Una de las consignas que el próximo 24 de marzo los organismos de Derechos Humanos llevarán a la Plaza de Mayo es un rechazo a las prisiones domiciliarias para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Ese es el contexto en el que se conoce la propuesta para que uno de los asesinos más emblemáticos de la dictadura cívico militar deje la cárcel: Alfredo Astiz fue incluido en un nuevo listado que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) elevado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias con “internos sugeridos” para dejar la cárcel.

La nómina es una actualización del listado de 1.111 presos que había incluido a 96 detenidos por crímenes de lesa humanidad. El “Ángel Rubio” integra un listado de 1436 reclusos que, a juicio del Servicio, están en condiciones de cumplir arresto domiciliario o de salir en libertad condicional.

La lista se conoció este martes luego de que fuera revelada por el portal Infobae y lleva fecha del 8 de marzo pasado. Es decir que fue elaborada en el contexto del 42 aniversario del golpe de Estado de 1976 y se conoció a cuatro días de la marcha de los organismos a la Plaza de Mayo por el día por la Memoria la Verdad y la Justicia.

El documento lleva el título: “Internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de prisión” y enlista cerca de mil quinientos reclusos, entre los que hay nuevos genocidas que se suman a los casi cien de la “lista sugerida” que se conoció a principios de marzo.

Astiz aparece en el ítem “Internos con enfermedades oncológicas”, en el que hay otras 15 personas, seis de ellos otros seis presos por crímenes de lesa humanidad: Víctor Gallo, Juan Carlos Jones Tamayo, Honorio Martínez Ruiz, Claudio Vallejos, Bernardo Cabezón y Hugo Guallama, según consignó el portal mencionado.

El represor tiene 67 años y está preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde cumple prisión por dos condenas a perpetua. La última la recibió el año pasado en el megajuicio de la ESMA. La anterior fue en 2011. Es el responsable de infiltrarse en el grupo primigenio de las Madres de Plaza de Mayo; es el asesino de las monjas francesas y del escritor Rodolfo Walsh; fue condenado en Francia y es el marino que se definió en plena democracia como la persona más preparada para asesinar a un periodista o un político.

Sin embargo podría beneficiarse con una detención en su casa porque tendría cáncer de próstata y el SPF considera que, aunque puede atenderlo, la cárcel no es el lugar para una persona con su enfermedad.

El otorgamiento de la morigeración de las condiciones de detención es una decisión judicial que depende del Tribunal Oral Federal 5, que lo condenó las dos veces y controla el cumplimiento de la pena. Pero, a diferencia de otros represores, el miembro del Grupo de Tareas de la Esma no pidió acceder al beneficio.

A principios de marzo se había conocido la otra lista en la que el SPF había incluído a represores de la talla de Christian von Wernich, Jorge “Tigre” Acosta, Raúl Guglielminetti y el “Turco Julián” entre los posibles excarcelables.

La incorporación de Astiz en un listado similar ocurre luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revirtiera la domiciliaria de Miguel Etchecolatz -de quien también se supo que había sido propuesto por el Servicio- en un fallo en el que los magistrados consideraron que podía ser atendido en el Hospital Central Penitenciario de la Cárcel de Ezeiza.

El 7 de marzo pasado -el día anterior al envío de la nueva lista- los organismos de Derechos Humanos repudiaron el intento de beneficiar a los genocidas con domiciliarias con el pretexto de la superpoblación carcelaria. El duro comunicado llevaba las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora, Cels, HIJOS Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH y Familiares de los 12 de la Santa Cruz, entre otros.

En ese momento aclararon que los represores incluidos en las listas “no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal” y apuntaron: “la medida no representa una solución de fondo al problema de la sobrepoblación y, al mismo tiempo, esconde un mensaje claro al Poder Judicial sobre que los condenados por delitos de lesa humanidad deberían obtener salidas”.

Uno de los principales motivos que esgrime el SPF, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano, es la superpoblación carcelaria.

Fuente: Tiempo Argentino

Foto: Telam