“No somos como Donald Trump, tenemos una idea opuesta, Argentina es un país abierto”.

Gabriela Michetti, 30/01/2017

El gobernador de la provincia de Jujuy, el radical, integrante de Cambiemos, Gerardo Morales encendió la polémica al sostener que “se cobrará por todo tipo de prestación de mediana y alta complejidad a todos los extranjeros que se vengan a atender a la Argentina”. El gobernador, tomó la decisión luego de solicitarle al gobierno de Bolivia un acuerdo de reciprocidad para la gratuidad de la cobertura de salud, que fue desestimada.

El dirigente radical afirmó que “venían a hacerse tomografías computadas, instalación de marcapasos, y prácticas que pagamos nosotros a través de los impuestos”. Para “aclarar”, Morales explicó que la decisión es a raíz de que “muchos ciudadanos extranjeros han cruzado la frontera para realizarse estudios e intervenciones”. La provincia de Jujuy tiene frontera con Chile y Bolivia.

A raíz de las declaraciones que hacían referencia a “todos los extranjeros”, se fue con el paso del tiempo achicando el campo y se logró comprender (por si no había quedado claro), que cuando se decía “extranjeros” bien podría decirse “bolivianos”.

Luego, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, manifestó que “tenemos muchos ciudadanos extranjeros que son derivados desde su país de origen a los hospitales de Jujuy para que la provincia se haga cargo de tratamientos oncológicos, que son muy caros, demandan mucho dinero al Estado y no hay bolsillo que aguante”.

Bouhid sostuvo además, que “la situación no es justa”, y aclaró “por lo menos tenemos que tener la posibilidad de cobrar un seguro, para que no le saquemos al ciudadano jujeño parte del dinero que disponemos para su atención.”

Poniendo las cosas por su nombre, el objetivo del gobierno de Jujuy es evitar la concurrencia masiva de ciudadanos bolivianos a los hospitales públicos de la provincia. Identificando una problemática concreta, pero difícil de definir en términos humanitarios y correctos políticamente.

La incapacidad de puntualizar las cosas por parte del gobierno, hacen que lo que evidentemente resulta una problemática para Jujuy, pueda interpretarse como un acto xenófobo. Aunque nada asegura, que estando bien puntualizada, no lo sea.

La medida, por otro lado, se suma al endurecimiento de la política migratoria que Mauricio Macri a través del decreto 70/2017, firmó para expulsar con más facilidad a los extranjeros que delincan o que tengan procesos penales (aún sin condenas firmes) y evitar que entren en el país quienes tengan antecedentes penales.

Nacionalización

Marcos Peña respaldó el proyecto del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para discutir la firma de convenios de reciprocidad con países vecinos y pidió que se debata en el Congreso la atención médica a extranjeros, logrando así nacionalizar una nueva temática, luego del impacto de la interrupción voluntaria del embarazo.

En sintonía, y casi inmediatamente a las declaraciones de Peña, diputados de Cambiemos presentaron un proyecto de ley para cobrarle a los extranjeros no residentes no solo por atenciones y tratamientos en materia de salud, sino además por educación, encendiendo nuevamente una polémica ya abandonada sobre el costo de “mantener a extranjeros” en las universidades nacionales.

Quizá, los ajustes y cierres de escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, encuentren una buena justificación allí, de la misma forma que Gerardo Morales lo hizo en materia de las problemáticas de salud en su provincia.

El diputado Luis Petri, redactó un proyecto de ley en el que sostiene que los “inmigrantes que revistan la condición de “residentes temporales”, “residentes transitorios” y “residentes precarios”, gozarán del acceso a los servicios y bienes públicos de manera gratuita a condición de reciprocidad”. Es decir, siempre y cuando en sus países exista acceso gratuito a los servicios y bienes públicos que se utilicen en la Argentina.

Entonces afirma que “de no registrarse reciprocidad, el Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos para solventar el costo por la prestación de los servicios al país de origen. Cuando no se registre reciprocidad de trato, y no exista convenio suscripto, el Poder Ejecutivo fijará tasas retributivas o aranceles para que las personas que los recibieron afronten el costo de los servicios”.

Si bien la polémica recién se instala, parece avanzar a un ritmo acelerado. Gerardo Morales la instaló, el gobierno nacional la acompañó y la opinión pública comenzó a debatir. Seguramente desde Balcarce 50 cuenten con encuestas de posicionamiento de parte de la ciudadanía sobre la temática, y de ser favorable, Macri hará mención en la apertura de sesiones ordinarias del día jueves.

Empresarios impidieron las reformas de Evo Morales en salud

Cualquier análisis que se pretenda hacer sobre una problemática concreta de todos los ciudadanos argentinos a la hora de pretender atenderse en distintos hospitales del mundo, debiera contener la comprensión de que no existe legislación global en materia de Salud, y que la única recomendación existente por Naciones Unidas, va en línea inversa a la propuesta actual del Ejecutivo.

En el año 2012 Naciones Unidas pidió, mediante una resolución unánime, que todos los países modificaran sus respectivos sistemas sanitarios en pos de una cobertura universal. Cuestión que no se ha logrado avanzar, y que incluso salvo excepciones como Ruanda y Tailandia han empeorado.

El gobierno de Bolivia ha comenzado el camino para modificar su sistema de salud, pero ha encontrado una oposición por parte del mercado y de los enormes lobistas de la medicina privada imposible de vencer por ahora.

En Bolivia bajo la administración del presidente Evo Morales se impulsó un proyecto de sistema universal de salud que se enmarcó también en una reforma del código penal para ejercer mayor control a la medicina privada y crear una Autoridad de Fiscalización y Control en el Sistema de Salud.

Los intentos de modernizar el sistema de salud de Evo Morales llevó a que las corporaciones médicas de todo Bolivia realizaran una huelga de 35 días, que conllevó a la suspensión de unas 800.000 consultas médicas y 10.000 cirugías, durante los meses de diciembre y enero, según datos del Ministerio de Salud boliviano.

Es decir, cualquier estadística que el gobierno de Jujuy tome de esos meses, no son demostrativas de una realidad, sino que responden a una coyuntura derivada de la paralización de los empresarios de la salud privada de ese país, justamente para evitar una modernización iniciada por Evo Morales en esa temática.

Informe: Agustín Mozzoni

Fuente y foto: Va Con Firma