por Fernando Bravo –

¿Puede un vecino esperar diez años para que alguien en el Estado municipal, finalmente, dé una respuesta concreta a sus reclamos? Reténgase este asunto, sobre el que volveremos.
Porque antes, para entender la razón de estas primeras líneas, debemos decir que hemos completado el primer año de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, que inició su tarea fundacional en julio de 2016. Vale la pena destacar el hecho, porque este es el primer informe correspondiente al período anual que exige la Ordenanza 10136/14.
El pasado año, del que estamos dando cuenta, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente dio curso a 313 actuaciones, es decir casos planteados por vecinos, vecinas, instituciones u organizaciones. Todo ello sin contar los trabajos coordinados que, por fuera de las actuaciones, realiza la Defensoría con la Mesa Política de Participación Infantil; Comisión de Eliminación de Barreras; Hospital de San Martín de los Andes; Asentamiento Universitario
San Martín de los Andes; Instituto Nacional contra la Discriminación; Celiandes; Consejo Consultivo para la Niñez, Adolescencia y Familia; Observación Electoral en el marco del convenio entre la Cámara Nacional Electoral y Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina; Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén para la capacitación en mediación escolar.
Concentrándonos, entonces, sólo en las actuaciones por denuncias, quejas y asesoría legal, esos 313 casos dieron lugar a 753 acciones o intervenciones de distinto tenor, incluso con presentaciones judiciales. Pero a su vez, algunas de esas actuaciones demandaron diez o más intervenciones por sí solas, en procura de restablecer un derecho vulnerado.
Y eso nos lleva a uno de los asuntos con los que la Defensoría del Pueblo y del Ambiente se encuentra en frecuentes oportunidades: temas de antigua data que se prolongan en el tiempo sin definiciones.

