A la Intendente Municipal
Sra. Brunilda Rebolledo
c. c. : Ministerio de Desarrollo Social
c. c. : Ministerio de Ciudadanía
c. c. : Consejo Provincial de Educación
c. c. : Secretaría de Desarrollo Social

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Usted en nuestro carácter de representantes de diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, consejos asesores municipales, para hacerle llegar a través del vehículo de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, nuestra alarma por lo que entendemos es una pérdida recurrente y progresiva de espacios para las infancias y adolescencias, tanto en el plano material como institucional.
A la par se revela una pérdida de sustentabilidad de las ONGs dedicadas a la atención de estas problemáticas, como imprescindibles y virtuosos complementos de las responsabilidades indelegables del Estado.
Así, la Red(H)onda; Mesa Política de Participación Infantil (MePPI), Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia (COCONAF); Red de Infancias; Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente –Cuarta Circunscripción Judicial-; y la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, hemos venido recogiendo coincidentes diagnósticos como expresión de necesidades, que aquí resumimos con el urgente reclamo de una toma de decisiones orientada a revertir tan inquietante cuadro, para luego abordar en este mismo escrito la situación de los operadores sociales.

Desde luego, no desconocemos las limitaciones de recursos públicos, pero también advertimos que la referencia a tal situación no puede convertirse en una suerte de letanía, que termine por naturalizar el retiro del estado, cuando no su completa ausencia. Y en ello englobamos tanto al Municipio como a la Provincia en sus respectivas potestades y en aquellas obligaciones que les sean concurrentes.

En ese mismo sentido, decimos que no es esta una enumeración de pasiva queja, sino que constituyen observaciones con sentido proactivo, que al tiempo de listar las carencias apuntan a fortalecer el trabajo conjunto. Es una demanda, sí, pero también es un renovado compromiso de seguir trabajando, a poco que los gobiernos asuman las acciones pendientes…

Cuadro de Necesidades

1. Necesidad de más efectiva y representativa participación del DEM en los espacios de articulación (Meppi – Coconaf – Red (H)onda). Referentes de esos ámbitos advierten sobre la importancia de un mayor compromiso y valoración real de la articulación de los organismos públicos con poder decisorio. No alcanza con que un funcionario esté presente en una reunión de trabajo de estos ámbitos, si luego las decisiones asumidas son aletargadas o simplemente incumplidas.
2. Necesidad de priorizar las gestiones para la finalización de obras del Gimnasio de Chacra 2. También, que prime principalmente en el caso del Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Cordones del Chapelco, un sentido comunitario de uso y administración.
3. Necesidad de aporte y apoyo de gestión del Proyecto ASER.
4. Necesidad de dotar de infraestructura y recursos al COCONAF para su funcionamiento pleno, conforme lo manda la Ordenanza 4947/03, artículo 3 Inciso 3.
5. Necesidad de apoyo para la continuidad del Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla).
6. Necesidad de recuperación del Programa “3er. Tiempo”. El cual en 2016 fue sustituido por “Con partido”, que modificó la propuesta y estructura del original, ya que se centraba en una actividad predominantemente
deportiva a partir de un torneo de fútbol. 3er. Tiempo contemplaba instancias de participación y encuentro entre chicos de distintas escuelas con espacios como programas de TV, campamentos, caminatas, matinés.
Estos espacios facilitaban el conocimiento previo del otro, frente al advenimiento del cambio a la vida escolar secundaria, favoreciendo ese pasaje. Promovía también el buen trato entre los chicos y el establecimiento de referentes positivos frente a posibles conflictos futuros.
7. Necesidad de revisar el Convenio con el Gobierno Provincial para la aplicación de la Ley 2302. Las quejas son recurrentes en materia de disposición de recursos, lo que entendemos genera la necesidad de revisar los alcances presupuestarios del vínculo. Pero, a la par, las instituciones firmantes perciben la necesidad de considerar el
fortalecimiento de equipos y de la situación y condiciones del recurso humano, siempre con la mirada puesta en la función de defensa de los derechos que surge de la aplicación de la ley 2302.
8. Necesidad de incrementar la planta y fortalecer el Equipo de Asesoramiento, Orientación de Instituciones Educativas dependiente del CPE.

Como se ha dicho, el listado precedente no se agota en sí mismo, y antes bien es revelador de una destacable masa crítica de operadores sociales y profesionales sobreexigidos en las instituciones públicas y en las organizaciones civiles, con escasa respuesta de aquellos responsables del poder de decisión sobre la asignación de recursos. Y son estos mismos operadores los que permanentemente llaman la atención sobre la falta de espacios físicos y simbólicos adecuados, que propicien el encuentro, el juego, la palabra. El desarrollo personal y de una comunidad, los requiere.

Luego, ya más específicamente, hay un conjunto disperso de operadores y organizaciones, que no forman parte de las
instituciones oficiales pero suplen las carencias de éstas con involucramiento, vocación de servicio y capacidad profesional. Sin embargo, hace tiempo que la continuidad de su labor se ve amenazada por el progresivo abandono de las políticas públicas que les reconocen sus esfuerzos; abandono que se consuma en una retracción de los recursos que pueden apoyar esas tareas, y que no siempre deben contarse necesariamente en presupuestos. En ocasiones,
alcanza con la disposición de espacios…

Es así como los sectores sociales más desprotegidos son doblemente vulnerables, pues al repliegue de las políticas
públicas se suma la caída de las organizaciones que trabajan en la sociedad civil, producto del estrangulamiento de recursos.

Tampoco escapa a este análisis que los gobiernos como expresiones políticas y administrativas del Estado, cualquiera fuere su jurisdicción, no están obligados –salvo en los casos en que la ley así lo prevea o haya convenios en vigencia- a asumir el respaldo de los sectores de la sociedad civil que actúan en las distintas problemáticas sociales.

Empero, hay sobradas muestras en nuestra propia comunidad del valor de estos operadores no gubernamentales, muchas veces siendo ellos los únicos que actúan de modo permanente y regular sobre el abordaje y seguimiento de determinadas problemáticas. Menguarles el apoyo, por la circunstancia coyuntural que fuere, es quitarles a los destinatarios de tanto esfuerzo un haz en esa luz de esperanza que el propio estado debe fomentar y proveer.

Los programas o acciones son perfectibles, susceptibles de revisión, de modificación, pero no merecen languidecer en el virtual abandono al que se somete a estas organizaciones.

El trabajo en red es un camino provechosamente probado cuando resulta de políticas públicas. El reconocimiento y fortalecimiento de las instituciones, de los programas, de los actores que lo llevan adelante, resulta una condición necesaria para tensar esa red.

Ese rol articulador es función indelegable de un Estado presente. Resulta contradictorio y cuestionable que las administraciones políticas descansen parte de sus obligaciones en aquellos que ejecutan la labor desde organizaciones no gubernamentales, y al mismo tiempo les den a éstas la espalda cuando sus recursos escasean.

Si los Estados valoran realmente la participación social, se debe pasar del verbo a la acción. Poner en valor las redes existentes es no frustrar su tarea, la misma que luego se elogia en discursos y actos…
Ofrecemos toda colaboración para llevar adelante tan encomiable proceso de cambio.