por Adrián Murano-

“Fue un error, pero no creemos que deba costarle el puesto”, justificó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Se refería a la situación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, protagonista de un escándalo con tres componentes:

1) Insultó y maltrató a una empleada, Sandra Heredia,

2) quien, según denunció, trabajó al menos tres años en negro para el ministro y su familia.

3) Y que, cuando reclamó un aumento salarial, fue nombrada por el funcionario como interventora regional del SOMU, un gremio que el gobierno intervino con el pretexto de “transparentar”.

El jefe de Gabinete calificó como “un error” lo del SOMU, pero calló sobre el resto. Para el oficialismo, es evidente, no constituye una falta grave maltratar y mantener empleados en negro.

La impunidad de Triaca es una muestra brutal de eso, pero no la única. Hace una semana, en medio de sus vacaciones extra large, el presidente firmó un decreto ómnibus que, entre otras cosas, reduce las sanciones para las empresas que posean trabajadores en negro. Hasta el mega DNU, las firmas que incurrían en esa práctica debían pagar una multa y permanecer un año en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Suerte de “veraz laboral”, la permanencia en ese listado limitaba el acceso de las empresas a créditos y otros beneficios. El mega DNU redujo esa permanencia a 30 días.

El empleo en negro es un flagelo añejo que afecta a un tercio de los trabajadores. El sector agropecuario está al tope de esa práctica: se estima que el 60% de los trabajadores rurales son empleados en negro.

En noviembre Macri nombró como ministro de Agroindustria al entonces titular de la Sociedad Rural: Luis Etchevehere. Administrador de campos familiares heredados, en 2014 fue denunciado por mantener empleados en condiciones de esclavitud. “Ellos trabajaban en el campo de mi hermano en situación de indigencia”, admitió Dolores, quien sostiene un largo litigio con su hermano ministro. “Ante esa denuncia –agregó–, Luis los llevó a declarar frente a un escribano y les dio 10 mil pesos para que se callen”.

En diciembre, el gobierno nombró a Abel Guerrieri al frente del Renatre, el organismo que debería controlar las condiciones del empleo campero. Ex vicepresidente 2° de la Sociedad Rural, en 2008 Guerrieri –representando a la SRA en la Comisión de Trabajo Agrario– votó en contra de respetar la jornada de ocho horas para los peones rurales. Perdió la votación, pero el macrismo le dio revancha: ahora tiene la chance de llevar a cabo el viejo anhelo patronal de explotación y mano de obra low cost.

Al presidente y su Gabinete, integrado casi en totalidad por terratenientes y productores agropecuarios, les gusta esto.

Fuente: Tiempo Argentino