En la nota, motivan esta intervención “en virtud de las numerosas quejas de contribuyentes ante la reciente modificación de las escalas y alícuotas aplicables.” Con la finalidad de aportar ideas orientadoras y contribuir al debate, la Defensoría plantea algunas recomendaciones en defensa de los derechos de los contribuyentes. Recorremos las principales:

 

Sobre la burocracia estatal:

“(…) al ligarse la base imponible a la valuación fiscal, potencialmente se ocultan eventuales ineficiencias de una administración dada, cualquiera sea ésta, al transferirle al contribuyente el costo de la organización sin preocuparse necesariamente por las falencias que la afectan, y por tanto sin hacer evidente el esfuerzo propio por corregirlas. Entonces, un trámite relativamente “fácil” es el de aumentar las alícuotas sin trabajar sobre los costos ocultos de funcionamiento.

No se discuten aquí, por caso, las múltiples funciones sociales que deben cumplir los municipios, y que les demandan fuerte inversión y afectación de recursos. Por el contrario, esta Defensoría las alienta. La crítica hace pie en la relación entre el servicio que se presta, su costo real y la percepción crítica que el contribuyente tiene de tales actividades, todo sin perjuicio de mencionar los gastos en general crecientes de los aparatos administrativos y políticos, sobre los que no tiene control el contribuyente, y que luego se trasladan a la presión fiscal.”

 

Sobre la inequidad patrimonial:

“(…) la fijación de las tasas basada exclusivamente en la valuación fiscal subsume otras injusticias, muy patentes en San Martín de los Andes, como es el caso de pobladores de antigua data, propietarios de inmuebles que hoy son de gran valor de mercado pero cuyos ingresos personales no son significativos o no guardan relación con la propiedad que detentan.

 

Sobre la imprevisibilidad:

“(…) el arbitrio de haber creado una nueva escala y alícuotas sin aviso alguno al contribuyente, cambia las reglas de juego, esto es las previsiones que pudieran haberse hecho vecinos y vecinas sobre la composición de sus gastos y obligaciones.

Entonces, estos cambios implican quebrar varios principios que no debieran descuidarse: previsibilidad, gradualidad, sostenimiento de reglas claras.

En alusión a la previsibilidad y gradualidad, por ejemplo, el contribuyente podría hacerse a la idea –no sin inquietud- de que habiendo una inflación oficial dada, las tasas que paga sufrirán correcciones proporcionales, pero en cambio le sorprende y con razón cuando esas correcciones superan en mucho tales estimaciones. El hecho de que el Estado, en este caso el municipio, no haya producido las actualizaciones antes, no es una responsabilidad del vecino, ni puede cargárselo sobre sus hombros de una sola vez.”

 

Por estas razones, la Defensoría requiere al Concejo Deliberante la revisión de la ordenanza, proponiendo alternativas a esta polémica normativa.

 

“ESCENARIO 1.

  • Desestimar la actual escala y reponer la vigencia de las anteriores alícuotas trasladando el último revalúo, hasta tanto se avance en un nuevo esquema, de ser éste necesario.

 

ESCENARIO 2

–     La escala de valuaciones vigente hasta 2017 estaba deprimida, en particular por la simple referencia a los valores inmobiliarios que son propios del tráfico comercial de San Martín de los Andes; pero la nueva escala en relación con las nuevas alícuotas parece haber procurado el efecto inverso de un solo golpe.

Por ello, a sabiendas de que debe simularse el esquema que sigue respecto de la cantidad de contribuyentes que corresponden a cada tramo de la escala para determinar su efecto real, se propone a modo de simple referencia iniciar la escala a partir de los 400.000 pesos de valuación fiscal, reduciendo la alícuota para los sectores que se pueden presumir como los más vulnerables, para luego aplicar un nuevo esquema incremental. Se repite, se trata de un esquema preliminar, pero revelador del espíritu que se propone, a saber:

Hasta 400.000 pesos, 1,30%

De 400.000,01 a 800.000, 1,40%

De 800.000,01 a 1.200.000, 1,60%

De 1.200.000,01 a 1.600.000, 1,80 %

De más de 1.600.000, 2,00%”

 

La Defensoría concluye solicitando al Concejo Deliberante que actúe de acuerdo a la Resolución 12 de 2107, donde se explicita que las cuestiones tarifarias de interés colectivo pueden y deberían ser sometidas a audiencia pública.