Las reacciones frente al indulto otorgado por PPK al exmandatario Alberto Fujimori no se han hecho esperar. Desde la tarde del 24 de diciembre, decenas de manifestantes salieron a las calles para expresar su desacuerdo con la decisión del presidente.

Las protestas duraron hasta la noche del último lunes, cuando un gran grupo de manifestantes se congregó en la Plaza San Martín y a las afueras de la Clínica Centenario en Pueblo Libre para mostrarse en contra del indulto humanitario de Alberto Fujimori.

El colectivo ‘Keiko No Va’ volvió a convocar a la ciudadanía para continuar protestando en las calles. Es así que se programó una nueva marcha para este jueves 28 de diciembre desde las cinco de la tarde.

‘Marcha Nacional Fujimori Nunca Más’, es el título con el que se nombró a la protesta, la misma que tendrá como escenario nuevamente la Plaza San Martín en el Centro de Lima. A pesar de ello, se espera que tenga acogida a nivel nacional.

Cabe indicar que el pasado domingo 24 de diciembre, a vísperas de la Nochebuena, el presidente PPK le otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. El exmandatario cumplía condena por delitos de lesa humanidad en la Diroes.

En un reciente mensaje publicado a través de sus redes sociales, Alberto Fujimori expresó su perdón para con el pueblo peruano. ‘Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón’, dijo desde la clínica Centenario.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó el indulto que Pedro Pablo Kuczynski concedió a Alberto Fujimori. A través de un comunicado, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado da la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) apuntó que Fujimori fue condenado a “25 años de prisión por graves violaciones de derechos humanos”.

Amerigo Incalcaterra, representante de la ACNUDH observó que es “obligación del Estado investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad”.

También recordó que en su visita a Perú, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU Zeid Ra’ad Al Hussein recalcó que “por su gravedad, los crímenes de Fujimori son del interés de la comunidad internacional”, y que esta debe estar involucrada.

Criticó, además, la falta de empatía hacia las víctimas, “quienes luego de varias décadas aún sufren las consecuencias de estos hechos”.

“No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación”, expresó.

Mientras tanto, se multiplican las renuncias de funcionarios al gobierno, expresando su rechazo a la medida presidencial.

Roger Rodríguez Santander, quien fuera director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) desde agosto del 2016, envió su carta de renuncia al titular de esa cartera, Enrique Mendoza, horas después de conocerse el indulto y gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori.

Entre sus motivos, Rodríguez señala que “así como existen razones jurídicas y éticas para sustentar que ninguna persona debe morir en un establecimiento penitenciario, existen también para sostener con certeza que el ex presidente Alberto Fujimori no calificaba para la concesión de un indulto”.

En esa misma línea, Daniel Sánchez Velásquez, hoy ex secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, renunció debido a que, a su juicio, hay “una incompatibilidad esencial entre, por una parte, promocionar una política pública de reparaciones a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo, y de otra, dejar libre a través de un procedimiento cuestionado a quien respondió con delitos terribles que contribuyeron al sufrimiento de la sociedad peruana”.

Sánchez cuestiona también que no ha percibido por parte del Minjus “la misma celeridad e impulso para la tramitación de este indulto, con la atención de las reparaciones a las víctimas civiles, policiales y militares que tantos años vienen esperando”, pese a todas las gestiones realizadas desde su cargo.

Asimismo, Víctor Quinteros Marquina, director de Registro e Investigación Forense renunció a su puesto en el Minjus argumentando que, “en forma y fondo, no se han cumplido” las condiciones para brindar un indulto a favor del ex mandatario.

“Este acto que considero arbitrario y sin sustento válido, aprobado y difundido sin ningún miramiento y respeto por las víctimas y familiares agraviados a causa de los delitos por los que fue condenado el ex presidente Fujimori , hace que mi permanencia en el cargo resulte incompatible”, manifestó Quinteros.

Por otro lado, a través de un oficio dirigido a la primera ministra, Mercedes Aráoz, Juan Carlos Cortés anunció su renuncia al cargo de presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Para Cortés, el indulto a Alberto Fujimori “y todos los hechos anteriores y posteriores vinculados quiebran no solo las bases del Estado de derecho, sino principalmente esos principios que estamos obligados como funcionarios públicos a promover y defender”.

A esta lista, se le puede sumar también la renuncia de tres congresistas a la bancada de Peruanos por el Kambio, por este tema. Ellos son Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos y Gino Costa.

Fuente: Agencia Nodal