Aunque ya en 1995 Menem obtuvo la ratificación en las urnas y por una amplia mayoría de políticas de corte neoliberal, la estrecha victoria de Macri en el balotaje del 2015 aportó una novedad: la derecha llegaba al poder tras una campaña electoral donde a través de lo que se dio en llamar “campaña del miedo” se pusieron en debate esas políticas; y los que hoy son gobierno negaron que las fueran a aplicar, porque leyeron que no había consenso social para hacerlo.

Sin embargo, una vez ganada la elección y con una transición sin crisis institucional ni económica, está claro que la victoria fue interpretada por Macri como un cheque en blanco, para avanzar a toda velocidad en imponer determinadas decisiones. Pasó con los tarifazos y con la designación de dos jueces de la Corte por decreto -por citar dos ejemplos emblemáticos- hasta que se topaba con inconvenientes y resistencias, y recalculaba.

Con el tiempo fueron aprendiendo las bondades del gradualismo: mantener dosis adecuadas de populismo, diferir la profundidad del ajuste en el tiempo y disimularla con endeudamiento, hasta llegar a las elecciones del domingo pasado, como meta cuidadosamente planificada.

Y no porque valga el argumento del “engaño” del que se habló en esta campaña para leer el resultado del balotaje: todo el tiempo decían –de un modo directo o indirecto- que estaban barriendo cosas bajo la alfombra, para encararlas de inmediato el día después de las elecciones (como las reformas laboral, previsional y fiscal), y allí radica el problema: los números del domingo revelan que ese hoja de ruta tiene consenso social, al menos en una parte importante de la población.

Es decir que no hay otra interpretación posible sobre la lectura que hará el gobierno sobre los resultados del domingo: si no los considera un cheque en blanco, se le parece bastante.

Con los resultados del domingo “Cambiemos” ha mejorado sus números en el Congreso, pero han demostrado que no vacilarán en apelar a los DNU cuando lo crean necesario; y si ahora parecen proponer (ahora sí) una suerte de Moncloa criolla que antes Macri rechazaba, no es para flexibilizar el ajuste y las reformas, sino para ensanchar sus bases de apoyo político, ante las previsibles reacciones en contra.

Por otro lado hay que hacer un punteo de los temas que el gobierno intentará poner en agenda, para ver en cuáles necesitan realmente del Congreso: no lo precisan para los tarifazos, ni para pisar el gasto público y hacer el ajuste en los hechos; e incluso podrían especular con seguir manejándose con el presupuesto de este año, si no fuera por las autorizaciones para contraer nuevo endeudamiento que están contenidas en el proyecto de presupuesto para el año que viene. Otras cuestiones (como la prórroga de algunos impuestos o los pactos fiscales con las provincias) están condicionados por el imperativo de la necesidad de los gobernadores: darán su apoyo a las reformas de acuerdo  lo que obtengan a cambio.

Habrá que ver hasta cuándo los empresarios aceptan la versión en dosis homeopáticas de la reforma laboral que propone el gobierno para sortear un debate incómodo en el Congreso: los que tengan una contraparte sindical dura que dificulte avanzar en cambios flexibilizadores por convenios sectoriales, seguramente presionarán por una ley o varias leyes que vayan en contra de los institutos troncales del orden público laboral, como la ultra-actividad de los convenios colectivos, o la prevalencia de éstos sobre los acuerdos de empresa o individuales.

Eso en cuanto a la decisión del gobierno de avanzar en la profundización de su programa económico y social, porque de lo que no hay dudas es que irá in crescendo el autoritarismo político, y la estigmatización de los opositores que no “se adapten” al nuevo estado de cosas: el pedido de desafuero para detener a De Vido, acaso el de Cristina para impedirle asumir su banca, la tolerancia cero con la protesta social, el amplio respaldo político a los extravíos autocráticos de Gerardo Morales y una fuerte presión para archivar definitivamente el caso Maldonado son apenas los ejemplos más sonados al respecto.

Al impresionante poder que acumulaba al llegar al gobierno (el del Estado, el del poder económico, el del partido judicial y las agencias de seguridad estatales, el de los medios hegemónicos), Macri le sumó el domingo el del respaldo de buena parte del electorado a sus políticas, conocidas éstas y evaluados sus efectos; y no tengamos duda que lo usará, sin remilgos ni culpas, porque la derecha nunca duda de que la victoria efectivamente concede derechos.

De modo que “gobernabilidad” le sobra y no necesita “dadores voluntarios” que la refuercen, ni en la política ni en el sindicalismo; y la primera minoría de los argentinos votó por el gobierno y por su programa, lo sepa o no.

Lo que nos coloca a nosotros con las manos libres para ser desde el domingo más opositores que antes, y no menos, y dar todas las peleas que haya que dar (como la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos y las garantías constitucionales y libertades públicas, o por los derechos laborales y el piso de protección social) más allá del respaldo social que tenga cada cuestión, y de si sirve o no para acumular a futuro en términos electorales.

Sería un grave error adoptar la escala de valores y la agenda del oficialismo, determinando lo que vale la pena defender y lo que no, qué banderas arriar y cuáles seguir sosteniendo. La discusión en todo caso debe partir desde allí para llegar a lo instrumental: el marco de alianzas opositoras, el modo de resolución de las disputas y apetencias personales y sectoriales, los esquemas de liderazgo y toma de decisiones de una eventual coalición opositora amplia, que las circunstancias demandan.

Porque de lo que se trata es de conseguir más y mejor oposición, no oficialismo de repuesto.

Fuente: Nestornautas.blog