Según publicó el periodista Sebastián Lacunza en Página/12, además de la relación política con el gobierno de Cambiemos, la consultora Consuasor hace lobbying para empresas privadas, representando los intereses de particulares ante el Estado. Entre los servicios que ofrece la empresa, se encuentra la estrategia comunicacional y el análisis de “riesgo políticos-regulatorio”.

Este accionar por parte de la titular del organismo que debe combatir la corrupción entra en una contradicción. El artículo 13 de la ley de Etica Pública determina que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado”.

Los fundadores de Consuasor son tres jóvenes que estudiaron en la Universidad Católica, entre los que se encuentra Juan Gentile, quien falleció el 25 de septiembre pasado, a los 34 años. Fue jefe de prensa del PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del Pro entre 2012 y 2015 y Subsecretario de Comunicación Pública. Un hombre muy cercano a Federico Pinedo, cuya parte de prensa es manejada por la propia consultora.

Sosa Liprandi también forma parte de la consultora. Fue gerente de Comunicaciones del PAMI entre 2012 y 2015. El tercer socio fundador es Alejando Giúdice, ex jefe de Relaciones Institucionales de Walmart.

La gestión de Laura Alonso generó una ola de críticas desde el comienzo, cuando tuvieron que cambiar las condiciones para ingresar dado que ella no tenía el título de abogada para acceder al cargo. Además, la funcionaria hace oídos sordos a causas que salipcan al presidente Mauricio Macri y sus allegados, como fue el caso de los Panamá Papers.