves pasado, Cristina dijo que nunca sintió haber detentado el verdadero poder y que, a su juicio, un presidente de la Nación podría tener el 20 o 25 por ciento de la cuota total manejada en verdad por las corporaciones económicas nacionales e internacionales. Hurgar en semejante reconocimiento –por más obvio que parezca, o precisamente por eso– es todo un desafío al que ya se refirieron algunos (pocos) colegas. Visto desde la maquinaria corporativa, nadie allí se dispararía a los pies admitiendo que es cierto. Y apreciado por quienes respaldan el ideario de la experiencia kirchnerista, significa aceptar que, aun con todo lo que pueda haberse hecho en beneficio de las mayorías, al fin y al cabo solamente se trataba (¿y trata?) de ponerles límites a injusticias estructurales originadas en un poder que queda muy lejos. La constatación es universal, además, porque está claro que la democracia se convirtió en una alternancia de fuerzas o partidos incapaces de afectar profundamente al gobierno del mundo financiero y de un puñado de megamillonarios cada vez más ricos. Para peor, es innegable que, salvo en la Bolivia de Evo, los modelos progresistas latinoamericanos despuntados a comienzos de siglo están en serio retroceso. Y el caso argentino es más grave, o uno de los más particulares junto con Brasil, porque había sido posible el mayor avance integrador desde el recupero democrático. Hoy se enseñorea una derecha económicamente beneficiada por la herencia recibida desde un modelo que entre errores propios y apretadas ajenas no supo construir su propia sucesión. El verdadero poder, en consecuencia, no sólo conserva las riendas sino que gubernativamente puede administrarse a sí mismo mediante el respaldo popular. Se topa con resistencias que no le son amenaza potente. Está la discusión acerca de si el macrismo ya merece llamarse así, por haberse incluido como una corriente de pensamiento y acción consolidados; o si no será más que un estado popular de ánimo transitorio, cuyo soporte no es otro que el odio y los recelos contra el gobierno anterior. Si fuese lo segundo, de todas maneras restaría contraponerle una opción de alcance nacional que hoy no se ve. En el cortísimo plazo, que se llama 22 de octubre, nada parece afectar las chances firmes de que Cambiemos gane las elecciones, auspiciado por ese veranito económico que testimonian las impresiones circunstanciales y del que ya se habló en este espacio la semana pasada. Entre el efecto paritarias y algún rebote de consumo y producción que no se compara frente a 2015 ni muchísimo menos ante períodos previos, sino contra el planchazo del año pasado, las cuentas frívolas dan que algo habría empezado a recuperarse.

¿Acaso una mayoría votará pensando en los efectos inevitables del carnaval de endeudamiento, compendiado en la columna, ayer, aquí, de Alfredo Zaiat, bajo la pregunta en su título de cuándo explota? ¿Acaso el Gobierno no avisa sobre ese nuevo ajuste que viene después de octubre con la seguridad de quien siente que no le entran las balas? ¿Acaso las auténticas cifras no siguen estando ahí, al alcance de quien tenga disposición a verlas sin mayor esfuerzo y, sobre todo, en sectores de clase media que más tarde o más temprano volverán a ser un pato de la boda del que se manifestarán sorprendidos? Son los números y gestos oficiales, no una usina opositora, desde donde se desprenden tanto la actualidad como el panorama. Es el Indec el que acaba de explicar que la estrella del PBI, en el segundo trimestre de este año, son los bienes y servicios de consumo importado (automotores, productos farmacéuticos y la fiesta de gastos de turismo en el exterior), como si se trataran de un sector productivo adicional. Es también el Indec el que muestra que el empleo en negro subió desde el año pasado, más allá de que el dato le sirva para adjudicarle el problema a los costos laborales. Es el Ministerio de Trabajo el que reconoce que, entre los asalariados, desde la asunción de Macri se perdieron casi 75 mil puestos en rubros con remuneraciones superiores a la media, contra una creación de 40 mil puestos en ramas donde los salarios se ubican por debajo del promedio. Es el Estado el que dejó de hacer propaganda del programa de Precios Cuidados y varios bienes, que habían salido de la lista en 2015, ahora volvieron a ser incluidos pero con ajustes que en algunos casos llegan o superan el 100 por ciento.

Nada nuevo bajo el sol, “la gente” –esa categoría de urgencia mediática donde se concentra el humor que los medios esparcen a la vez que construyen– interviene con una memoria no mucho más larga que fijarse en su propia sombra. No toda la gente, desde ya, y es imprescindible remarcarlo por la tanta otra que reacciona movilizándose, a través de variados disparadores, en condiciones muy desfavorables de correlación de fuerzas. Pero cuantitativamente es más vigorosa aquella a la que el Gobierno le anuncia, casi a diario, el pronóstico post-electoral: pasos hacia una reforma de la legislación laboral con, créase o no, los mismos versos de flexibilización modernizadora que alumbraron en los 90; y otra previsional con, créase o no, los mismos versos de eficientizar el régimen jubilatorio con mecanismos de sistema privado, salvo la diferencia comunicacional de que por ahora no se animan a hablar de AFJP. Comenzar a hablar de esto último ya sería demasiado, pero que no se pierdan las esperanzas.

Después de todo, tampoco debería poder creerse que, como resume un texto circulante por las redes, Gendarmería no sabe qué pasó transcurridos casi dos meses del operativo propio tras el que desapareció Santiago Maldonado, pero sí sabe lo que pasó en el departamento de Nisman hace ya casi tres años.