por Carlos A. Villalba*-

Para Tony Soprano, el tema más importante de cada uno de sus días siempre fue su “vida laboral”,  las  relaciones con sus sicarios y hombres de confianza, el seguimiento obsesivo de los negocios de su zona de influencia: extorsión, prostitución, juego, gestión de residuos, construcción… Ese era su “trabajo habitual”, 100% delictivo, ya sea de modo directo o través del blanqueo de dinero.

En segundo nivel aparecía su vida familiar. La serie de gánsteres contemporáneos más exitosa de los últimos tiempos lo mostraba yendo de las relaciones con su mujer a las que tenía con sus hijos. Las primeras temporadas incluyeron el trato con una madre tiránica, encargada de pudrirle la vida. En su casa era como cualquier ciudadano acaudalado, aunque acomplejado en el vecindario por su itálico origen de clase, paseándose en camiseta y zapatillas.

Historias de una ficción con mucho rating.

Es el sistema

La corrupción -la del corruptor tanto como la del corrompido- es algo intolerable, cualquiera fuese su forma o el supuesto destino de los beneficios obtenidos de ella.

La compacta red de medios privados oficialistas lleva dos años mostrando imágenes provistas por la justicia, no menos partidaria, de ex funcionarios ilegalmente disfrazados con  chalecos antibalas y cascos de utilería, de fajos de dólares termosellados cuyo origen se desconoce y hasta se sospecha que tienen que ver con Odebrecht y con Iecsa, la empresa encubierta de la familia presidencial. Detrás de ese zafarrancho que no dejó respirar -ni pensar- al electorado argentino de agosto y octubre de 2017, los gerentes/ministros escondieron los trapos sucios de su modelo que, en cortísimo plazo, condujo a más pobreza, indigencia, desocupación y aumento de las enfermedades y la desnutrición infantil.

El actual relato dominante intenta presentar a la política como una “práctica corrupta” cuando, en realidad, es una herramienta de transformación de la realidad, de las pocas que tienen las mayorías empobrecidas para lograr mayores niveles de redistribución de ingresos, rentas y, a veces, hasta de capital.

Es falso enlodar el escenario para intentar demostrar que “todos” son corruptos, los coimeados y quienes coimean, los que contrabandean, evaden impuestos y, ahora, administran el Estado en beneficio de los grupos económicos que representan. Una cosa son las conductas de las personas y otra, muy diferente, las características de un sistema económico basado en apropiaciones e injusticias.

José Massoni, quien fuera juez y titular de la Oficina Anticorrupción que hoy desacredita la militante del Pro macrista Laura Alonso, afirma que el capitalismo es un “sistema de crecimiento económico, con base inmoral desde que se asienta en la apropiación individual de trabajo social” y remarca que su desarrollo “ha pulverizado todas las normas éticas, morales y legales”. Esa es la gran corrupción, “el crecimiento inimaginable de las desigualdades (el 1% de los más ricos es dueño del 82% de la riqueza mundial en 2017), con miles de millones de seres miserables, desocupados y pobres y fortunas inconcebibles en poder de un cienmillonésimo del total de adultos en el planeta”.

Esas prácticas conllevan la “superexplotación humana, inconmensurables ejércitos de desocupados, extractivismo suicida de bienes naturales, tráfico de drogas a gran escala, comercio de armas, monopolios privados sobre bienes comunes o de servicios de demanda inelástica, producción de dinero mediante sólo dinero, su lavado impune, llegando al final a las guaridas fiscales”. (1)

Las designaciones, reformas administrativas y medidas económicas y sociales, internas e internacionales del actual gobierno argentino apuntan, a juicio del experto, a “instalar el modelo imperial de máxima inmoralidad e injusticia global”. Remarca que es el mismo contra el que apunta el papa Francisco en su encíclica Laudatio Si´, en la que afirma que “la corrupción ordinaria, sólo es un subproducto” de ese formato económico que constituye su “eficaz motor”. El macrismo manda las cámaras de su sistema mixto y dominante de comunicación sobre esos “hechos de corrupción comunes, que los hubo, hay y habrá”, como consecuencia de aquella forma de acumulación y marginación.

