La Justicia, que defiende los derechos de este niño, ha demandado a través de una orden judicial al Ministro de Salud de Neuquén, Ricardo Corradi Diez, aplicando una multa económica por cada día sin resolución del tema, para que busque una institución adecuada a su situación y  llevarlo allí.

Sin embargo pasan los meses y el adolescente sigue viviendo en el hospital de la ciudad, a causa de no contar con los recursos económicos suficientes por parte del Estado para garantizar un real equipo de acompañamiento oportuno y saludable para el niño, contemplando la gravedad del caso.

 

De hecho, la única respuesta al juez fue para pedir que se retire la sanción económica por cada día que el funcionario no cumple con lo intimado (astreintes), pero no para dar respuesta a este joven que ve así doblemente vulnerados sus derechos.

A lo largo de su corta vida este adolescente sanmartinense ya ha atravesado esta situación, llegando a estar meses viviendo en el nosocomio local, lugar no apto para su sano crecimiento y desarrollo. Su situación familiar es muy compleja y la falta de respuestas claras y eficientes del Estado ha profundizado la gravedad de su situación.

El Estado provincial, que debe velar por la aplicación de la Ley 2302 que tiene que ver con el cuidado y desarrollo de la niñez y adolescencia no invierte los recursos necesarios para su aplicación, por lo que Desarrollo Social de la ciudad tampoco puede dar las respuestas necesarias. A nivel nacional, PAMI, obra social que debería cubrir a este adolescente no paga los servicios ni asume sus responsabilidades.

El Estado no puede dar respuesta de manera sostenida y las instituciones locales que han trabajado con el joven no han podido dar respuesta de manera articulada para su bienestar, por lo que han considerado necesario trasladarlo a alguna institución que pueda atender sus necesidades y acompañar su desarrollo, hoy en día y cada vez en una situación más crítica y de emergencia.

Sin embargo, tras la orden judicial y la intimación al Ministro, las respuestas siguen sin aparecer y las preguntas se hacen necesarias:  ¿Quién mira al pibe, quién lo cuida? ¿Cuánto se invierte en prevención en infancias y adolescencias? ¿Se invierte más en prevención o en castigos? ¿Se va a esperar a que cometa un delito grave para institucionalizarlo? ¿La Ley 2302 de cuidado y protección, de buscar igualdad de oportunidades en el desarrollo de los niños y niñas, de cumplimiento de derechos, es un papel nada más?

Toda esta situación fue tema de la última reunión del Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia de San Martín de los Andes que, preocupado fuertemente, elevará las notas necesarias para acompañar a la Justicia y velar por el cuidado de este adolescente de nuestra ciudad, promoviendo una resolución urgente a esta crítica situación.

Fuente: Observatorio de la Infancia y Adolescencia de SMA