Néstor Busso, ex presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), destacó que la venta del grupo Indalo “es un paso más en el proceso de concentración de medios, particularmente de control de los grandes medios por parte del poder económico, en este caso agravado por el hecho de que quien va a controlar o dirigir los medios de comunicación de esa empresa es una persona ligada al grupo Clarín  y al grupo Socma, es decir a las empresas de Macri”.

“Es preocupante, reduce la diversidad y la pluralidad de voces”, destacó Busso y agregó que “no es posible la democracia si no hay pluralidad de voces, si no hay diversidad, si no hay diversas fuentes de información”.

Y el problema que advierte es que “los medios públicos están manejados por el gobierno y a este gobierno evidentemente no le interesa la pluralidad y la diversidad”, mientras que el sistema privado de medios, por la “lógica del capitalismo”, provoca “una concentración en la propiedad de esos medios”.

El fondo inversor OP Investments, radicado en los Estados Unidos y representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio, adquirió el 100% de las acciones del grupo Indalo el 20 de octubre último.

El financista Ignacio Jorge Rosner, quien tiene un pasado vinculado a Socma, Clarín y Papel Prensa estará a cargo del grupo de medios que comprende C5N, Radio 10, y las FM Mega, Vale y Pop.

“Resulta que ahora un grupo inversor extranjero viene y no tiene ninguna limitación por parte de la autoridad para hacerse de un medio de comunicación, cuando la ley de servicios de comunicación audiovisual establecía un límite de participación extranjera de un 30%”, describió Busso sobre las consecuencias de la suspensión de la vigencia de la llamada ley de medios por parte del gobierno de Macri y agregó que “esta compra-venta anunciada estaría violando la ley”.

En cuanto al papel del Estado como administrador de las licencias, Busso explicó que “la ley establecía que las licencias no se pueden comprar y vender”, y destacó como una de sus funciones la de otorgar las licencias que “son de todos, son propiedad común”.

“El Estado las debe administrar asegurando diversidad y pluralidad de voces, y garantizando la expresión de los diversos sectores de la Nación”, aseguró, aunque advirtió que “aquí el poder económico compra, vende, fusiona empresas y justamente lo que hace es generar que todos los medios y especialmente los de alcance nacional sean controlados por el poder económico y representen los mismos intereses”.

Por estos motivos, “gran parte de la población no puede ejercer ese derecho a la comunicación porque tiene restringida su capacidad de expresión, esto claramente atenta contra la libertad de expresión”.

Sobre la distribución de la pauta oficial, que el gobierno destina a los medios de comunicación, y que es una importante fuente de ingresos para su subsistencia, Busso dijo que “es evidente que la publicidad oficial está asignada a los amigos y fundamentalmente en Buenos Aires”.

“No hay una distribución federal de la pauta y no hay una distribución plural, los medios populares comunitarios, entidades sin fines de lucro, no están recibiendo absolutamente nada de publicidad del Estado; se ha concentrado en los diez principales grupos que controlan la comunicación en la Argentina”, indicó.

Remarcó la importancia de los medios comunitarios, “populares, de organizaciones sociales, porque su línea editorial no está mediada por el poder económico o por el poder político, entonces estos medios no se transfieren, no se compran ni se venden y son la expresión de diversos sectores de la sociedad”.