Prontuarios

Lejos de la ficción de Los Soprano, al llegar a la presidencia de la Nación en diciembre de 2015, Mauricio Macri tenía un prontuario no igualado por ningún mandatario precedente: más de 200 denuncias judiciales y procesamientos firmes. Hasta ese momento no eran públicos los Panama Papers que, desde hacía meses, anidaban en silencio en la secretaría de redacción de uno de los principales diarios nacionales; cuidadoso de la campaña electoral del ingeniero hijo de Franco y obsesionado con encontrar cuentas internacionales que comprometieran a Cristina Kirchner, el matutino aceptó pasivo el protocolo indicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y decidió no informar a sus lectores que uno de los candidatos presidenciales estaba involucrado en la red de ocultamiento y lavado de dinero más fabulosa denunciada hasta ese momento. Cuando, al fin, lo publicó, Macri ya estaba en funciones como presidente de la Argentina. (2)

Dos años después, archivos y listas demostrativas de la opacidad de las riquezas del mandatario, su familia y los gerentes a los que convirtió en sus ministros fueron superados, no solo por nuevos “destapes” offshore sino, también, por el recuento de los negocios que se hacen a diario entre empresas privadas y funcionarios que representan a empresas privadas, con la Sociedad Macri (Socma) en el pelotón de punta de esas acciones, con el apoyo del Estado que administra su titular. Bajo cada baldosa de la “gestión” presidencial aparecen socios, testaferros, cuñados, esposas y esposas, del “mejor equipo” que tuvo la Argentina, desde los miles de millones de dólares fugados, hasta alguna empleada privada pagada con fondos públicos o los dispenser de bolsitas para levantar desperdicios caninos en  los barrios paquetes de la Ciudad de Buenos Aires. Todo se transforma en negocio.

Por eso, hasta la funcionaria en punto muerto, Laura Alonso, se vio obligada a abrir expedientes de más de 50 de los más importantes funcionarios del Ejecutivo, todas ellas con el rótulo “Incompatibilidad”, porque aparecían con intereses (accionarios) en las mismas empresas que debían regular o con las que debían negociar compras, servicios, precios, intereses.

Muchas de las irregularidades o presuntos delitos llegaron hasta la justicia, donde cerca del 50% de las denuncias fueron desestimadas en trámites exprés por jueces o fiscales como Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Claudio Bonadío o Germán Moldes. Sin embargo, por encima de la punibilidad de los hechos –es decir, a pesar de que los magistrados decidan no seguir investigando cuentas de centenares de millones de dólares provenientes de maniobras oscuras o delincuenciales como el contrabando ocultas fuera del país y que el presidente diga que son cuestiones de su “vida privada”-, es  importante recorrer a vuelo de pájaro una lista parcial de hechos en que los “actos de gobierno” chocan contra el interés del conjunto y benefician a las empresas de los funcionarios o asociados a ellos.

Impresiona ver que, en prácticamente cada acción oficial, por la que se compran o venden bienes y servicios, aparezcan sociedades, empresas, bancos, cuentas, fondos, en las que trabajaron quienes toman las decisiones o sean propiedad de amigos, familiares o de ellos mismos. Probablemente no es legal, evidentemente no es ético.

Cartografía

La planilla de elaboración propia que se inserta no constituye una denuncia, muchos de los incluidos en la misma hasta fueron sobreseídos en causas originadas en esos hechos o ni siquiera llegaron a los estrados. Se trata simplemente del intento de fotografiar el tipo de acciones que el gobierno de Mauricio Macri realiza todos los días.

