por Carlos Marcel-

la última semana del año que ha concluido, los trabajadores y trabajadoras de 14 centros de salud, tres Centros de Día de la zona sanitaria metropolitana, de los Hospitales Heller, Plottier, Centenario, Castro Rendon, El Chañar y talleristas precarizadas de Salud Pública, denunciaron la aplicación efectiva de la CUS en Neuquén “en un contexto de ajuste y represión y de ataque masivo a los trabajadores por parte del gobierno provincial”.

Soledad Apaz, Emilia Nimis, Carolina Ibalos y María Pía Borgero, entre otras, reconocieron que “hay problemas en el primer nivel de atención, por la falta concreta de medicamentos, de anticonceptivos, de recursos básicos cotidianos y de profesionales”.

Las trabajadoras denunciaron que “la CUS se viene aplicando con folletería, está todo dispuesto en el centro de salud, viene la medicación con las nuevas etiquetas y se están capacitando a los niveles superiores de la subsecretaría de salud”.

Una de ellas especificó que “ya hay medicación, un ibuprofeno que venía del plan Remediar ya viene hoy con la etiqueta CUS. La provincia compra algunas medicaciones de emergencia, las que más se usan, pero siguen siendo insuficientes. Si alguien llega con alguna urgencia especial hay que llamar al depósito y esperar y reprogramar la cita con el paciente, para saber si se cuenta o no con el medicamento”.

“Faltan pediatras, psiquiatras, tenemos fuertes deseos de laburar -sostuvieron-, pero vamos lidiando con las carencias de todos los días en las salitas, que es lo que los vecinos tienen a mano” para atenderse.

Las trabajadoras especificaron que “la salud incluye todas las condiciones materiales y emocionales de su vida. Por eso los vecinos y las vecinas concurren a nosotros con múltiples demandas, que se agudizan por las desigualdades en nuestra provincia”.

Pero ahora, “algunos rubros empiezan a ser críticos en el sistema, como la atención pediátrica. El paciente tiene derecho a ser atendido lo más cerca de su domicilio, que es la definición de la atención primaria. Recibir la mejor y primera atención cerca de su casa. Eso ya casi no es posible”, se lamentaron.

El decreto del presidente Mauricio Macri crea una Unidad Ejecutora (UE) para la Cobertura Universal de Salud. Este depende del Ministerio de Salud de la Nación (MSN), integrada por tres actores que representan a la cartera sanitaria nacional, la Superintendencia de Seguros de Salud y la Confederación General del Trabajo (CGT). También determina el uso del Fondo Solidario de Redistribución (FSRD) originado en la Administración de Programas Especiales (APE) y reclamado por la CGT desde el año 2002. Dicho fondo (FSD) se calcula en alrededor de 30.000 millones de pesos. El DNU destina para la CUS “la afectación, por única vez” de 8.000 millones de pesos y añade que “la Superintendencia de Servicios de Salud constituirá un fideicomiso de administración, cuyo fiduciario será el Banco de la Nación Argentina”. Destina, además, otros 4.500 millones de pesos también “por única vez” para un “Fondo de Emergencia y Asistencia de los agentes del seguro de salud”, y por el saldo remanente (más de 14.000 millones de pesos) indica luego la norma que “se deberán suscribir a valor de mercado ‘Bonos de la Nación Argentina en pesos 2020′”, que “permanecerán hasta su total amortización en custodia del Banco de la Nación Argentina”.

O sea que el Estado argentino destina, para todo el país y por única vez un capital inicial de 8.000 millones de pesos para la UE de la CUS. No aclara los destinos de esos fondos, ni las formas de financiación de la CUS luego de usado ese dinero.

Sin embargo, la UE habilita a las Obras sociales y a la Superintendencia de Seguros de Salud a la gestión de servicios para la población de la CUS.  De modo que se podrán producir articulaciones entre estos actores privados y el Ministerio de Salud de la Nación como parte de una oferta de servicios donde las Obras Sociales serán parte interesada en este sistema, con millonarios dividendos.

Las profesionales neuquinas coincidieron en que la “medida que quiere implementar el gobierno nacional continuará recortando derechos y seguirá beneficiando la mercantilización de la salud a través de un sistema de aseguramiento”.

“La CUS es un seguro de salud destinado a personas “sin cobertura” a través de una canasta básica de servicios (prestaciones), que pueden ser realizadas a través del sector público o privado. Esta canasta básica excluye prácticas que hoy están cubiertas, por tanto, aquello que no está incluido en la canasta cada persona deberá cubrirlo con sus ingresos, perjudicando a los sectores empobrecidos económicamente y limitando derechos”, afirmaron.

“Esta política de vaciamiento del sistema de salud está ligada con el aumento de las derivaciones a costos altísimos al sistema de salud privado que, de esta manera, le permite cubrir sus costos laborales financiados por el Estado”, se quejaron.

“La CUS es incompatible con el derecho universal a la salud y es opuesta al Sistema público de Salud de la provincia, nuestro sistema se basa en la atención primaria y en la prevención, o sea, actúa antes que se produzca la patología para evitarla. La CUS actúa exactamente al revés, te garantiza un mínimo de medicamentos una vez que estás enfermo”, concluyeron.

Salud Mental

Gabriel es paciente del servicio de salud mental y se atiende en uno de los 3 centros de día que posee la capital provincial. Acompañó a las trabajadoras en su denuncia y se solidarizó con “los talleristas” a quienes “no les pagan, a veces hasta por cuatro meses”.

“No tenemos un lugar propio, estamos en las comisiones vecinales, en el que yo voy se hacen las entrevistas en la cocina o en el patio. Estas últimas semanas, por ejemplo, todo ha sido más difícil por las movilizaciones y los paros, y eso dificulta nuestro tratamiento. En los centros de día tenemos convivencia y tenemos la contención de contar lo que nos va pasando y actuar en el acto. Ahora nos pasan cosas y no tenemos con quien charlarlo”, comentó.

El crudo diagnóstico de Gabriel está explicitado en la denuncia de las profesionales, que expresan el “incumplimiento de la ley de salud mental”.

Denunciaron que, a “la falta de espacio físico acorde para el funcionamiento de los Centros de Día, falta de insumos, de recurso humano”, debe agregarse que “no cuentan con financiamiento para las actividades del dispositivo de atención de salud mental. En 36 meses sólo se recibieron 9 de los aportes mensuales para desarrollar las actividades”.

Actualmente el Centro de Día Este se encuentra cerrado por no disponer de un lugar físico, tras haber dejado de funcionar en las instalaciones de la comisión vecinal del barrio Villa Florencia, ya que ninguno de los efectores cuenta con un lugar propio por lo que funcionan en comisiones vecinales del área de influencia con las que se establecieron convenios de uso.

Fuente y foto: Va Con Firma