por María Beatriz Gentile –

Theodore Roosevelt -presidente de los Estados Unidos entre 1901y1909- creía en el realismo político y en que la estructura internacional estaba determinada por relaciones de fuerza y no por normas del derecho. Su máxima era no tomar iniciativas que no pudiesen ser respaldadas por relaciones de fuerza. A esa particular forma de gestión del conflicto se la llamó la ‘política del garrote’.

En la Argentina de hoy pareciera que algunos se han convertido en sus seguidores. Hasta aquí la respuesta que ha encontrado la protesta social ha sido el uso de la fuerza por parte del Estado. Muy lejos del diálogo declamado en campaña y aún durante los escuetos discursos presidenciales, el gobierno nacional se ha mostrado incapaz de administrar el conflicto con otro instrumento que no sea el uso de su potencial represivo.

Transcurridos casi dos años de gobierno asistimos al encarcelamiento arbitrario de la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy y al desconocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado sobre el caso; a la desaparición de Santiago Maldonado durante 80 días para luego hallarlo ahogado en el área donde la Gendarmería reprimió una protesta social; al asesinato de Rafael Nahuel ocurrido durante un desalojo en Lago Mascardi producido por el grupo Albatros de Prefectura y por el que aún no se encuentran responsables; a la represión de los trabajadores en conflicto de Cresta Roja y Pepsico y acciones intimidatorias –con armado de causas judiciales en algunos casos- a ciudadanos que se movilizaron a Plaza de Mayo en reclamo por muchos de estos atropellos.

La naturalización de la violencia estatal como mecanismo de control social se ha apoderado de la escena política argentina. Algo que creíamos haber dejado atrás, en los últimos meses ha recrudecido no sólo de la mano de fuerzas federales sino también por parte de las policías provinciales.

Funcionarios y responsables de la gestión de gobierno han sido los primeros en bajarle el precio a las garantías constitucionales y en liberar la mano de quien porta el garrote. No hace mucho la ministra de Seguridad de la Nación, el alusión a la represión desatada en la provincia de Río Negro afirmó “el juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”. Con esta confesión la contradicción entre el Estado de derecho y el Estado de policía se agrava aún más.

La intervención del Poder Judicial dentro de un sistema constitucional opera como límite al ejercicio del poder punitivo y por ende se encuentra en contradicción con éste. Es decir, la tendencia a que todos se sometan por igual a la ley Estado de derecho) siempre pugna o pelea con la tendencia de los que mandan a que todos se sometan a su voluntad (Estado de policía). Todo poder punitivo encierra una cuota de irracionalidad e ilegitimidad, los poderes judiciales son los que deben mantener estas características relativamente acotadas en los regímenes constitucionales.

El paradigma ‘por la razón o por la fuerza’ que se está imponiendo corre rápidamente por todo el territorio nacional. Así las policías provinciales han vuelto a ocuparse más de la represión al conflicto social que de la persecución del delito. Los últimos días en la provincia de Neuquén lo han puesto de manifiesto no solo en la escalada de gases y balas de goma contra los trabajadores de la salud pública en los sucesos ocurridos en el hospital Castro Rendón sino también en el desalojo de la maderera MAM ocurrido en la madrugada del viernes pasado.

Si cualquier iniciativa que los gobiernos –nacionales y/o provinciales- tomen en última instancia estará respaldada antes que por normas del derecho por la fuerza, estamos en problemas. Porque cuando la fuerza del Estado de derecho se debilita, las pulsiones del Estado de policía lo perforan y lo hacen estallar. Estamos advertidos.

Fuente: Va Con Firma