por Miguel Croceri-

Los hechos de la política no ocurren en un vacío -así como ninguno en la vida-, sino dentro de un contexto. El clima social de la Argentina de hoy incluye a una parte considerable de la población que es propensa a la creencia y práctica de valores ideológicos de derecha. Entendiendo por “derecha” -al solo efecto de clarificar el sentido de esta nota, y sin que ello implique una afirmación de carácter riguroso y menos todavía un enunciado con bases científicas- al perfil ideológico que tiende a preservar y reproducir un esquema de dominación social donde el poder y la riqueza esté siempre en los mismos sectores.

Dicho esquema busca perpetuar el dominio de clases sociales y de bloques de poder que están integrados, entre otros, por corporaciones económicas, mediáticas y judiciales, más las camarillas políticas que los representan, y que gobiernan por encima de los intereses de las clases sociales más oprimidas e incluso de las capas medias.

Dada esa propensión hacia la derecha ideológica en buena parte del cuerpo social y electoral del país -una predisposición social generalmente inconsciente, naturalizada, convertida en sentido común-, es muy útil para los intereses del régimen político gobernante embestir contra sindicalistas y sindicatos. Como se suele decir en lenguaje coloquial, es una estrategia que “garpa” bien: tiene resultados eficaces para quienes la promueven, debido a la supuesta legitimidad moral que la sustenta.

Los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal lo saben de sobra. Acostumbrados desde la prehistoria del Pro a no dar ni un solo paso sin antes calcular sus posibles consecuencias con estudios de marketing político, conocen detalladamente que una parte importante de la población no quiere saber nada con sindicatos ni con sindicalistas. Por lo tanto, atacar allí es tener asegurado de antemano el apoyo de amplios sectores de “la tribuna”, especialmente de la que aloja a clases medias y altas de la sociedad, pero frecuentemente también a aquellas de las clases bajas.

Por esa propensión de amplios sectores a creencias de derecha, a -casi- nadie se le ocurre reclamar “que vayan presos” por “corruptos” ninguno de los banqueros, empresarios, jueces, fiscales, obispos, militares, jefes policiales o de espionaje, periodistas ricos y famosos, figuras de la farándula, dueños de medios de comunicación, o abogados y economistas más influyentes y poderosos.

Nadie tiene nada que decir contra ellos. Pareciera que en esos ámbitos la “corrupción” no existe. Pareciera que allí no existen las estafas, las coimas, la violación de leyes laborales, los extorsiones y amenazas contra empleadas/os, el acoso sexual, la evasión de impuestos, las empresas fantasma en guaridas fiscales, la fuga de capitales, el lavado de dinero generado clandestinamente, las relaciones con la trata de personas o el narcotráfico, los abusos de autoridad, o cualquier otro tipo de crímenes y demás delitos que son habituales en estructuras de poder situadas adentro o afuera de las instituciones del Estado.

Según el imaginario social inficionado por valores conservadores -de derecha-, los “malos” y los “corruptos” son siempre políticos o sindicalistas. Precisamente los dos roles que, al menos en una sociedad capitalista, simbolizan la organización y actuación para disputar poder por parte de aquellos sectores de la población que no tienen “de facto” un peso específico para dominar, influir, mandar o imponer su voluntad, y que solo pueden defender sus derechos y sus intereses si se organizan y acumulan fuerza colectivamente.

En el capitalismo mandan los dueños del capital y las corporaciones articuladas a su alrededor para sostener ese sistema institucionalizado de dominación sobre el conjunto social. El resto de las personas solo pueden ejercer ciertas cuotas de poder si existen organizaciones como los partidos políticos o los sindicatos. A pesar de los defectos, corrupciones y miserias morales que albergan frecuentemente, ambos son irremplazables.

Aclaración: no son las únicas formas organizativas posibles para representar a mayorías sociales desprovistas de poder fáctico -de hecho- en la vida colectiva, sino que en la sociedad civil existen infinitas expresiones asociativas de similar importancia para las luchas populares y democráticas.

De todos modos, a los sindicalistas y a los sindicatos no se los persigue y ataca por sus defectos, sino por su importancia en las disputas de poder en la sociedad. Son la representación institucional de los intereses de la clase social que vive de entregar -”vender”, dicen los textos clásicos- su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Cuando los sindicatos no existen o están debilitados, aumenta al poder de las patronales y la desprotección e indefensión del trabajador o trabajadora.

Corruptos y honestos

El ataque contra el sindicalismo que están perpetrando Macri en todo el país y Vidal en la provincia de Buenos Aires, se realiza desde varios flancos y con una perfecta articulación. A nivel propagandístico, es muy potente el encarcelamiento de dirigentes como Omar “Caballo” Suárez (titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU), Juan Pablo “Pata” Medina (de la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Uocra) y Marcelo Balcedo (del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Soeme, gremio que tiene peso fundamentalmente en el ámbito estatal bonaerense).

