Pocas veces se vivió un clima de semejante escándalo en la Cámara de Diputados. Hubo insultos, acusaciones cruzadas, gritos y gestos de violencia. Eso no impidió que el oficialismo se saliera con la suya y, con el apoyo de un sector del peronismo, lograra aprobar ayer el dictamen de mayoría sobre la reforma previsional. Anoche, el interbloque Cambiemos no descartaba apurar el debate en el recinto y convocar a sesión para mañana mismo.

La reforma previsional -que ya cuenta con media sanción del Senado- consiguió la firma de 40 de los 80 integrantes de ambas comisiones. De ellos, cuatro pertenecen al interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores del PJ. En efecto, suscribieron el dictamen los diputados José Orellana, Jorge Franco, Paulo Cassinerio y Martín Llaryora y Juan Mosqueda, que responden a los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Hugo Passalaqua (Misiones), Juan Schiaretti (Córdoba) y Domingo Peppo (Chaco). También firmó el proyecto la diputada Norma Abdala de Matarazzo, fiel al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

En cambio, rechazaron el dictamen los kirchneristas del bloque Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador y el bloque que lidera Martín Lousteau, Evolución.

Con el apoyo de un sector del peronismo, ¿alcanzarán los votos para aprobar la iniciativa en el recinto? Esta era la incógnita que desvelaba anoche a los lugartenientes de Cambiemos en la Cámara baja. “No confío en el peronismo. Los gobernadores suscribieron el Consenso Fiscal con el Poder Ejecutivo, pero a la hora de asegurar los votos en la sesión, se hacen los distraídos. Varios de sus diputados, los de Salta, Entre Ríos, San Juan, ni aparecieron por la comisión”, admitía anoche, visiblemente inquieto, un encumbrado diputado del oficialismo.

Cuanta más polémica genere la reforma, más difícil será su aprobación en el recinto, admitían. “Todavía no tenemos garantizada la mayoría. El problema es que cuanto más tiempo pase, más difícil será conseguirla. Ya se lo advertimos al Gobierno”, expresaba, preocupado, otro integrante del interbloque oficialista. Esta incertidumbre impedía anoche al oficialismo fijar una fecha de sesión.

Los disturbios que se desataron ayer durante el debate de comisión encendieron luces de alarma en el oficialismo. Comenzaron no bien arrancó el debate, que presidía Eduardo Amadeo (Cambiemos). Agrupaciones de jubilados y dirigentes sindicales encabezados por Roberto Baradel (docentes) y Sergio Palazzo (bancarios) coparon desde temprano la sala y, con insultos y abucheos hacia el oficialismo, intentaron en vano que el debate se frustrara (ver aparte). Mientras tanto, los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, intentaron vanamente hacer una defensa del proyecto.

El eje de la polémica es el cambio de fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. En lugar del ajuste semestral, sobre la base 50% de la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte). Y en lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%.

Ante las críticas, el Gobierno enfatizó que en 2018 los aumentos de jubilaciones estarán alrededor de un 5% por encima de la inflación. Con este argumento, cerró filas dentro del interbloque Cambiemos con el apoyo explícito de Elisa Carrió. Sin embargo, para aprobar la ley el oficialismo necesita del apoyo del peronismo, ese respaldo aún no está garantizado.

Fuente: La Nacion

Foto: Fabián Marelli (LN)