por María Beatriz Gentile* –

En 1948 los derechos sexuales y reproductivos no fueron materia de definición específica en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el transcurso del siglo XX y en distintas conferencias internacionales se eludió hablar de ello y se abordó tangencialmente desde la perspectiva del crecimiento demográfico con preocupación en las altas tasas de fecundidad de los países pobres. Desarrollo, control de la natalidad y planificación familiar fueron los términos en que se planteó la cuestión.

Fue recién 1995 en la V Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, que éstas fueron reconocidas como titulares del derecho humano a decidir libremente sobre su sexualidad y a tener control sobre su salud reproductiva. Algo que la agenda del Movimiento feminista internacional venía señalando desde 1960, en la necesidad de diferenciar la sexualidad de la procreación y considerar la maternidad como una opción y no un mandato para las mujeres.

El Estado argentino, como plantea Nina Zamberlin, fue reticente a reconocer la problemática en términos de derechos. En 1974 el gobierno de Isabel Perón promulgó el decreto 659 que afirmaba que el control de la fecundidad respondía a intereses “no argentinos”, restringía la comercialización de anticonceptivos y cerraba los consultorios de planificación familiar en instituciones públicas. La dictadura de 1976 profundizó lo actuado con el decreto 3938 que eliminaba todas las actividades de control de la natalidad y el acceso a cualquier método de anticoncepción.

Recuperada la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín derogó ambas normas y reconoció en el decreto 2274 “el derecho de la pareja a decidir libremente acerca del número y espaciamiento de los hijos” pero no propuso acciones concretas.

Con la reforma constitucional de 1994 se esbozó por primera vez la cuestión del aborto. En esa oportunidad el oficialismo intentó incluir un artículo que garantizara “el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. La reacción de las organizaciones de mujeres y el rechazo por parte de los constituyentes impidieron su incorporación. El presidente Carlos Menem debió conformarse con declarar el 25 de marzo como el “Día del niño por nacer”.

Por todo esto pensar y debatir la interrupción del embarazo no se hace sobre un vacío histórico. Una larga tradición estatal renuente a considerar siquiera la anticoncepción como un derecho y la gran influencia cultural y política de la Iglesia católica han rigidizado de manera extrema la posibilidad de construir un acercamiento gradual y menos dilemático al problema.

Fue por el activismo del Movimiento de Mujeres que las nociones de salud reproductiva, derechos sexuales y responsabilidad estatal en la provisión de servicios adecuados se instalaron en la escena pública. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable aprobado en el año 2002 es resultado de ello.

Hoy el debate debería tener en cuenta que el aborto es la primera causa de muerte de mujeres gestantes en la Argentina, que desde 1983 murieron 3030 mujeres por abortos inseguros -alrededor de 86 por año- y que entre 370.000 y 520.000 mujeres recurren al aborto clandestino cada año. Que alguien explique cómo esto no resulta un tema urgente de la salud pública.

Pero también se debería incorporar una perspectiva que contemple la maternidad voluntaria y en libertad, con políticas públicas que la garanticen y otra que enfrente la inequidad social que condena a las mujeres de menores recursos a una muerte segura.

En un expediente del Archivo de la Justicia Letrada del Territorio de Neuquén de 1944 el escribiente informa “…quefue interrogada en el sentido de establecer si acusaba el período mensual y contestó ignorar lo que es eso… La niña de catorce años solo afirmó que le abrieron las piernas, sintiendo de inmediato que le introducían algo grueso por la parte en que se orina…”.Pasaron 74 años y aún debemos seguir reclamando educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

(*) Historiadora, ex delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

Fuente: Va Con Firma