por María Beatriz Gentile* –

Hace ya tiempo Michel Foucault expuso magistralmente cómo un cierto saber nació de prácticas sociales de control y vigilancia.

En la sociedad disciplinaria que se constituyó a fines del siglo XVIII y principios del XIX, uno de sus fundamentos teóricos fue concebir al crimen -técnicamente la infracción- no ya como una falta moral o religiosa sino como ruptura del pacto de sociedad. Una transgresión a la ley establecida por el lado legislativo del poder político. De aquí en adelante: no hay delito ni pena sin ley previa.

Las leyes a partir de ahora debían representar lo que era útil para la sociedad y reprimir lo nocivo. Si el crimen era una perturbación para la sociedad y el criminal un enemigo de la misma, la ley debía permitir reparar esa perturbación y el poder político soberano debía exigir el cumplimiento de la misma. ¿Cómo determinar la responsabilidad del daño social? La indagación fue el método por excelencia de la práctica judicial y también una forma de producir cierta verdad. ¿Quien hizo, qué cosa y en qué momento? fueron las preguntas necesarias.

Hoy en la Argentina, las nuevas miradas en materia de seguridad que circulan colisionan con algo de todo esto. La ministra Patricia Bullrich ha declarado en relación a la actuación represiva de la Gendarmería en Chubut y de la Prefectura en Bariloche que “un juez necesita pruebas, nosotros no tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas”. En realidad no se trata de ‘probar’ sino de controlar que en el ejercicio monopólico de la fuerza que ejerce el Estado, ese accionar sea el adecuado a los principios constitucionales que el Ejecutivo Nacional debe respetar en primer lugar. De allí lo riesgoso que la funcionaria confiera criterio de ‘verdad’ a la versión de las propias fuerzas sin mediar indagación alguna.

El reciente caso del policía Luis Chocobar reeditó el problema. Este episodio donde el agente persiguió a un delincuente que escapaba y disparó nueve veces hasta que terminó con su vida, cobra una repercusión política más que importante. Conociendo el video, la prueba, de que el policía no actuó para evitar el delito porque éste ya había sido consumado, la ministra defendió su accionar y lo felicitó, su par en el ministerio de Justicia se limitó a decir que había un ‘cambio de mirada’ sobre el accionar de las fuerzas, el fiscal que debía resguardar el estado de derecho y el cumplimiento de las leyes cruzó la vereda y opinó en defensa del imputado y como corolario el presidente de la Nación lo recibió en la casa de gobierno y ponderó su actuación con un “estoy orgulloso de que haya un policía como vos”.

A pesar del abrazo presidencial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal terminó confirmando su procesamiento por ‘homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso en el cumplimiento de los deberes de funcionario público’. Los magistrados consideraron que los disparos se efectuaron sin que existiera agresión armada en su contra y que debería haber continuado la persecución o esperar los refuerzos. También se hicieron eco de las propias palabras del policía quien había manifestado que era su primer enfrentamiento, que había tenido miedo y que se le había nublado la visión ydeslizaron un cuestionamiento a la formación profesional del agente.

Si bien se mira el campo mediático y de opiniones fáciles a Luis Chocobar lo entronizaron como ‘héroe’ no por salvar la vida de alguien, sino por ejecutar un acto de venganza. Venganza que probablemente reclame una buena parte de la sociedad que piensa más en una Ley del Talión que en una justicia que proteja y resguarde el pacto de sociedad originario.

Y como este pareciera ser un billete ganador de elecciones, el juego probablemente continúe y arrogarse la titularidad de la venganza sea más eficaz en el corto plazo que promover una verdadera justicia.

(*) Historiadora, ex delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

 Fuente: Va Con Firma