Volvamos ahora sí al principio, a aquel primer párrafo. Un vecino inició un trámite municipal hace diez años porque otro vecino lindero construyó una canaleta mal hecha, que invade el espacio aéreo de su lote, y que le provoca inundación de su terreno cada vez que llueve. En fin, no pareciera un imposible. Más bien, parece un asunto bastante simple. Por otra parte, el mismo vecino infractor fue denunciado en 2016 por una construcción irregular, por las que
hubo varias actuaciones, y hasta sentencia del Juzgado de Faltas.
Pero sobre el asunto de la canaleta, nada o casi nada más allá de un acta de infracción del 2007.
Sin perjuicio de las acciones civiles a las que -mientras tanto- pudiera haber recurrido el damnificado, el tema mueve a algunas observaciones.
La primera es que la canaleta sigue ahí porque el vecino víctima de la irregularidad, respetuoso de la ley y la conducta cívica, nunca ha querido arrancar de cuajo el problema: es decir, sacar la canaleta sin pedir permiso. Eso implica confiar en los mecanismos que da el estado de derecho y en el poder de policía que éste le confiere a la administración pública, confianza hasta aquí defraudada.
Luego de varios meses sin avances en el Expte. generado a través de su denuncia, y por pedido de información de esta Defensoría se le comunicó al vecino que el trámite se encontraba detenido en tanto no había sido posible notificar al infractor de la sentencia recaída. En una nueva muestra de voluntad de impulso del proceso, y apego a los
procedimientos, fue el mismo vecino, con el acompañamiento nuevamente de la Defensoría, quien informó al Juzgado de Faltas dos nuevos domicilios a los efectos de intentar notificar la resolución recaída, la que pudo así llevarse a cabo. Finalmente entonces se le informa al vecino que la sentencia fue notificada, y que el infractor solicitó un plan de pagos para cancelar la penalidad impuesta y que a las resultas de estos pagos se continuará con el trámite requerido de regularización de planos como relevamiento de hecho existente.
Pero en nada se ataca el hecho generador del daño para el vecino, causado por la vulneración de la norma municipal.
Es decir que la canaleta construida en infracción continúa allí.
Otra observación es que en ciertos asuntos, por lagunas normativas u otras razones, puede no haber solución entre las herramientas municipales, y entonces la solución deberá buscarse en otros foros. Pero lo que no puede haber es indefinición, porque se quiebra un elemental principio de certeza. El Estado debe dar respuesta, aun cuando ésta resulte insatisfactoria para el proponente.
Nótese que aquí ha habido una presentación de un vecino, lo que involucra una acción que debió haber movido el aparato municipal de controles, interrumpiendo el curso de prescripción hasta llegar a la aludida definición, incluso a la sentencia si hubiere correspondido.
Asociada a estas observaciones incluimos otra que resulta de otros casos atendidos por la Defensoría: existe una limitación central del municipio, cual es que cuando se pasa el punto de la penalidad acumulada, se queda sin respuesta: no puede ejecutar… o no quiere, o no sabe, o se desentiende. El Juzgado de Faltas puede, llegado el caso, ordenar la destrucción de lo mal hecho y lo ha realizado en ocasiones. Poquísimas a lo largo de los últimos diez
años. Pero no hay quién lo haga porque el municipio no tiene ese recurso, ni siquiera para hacerlo con cargo al vecino infractor, como debería.
Bien, alguien podrá asumir que se trata de asuntos extraordinarios, infrecuentes. Pues no lo son tanto. Para esta Defensoría son evidencias, entre otras, de la pobre calidad de respuesta municipal, que no es atribuible a un gobierno y a un color político, cualquiera fuere el que estuviere en turno, sino que deviene en problema estructural.
¿Eso significa que todo está mal? Desde luego que no. Hay gente que trabaja, que hace, que se compromete desde el municipio, oficinas que se ocupan de las tareas con recursos limitados, pero el problema no se resuelve con las conductas individuales, importantísimas pero insuficientes, sino con la capacidad de respuesta integral, colectiva e institucional del Estado municipal.
Veamos otro ejemplo: durante meses estuvieron rotas buena parte de las máquinas pesadas con las que se trabaja en el mantenimiento de caminos. Cuando esta Defensoría consultó los motivos, se le informó oralmente que no había disponibilidad de repuestos; pero, además, que las aludidas máquinas no eran adecuadas para nuestra geografía. Se rompen con facilidad.
Sabemos que se está trabajando para resolver este asunto, pero no podemos dejar de señalar que es consecuencia de una larga lista de equívocos: es decir, alguien administró mal un recurso, otro alguien descuidó el recurso, otro alguien antes que todos los que le siguieron, compró mal o, acaso, aceptó la maquinaria sin saber, desentendiéndose de las
necesidades reales y condicionantes.
Otro ejemplo: es notable la cantidad de vecinos y vecinas que se quejan por la demora en responder las notas que presentan. Algunas llevan meses de silencio. Pero resulta que existe una normativa municipal y una provincial, que reglamentan con detalle los modos y tiempos administrativos con ese fin.
Adviértase que hay conductas repetitivas a lo largo de una línea de tiempo, que exceden el de una administración, porque son resultado de una misma matriz.
Entonces, sobrevienen paradojas dignas de Chesterton. A lo largo del gris transcurrir, el municipio advierte descontroles, percibe que ciertas cosas se le van de las manos, y cada tanto multiplica las ordenanzas que pretenden regular aquello que luego el propio municipio no puede controlar, fuere cual fuere la razón.
Alguien podrá alegar que el problema es la falta de recursos, pero si se sigue el razonamiento hasta aquí, se advertirá que las cosas suceden más o menos de manera similar durante largos períodos de alternancia en el poder, y en esas alternancias ha habido coyunturas económicas más o menos favorables. Sin embargo, los problemas centrales
siguen inmutables. Están cuando hay vacas gordas y están cuando hay vacas flacas…

Este municipio, como muchos otros, prácticamente no hace obra pública si no es con recursos de extrajurisdicción y ese escenario es también un problema a estructural, sin perjuicio de admitir el estrangulamiento de la coparticipación producto de su desactualización.
Pero ocurre que ya no es una cuestión de obra nueva, sino del elemental mantenimiento de lo que se tiene. Por ejemplo: el municipio pinta cordones amarillos para que la gente no estacione, cordones que luego se despintan y nadie pinta por meses, pero la ordenanza sigue vigente, la ordenanza no se despinta; y qué decir de las calles que pasan larguísimos períodos sin mantenimiento, con pozo repitentes; calles que no se barren; regadores que no
pasan, alumbrados que faltan, malezas que pululan… De golpe, cuando consigue hacerse de algún respiro, hace todo cuanto puede y lo hace todo junto. Y después sobreviene otro largo período de pereza a los ojos del contribuyente. ¿Por qué esta conducta se repite cíclicamente?
Acaso porque el municipio reacciona frente a la acumulación de problemas, esto es: cuando cada problema se hace ya insostenible, actúa echando mano de lo que tiene y extrema la gestión por aquello que no tiene. El resultado es que se va de barquinazo en barquinazo, cuando la clave en la prestación de los servicios es la regularidad con una calidad media sostenible.
Necesitamos que ocurriera una tormenta extraordinaria como la del 14 de julio de 2017 para advertir que nos faltaba de todo en maquinarias y otros recursos para la emergencia. El caso es que llevábamos años de progresiva desatención de esos recursos. Para quien lo recuerde, la Defensoría hizo un informe en el que se detallaban tales carencias y sus resultados.
Por eso pido a quien atienda a estas líneas que haga un ejercicio de memoria: estas cosas pasan ahora o se repiten con matices a través de las sucesivas administraciones, admitiendo de cada una sus más y sus menos.
Si lo atribuyen a una administración determinada, entonces bienvenida la herramienta del voto, el remedio de las urnas en la conciencia de cada uno. Pero si la memoria les lleva a encontrar repeticiones conforme pasan los años, entonces con las urnas no alcanza. El problema es estructural y exige arremangarse a fondo.
En algunos casos serán necesarias acciones puntuales, en otros acuerdos que generen políticas integrales de estado, capaces de sortear los vaivenes de las coyunturas y el recambio de las administraciones.
Pero no daremos desde esta Defensoría lecciones sobre cómo hacer esa política, porque no estamos a la altura ni nos corresponde. Sólo diremos que, quizá, un camino posible sobre cómo construir esos consensos es abrir los problemas a la comunidad, discutirlos con ella en ámbitos adecuados y productivos, sin asambleísmos pero escuchando a todas las voces.
Buen ejemplo del valor de este método es lo realizado en el COPE a propósito del impulso –también surgido de un documento de esta Defensoría- dado al debate sobre usos del espacio público. De allí surgieron nuevas directrices; sería bueno que se comiencen a aplicar.