En casos como esos, los jueces y fiscales del régimen gobernante llevan a cabo una tarea sencilla: seleccionar sindicalistas que carezcan de respaldo político e investigarlos por delitos de diverso tipo. Cuando los delitos existieron y el sistema judicial quiere, las pruebas son fáciles de conseguir y puede cumplirse eficazmente el servicio de justicia que debiera prestar siempre uno de los poderes del Estado.

Pero la clave de esa operación política, con efecto favorable a la legitimación del oflicialismo nacional y provincial, es no seleccionar nunca a nadie que sea aliado del gobierno. Así ocurrió con uno de los gremialistas ultra-antikirchneristas y el más firme respaldo sindical de Macri: Gerónimo “Momo” Venegas. El millonario jefe de los siempre pobres trabajadores rurales, murió el año pasado sin que nunca fuera investigado por nada.

Tampoco la persecución de la mal llamada “Justicia” alcanza nunca a dirigentes de la fracción dominante de la CGT, comúnmente denominados “los Gordos”, parte fundamental del sindicalismo cómplice que le ha garantizado “gobernabilidad” al macrismo.

En cambio, los gobiernos nacional y bonaerense arremeten contra organizaciones y líderes sindicales que se interponen en sus planes. Los episodios recientes de esa estrategia fueron la eliminación de facto de la paritaria nacional docente -una vez más, aboliciones de leyes de la Nación mediante decretos presidenciales-, y la maniobra de Vidal para que las/los maestras/os y profesoras/es se desafilien del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).

En este último caso, la ofensiva política incluye violencia en grado de intimidación contra el secretario general del gremio, Roberto Baradel, quien igual que un año atrás, en estos días volvió a sufrir amenazas de muerte contra él y su familia, por vía telefónica o de correo electrónico. A pesar de las posibilidades que la tecnología ofrece hoy para rastrear comunicaciones de cualquier tipo, esas agresiones emocionales y psicológicas no fueron esclarecidas ni por los ministerios de Seguridad de Nación o provincia, ni por el Poder Judicial.

Como agravante, en el discurso anual ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2017, Macri se permitió expresar socarronamente -y luego sonreír, mientras era aplaudido- la frase más burlona e impune que haya pronunciado un presidente de la Nación al menos desde el fin de la última dictadura: “No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”.

Por otro lado, una variante excepcional de embestida contra el sindicalismo que se opone a los planes de la derecha es el que tiene como blanco a Víctor Santa María (secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, Suterh, y también de su federación nacional, Fateryh). Es “excepcional” debido a que se lo ataca por una razón que no existe en ningún otro caso: se trata de la importancia que ese dirigente y su gremio le han dado a la disputa política e ideológica en el campo de los medios de comunicación, la educación y la cultura.

Ocurre que por el impulso de Santa María y por decisión de las organizaciones gremiales que él conduce, hoy pueden sostenerse en actividad el diario “Página 12” y la Radio AM 750 -entre otros medios de comunicación gráficos, radiales y digitales-, desde los cuales se resiste el absolutismo del discurso único de la derecha y se ejerce un periodismo crítico al régimen gobernante y al bloque de poder que representa.

De igual modo, ese liderazgo sindical permite financiar el funcionamiento de instituciones de estudio, formación y debate como la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el Instituto Superior Octubre (ISO) y el Centro Cultural “Caras y Caretas”, entre otros espacios que integran un extraordinario dispositivo de capacitación profesional, producción y difusión del conocimiento, y generación de creación artística e intelectual.

Razones de fondo

Para los plantes de la derecha, los ataques al sindicalismo cumplen una idéntica función política en todos los casos, ya sea que elijan como enemigos a dirigentes corrompidos, o a otros que trabajan honestamente más allá de cualquier crítica que merezcan o legítimas discrepancias que se puedan plantear contra su actuación gremial y/o política. Los objetivos son los mismos cuando los blancos a los que se apunta son presuntos delincuentes como Suárez, Medina o Balcedo, o líderes sindicales como Baradel o Santa María.

Todas las situaciones combinan el efecto marketinero de explotar el prejuicio antisindical que predomina en una parte considerable de la sociedad, y por esa vía afianzar la fortaleza política de Macri y de Vidal con vistas a su reelección el año que viene. (Prácticamente dentro de un año y medio: en agosto de 2019 se realizarán las elecciones primarias, si el Gobierno no las deroga, y en octubre las elecciones generales).

Sin embargo, la razón de fondo que explica el ataque de la derecha contra los gremios es su necesidad histórica de desgastar la organización de los/las trabajadores/as para seguir avanzando con su propósito de abaratar los salarios. Cuanto menor sea el aumento de sueldos frente a una inflación incontrolable, mayores serán las ganancias del capital.

Debilitar la lucha popular es condición necesaria para imponer un modelo de sociedad con más injusticia social y menos libertades democráticas. Ese modelo incluye, además, ejecutar toda la violencia estatal -encarcelamiento de luchadores/as sociales y dirigentes opositores, represión de las protestas, amenazas e intimidaciones, invento de acusaciones judiciales, etc.- que el régimen considere apropiada para que sus objetivos puedan cumplirse.

Fuente: Diario Contexto