Los medios lo amparan, Comodoro Pro trabaja a su servicio, algunos “opositores” lo acompañaron durante los dos primeros años; sin embargo, lo central es la estructura en que se apoyan esas rutinas, que no condena el saqueo, favorece las negociaciones (incompatibles con la función pública) entre el empresario o gerente que gobierna y las empresas a las que responden o de las que son accionistas declarados o encubiertos.

 

Blanqueadores

Hubo dos temas que impactaron en una sociedad que parece anestesiada ante los aumentos sin límites de los bienes y servicios de consumo básico. Por un lado el “escándalo del Correo” provocado por el intento presidencial de perdonarse el pago de $70.000 millones que sus empresas deben al Estado, casi lo mismo que acaban de escamotearle a jubilados y pensionados para adornar a la gobernadora María Eugenia Vidal.

La otra maniobra de fuerte impacto negativo para el gobierno fue el forzamiento por decreto de lo acordado en el Congreso sobre los límites del “blanqueo de capitales” sin repatriación de los mismos, a pesar de haber sido impuesto por Cambiemos y sus aliados legislativos. Mayor fue el rechazo cuando trascendieron los primeros apellidos de los beneficiarios de la puerta que abrió la Casa Rosada. A la cabeza de todos, el propio hermano del presidente, Gianfranco Macri, con $622 millones.

La maniobra permitió sincerarse, en su mayoría de manera parcial, a 475.000 contribuyentes, que dijeron haber mantenido ocultos fuera del país u$s 116.800 millones. Solo el 20% de esos activos reingresaron al país.

La única filtración de esos datos que reviste seriedad hasta el momento es la del periodista Horacio Verbitsky, que comenzó a usar su cuentagotas informativo en la edición del 27 de agosto de 2017 de Página 12, bajo la ironía del título “Gianfrancamente hablando”, en la que adelantó que “Macrì, Peña Braun, Caputo y Mindlin blanquean”. Poco después el columnista se retiró por propia decisión de la redacción del matutino, afirmando que prefería alivianar la presión sobre el diario a partir de la  amenaza directa lanzada en su contra por el mandatario, que se vio desnudo a raíz de los datos que atravesaron una grieta en el cordón de seguridad financiera de su burocracia.

En sus charlas sin grabadores Macri dice que hay “562” argentinos “que frenan el cambio en el país” y que “si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto…”. Verbitsky, a sabiendas de que forma parte de esos “elegidos” presidenciales, encontró en la amenaza satelital el nombre de su nuevo emprendimiento comunicacional: El cohete a la luna. Desde allí, tiró algunos otros nombres, con la misma, lenta cadencia, desde “El agujero negro del blanqueo”, publicado el 10 de diciembre pasado.

Lo que trascendió hasta ahora es que Gianfranco blanqueó $622 millones, “cinco veces más de lo que declaró a la AFIP su hermano mayor”, lo que por regla de tres simple hizo presumir al autor de “Robo para la Corona” que el presidente debe tener mucho más y “sigue escondiendo una parte significativa de su fortuna, o que parte del dinero que declaró Gianfranco no es de verdad suyo”. Tampoco se privaron de colar en la oferta blanqueadora la madre y dos hermanas de la primera dama Juliana Awada.

Gobierno de excepción

Dato más, dato menos, esas son las piezas del rompecabezas de la Argentina de las Corporaciones, que generan una democracia sucia institucionalmente, muy floja de papeles.

Macri desembarcó en la Rosada, hace solo dos años, con una aplanadora legal. República, Constitución, leyes, principio de inocencia, diálogo, transparencia, fueron conceptos, sobre todo prácticas, destruidos uno a uno, a partir de su decisión de gobernar de facto. En su primer día de gestión decretó cambios que alteraban la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual y la propia existencia de la Autoridad Federal que los regulaba, con un uso del derecho digno del dictador Juan Carlos Onganía, que intervino la Universidad de Buenos Aires a palazos durante la “Noche de los bastones largos”.

