por Roberto Caballero –

El “gobierno de ricos para ricos”, tampoco era una exageración. Lo que surge de ambos bocetos es que el sujeto a tutelar, a proteger por el Estado de acá en más, serán las empresas, a las que en los considerandos se presenta como la parte más débil en la relación entre capital y trabajo. En el nuevo paradigma oficial, toda la legislación protectiva de los derechos del trabajador, amasada en décadas de luchas políticas, sociales y gremiales, no sería otra cosa que una suerte de atentado cotidiano, un abuso o un exceso contra la libertad del empleador.

Nadie llegó tan lejos. Es como una ley peronista, pero al revés. Ya desde el punto b) del artículo 1 su objetivo se hace explícito: “Promover la liberación de las fuerzas de la producción y el trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”. Bajo la falsa pátina de una norma destinada a combatir el trabajo no registrado, se oculta no sólo la flexibilización más formidable del mercado laboral desde el retorno de la democracia, sino un indulto a los promotores del empleo en negro y un ataque directo a Ley de Contrato de Trabajo y a todos los Convenios Colectivos de Trabajo.

Es una obviedad la reacción de los abogados laboralistas. No pueden convalidar la norma, porque la norma desconoce un principio básico de la jurisprudencia: la relación entre capital y trabajo no es una relación entre iguales. El derecho laboral tutela a la parte más débil, que es el trabajador, del abuso patronal. Si el proyecto prospera, ocurrirá lo inverso: la ley blindará a las patronales ante cualquier reclamo, porque cualquier reclamo partirá de la sospecha de ser un agravio injustificado. La indemnización se la pagará el trabajador mismo, la tercerización será moneda corriente, el “banco de horas” viene a romper con las 8 horas históricas y dejarán de ser considerados parte del salario todos los adicionales.

Por eso, se entiende que los abogados pongan en el grito en el cielo. Se entiende menos, sin embargo, la cautelosa reacción de la CGT ante un programa que viene a desmantelar el modelo sindical argentino, tal y como está concebido de 70 años a esta parte. De mínima, cuando se hizo público el proyecto, podrían haber declarado un estado de “alerta y movilización”. Pero no, lo cual demuestra que el gobierno tiene mucho más claro los intereses que defiende que los propios sindicalistas rumiantes de un plan de lucha jamás implementado. Sus mesas de diálogo con el gobierno fueron una fatal distracción. Una imperdonable pérdida de tiempo. Producto de una caracterización entre benévola y complaciente de la nueva etapa política abierta con la llegada del macrismo a la Casa Rosada.

Los machos cabríos que hacían paros por el Impuesto a las Ganancias hace dos años parecen haber perdido la voz. Hoy son apenas un coro susurrante y acobardado, que buscó refugio en confederales maniatados para no ser blanco de una lluvia de atriles y, mientras tanto, cedió posiciones hasta llegar a esta realidad de precipicio. Su jugada le saldrá cara a todo el movimiento obrero organizado. El Macri dialoguista que se inventaron no existe. No es la reencarnación de Carlos Menem. No necesita de mediaciones comprensivas, sabe lo que quiere y lo toma. Y, sobre todo, conoce sus puntos débiles. Una amenaza de intervención judicial, una campaña mediática demonizadora, una plata de obra social por goteo, una inspección de la AFIP, una detención espectacular, acá no hay palo y zanahoria. Es palo. Sólo palo.

Los trabajadores pasivos, a los que la CGT también debería representar, son las otras grandes víctimas de este plan de reformas. El gobierno se prepara para cambiar el índice de actualización de haberes. Del actual, que permitía una gradual recuperación del poder adquisitivo podado por las políticas neoliberales de los ’90, a otro atado a la inflación oficial. El deterioro en un año, según calculan los expertos previsionales, rondaría entre el cinco y el diez por ciento. Lo concreto es que, con el recorte en sueldos de jubilados y pensionados, el gobierno pretender ahorrarse 100 mil millones de pesos. Según Carlos Pagni, esta plata sería “la piedra angular” de toda la arquitectura de tijeretazos que se propone el Ejecutivo.

Repite Pagni, desde La Nación, lo que bajan como línea en la Casa Rosada: “La fórmula elegida por el kirchnerismo en octubre de 2008 para ajustar esos ingresos es el producto de una mente afiebrada. Combina aumentos de una parte de la recaudación de la Anses en iguales semestres de dos años consecutivos con ajustes salariales de semestres consecutivos (…) Con este método, entre 2009 y 2017, las jubilaciones crecieron un 16,7% más que los salarios y un 36% más que los recursos de la Anses. En un proceso de reducción inflacionaria esa receta es insostenible. Aumenta las jubilaciones según mejoras salariales antiguas, de cuando había más inflación. No preserva el poder adquisitivo, sino que lo incrementa todo el tiempo”. ¿Vaya problema, no? Quién diría que el mejor homenaje a la política previsional del kirchnerismo lo haría, nada más y nada menos, que Pagni. En fin.

El descaro del oficialismo tras el aval en votos recibido el 22 de octubre va en ascenso. Los proyectos en danza apuntan al corazón de un sistema laboral y de seguridad social que permitió durante bastante tiempo, con sus más y con sus menos, que el hijo del tornero aspirara a una carrera universitaria como horizonte posible. Una fábrica intermitente de clases medias. Todo eso está puesto en riesgo. El modelo macrista pretende una involución donde los salarios sean de supervivencia, las jubilaciones un castigo y la sociedad desigual sea inamovible, como sucede en otros países de la región. Es ahora o nunca, dijo el presidente.

Un verdadero paraíso para los dueños del poder y del dinero.

Un infierno para todos los demás.