Más controvertido aún fue el decreto que nombró a dos integrantes de la Corte Suprema, usando herramientas que habilitan al Ejecutivo a “comisionar” empleados públicos, pero no a designar a los máximos exponentes de la Justicia nacional. En ese momento tuvo que recular, pospuso la jura pero mantuvo la “comisión” de Horacio Rosatti y de uno de los abogados del Grupo Clarín, Carlos Daniel Rosenkrantz, un “procedimiento de terror” según un antikirchnerista furioso como el abogado Daniel Sabsay.

La herramienta no dejó de usarse, hasta llegar la aberración ómnibus y anticonstitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 de 192 artículos que deroga 19 leyes y modifica 140 normas puenteando al Congreso de la Nación que, técnicamente, se encuentra en sesiones extraordinarias. El mismo salteo que justificaba el entonces flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, al afirmar que “No tenemos Congreso” y abrir las compuertas a los decretos destructores de los avances del gobierno anterior

El decretazo del verano, que las centrales obreras, los movimientos sociales y los legisladores opositores esperan derogar en el recinto que manda la Constitución, habla de todo,  desde cuatriciclos hasta obras de arte, marcas, seguros…, pero el veneno que lleva adentro es el de la afectación de los derechos de los trabajadores. El costo político que implicó quitarles $100.000 millones a jubilados y pensionados a la fuerza, hizo que los estrategas de remera amarilla decidiesen evitar el Congreso.

Se profundiza entonces la reformulación de la doctrina del “Gobierno de excepción” instaurada a partir del 6 de septiembre de 1930, cuando el General José Félix Uriburu inauguró la era de los golpes de Estado en la Argentina. A diferencia de aquel uniformado, Macri resultó triunfador de una elección sujeta a derecho; sin embargo, ordena el ejercicio de su gestión como si fuese un gobierno que tomó el Estado por asalto.

Es decir, una administración con legitimidad de origen, en dos años, se convirtió en un “gobierno de excepción”, utilizando cláusulas vetustas y llevando al extremo facultades discrecionales y excepcionales del Poder Ejecutivo, previstas para tiempos de emergencia y con el objetivo de obviar la división de poderes, es decir, para obrar por fuera del principio republicano de gobierno.

Aunque el de Macri no es un gobierno de facto por su legitimidad de origen, sí gobierna de facto, porque pisotea las normas preexistentes, sin respeto por la división de poderes, establecida por la forma republicana de gobierno en la Ley de Leyes. El propósito último de este festival del decreto es garantizar, ya no solo el derecho de propiedad, sino el proceso violento de transferencia económica desde los sectores populares hacia el capital concentrado especulativo, financiero y agropecuario. Para que algunos tengan tanto, son muchos a quienes sus empleados deben hambrear.

Cuando se aniquila de facto a la República, el gobierno acomoda el Poder Judicial a conveniencia y elimina la actuación del Parlamento, valiéndose de la artimaña del periodo de receso, la urgencia y la emergencia. Una serie de variables que lo alejan el formato constitucional y lo llevan a límites cercanos a regímenes que merecen el peor de los conceptos.

La República, sobre todo parte de sus instituciones, ya está en terapia intensiva. Si el Ejecutivo no corrige a tiempo su accionar, dependerá de las restantes instituciones que la definen, como el Congreso, Poder Judicial, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, rescatarla del atropello de los gerentes.

 

Notas

1) José Massoni: Cambiemos: la corrupción insuperable. https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293612-2016-03-02.html

2) Carlos A. Villalba y Vanina Pasik: Confusión y corrupción, la rima del poder. ttps://vamosavolver.com.ar/2016/04/10/confusion-y-corrupcion-la-rima-del-poder/

3) Horacio Verbitsky: El agujero negro del blanqueo https://www.elcohetealaluna.com/shorthand_story/el-agujero-negro-del-blanqueo-el-cohete-a-la-luna-por-horacio-verbitsky-2/

(*) Periodista y Psicólogo argentino; Investigador Asociado del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: Va Con Firma
Imagen: Tony Soprano por Laurence Adamson