Hay un inmenso capital humano en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones sociales, en las asociaciones civiles y profesionales, que pueden contribuir con el estado frente a sus carencias. Destacamos en ese sentido los esfuerzos que se realizan para trabajar con cooperativas, con el AUSMA y el reciente convenio firmado por el DEM con los ingenieros. Como se ve, no todo está mal.

El enfoque
Ahora bien. Con razón, alguien se preguntará el porqué de este enfoque y en esta oportunidad, frente al pleno del Concejo Deliberante. A la luz del primer año completo de gestión, la razón surge de la Ordenanza de creación de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, que en su artículo 26 se refiere a los comportamientos sistemáticos y generales.
Dice: “El Defensor del Pueblo y del Ambiente, sin perjuicio de las facultades previstas por el artículo 25o, debe prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter”.
Entonces, eso es lo que desde nuestro humilde lugar procuramos hacer, y eso se refleja –al menos es nuestra aspiración- en los documentos de trabajo de la Defensoría.
El pasado año produjimos documentos de diagnóstico y propuestas sobre tierras y urbanización de Cerro Chapelco; Emergencia Climática; Relleno Sanitario Municipal; Seguridad en Comercios Habilitados; Emergencia Vial y Trama Urbana; Coparticipación, todos los cuales se adjuntan en el presente informe y, en su debido momento, fueron
presentados ante este cuerpo legislativo.
Un párrafo aparte merece el Informe y Propuesta sobre el último aumento del TCI, que corresponde al 2018 y lo ingresaremos en el Informe 2019, pero que aquí sólo mencionamos porque los hechos se desencadenaron en diciembre de 2017.
Igual fin persiguen los proyectos de Ordenanza presentados en 2017: Modificación de la Ordenanza 6787/06 de Tenencia Responsable y Protección de Animales Domésticos (en análisis de este cuerpo legislativo); Modificación de la Ordenanza 9146/11 de Circulación de calle Los Pehuenes, aprobada por unanimidad en la Ordenanza 11526/17; Proyecto de Ordenanza para la Creación de la Comisión para la Transición Energética de San Martín de los Andes, en estudio de este Concejo Deliberante); Proyecto de Ordenanza de Creación del Sistema Municipal de Ferias Comerciales, también ya ingresado a este cuerpo; y dictamen y propuesta de reforma del Proyecto de Ordenanza de Celiaquía, que fue incorporado y aprobado por este Concejo Deliberante en la Ordenanza respectiva.
Otros datos Volviendo ahora al detalle de las 753 acciones encaradas por la Defensoría en 2017, vale destacar que el 21 por ciento se sustancian en asesoramiento legal al vecino, y que el 18 por ciento reunió pedidos de información y/o actuación al Departamento Ejecutivo Municipal.
Luego, si se toman como referencia las actuaciones, es decir, los casos concretos de los que se ocupa la Defensoría, el 64 por ciento se relaciona con asuntos particulares de los vecinos y el 36 por ciento con intervenciones por temas de interés vecinal colectivo.
Es interesante mencionar que existen asuntos de vecindad y convivencia sobre los que se actúa con mediaciones como método de resolución alternativa. A la par de notar creciente conflictividad en ese sentido, por cuestiones que van desde ruidos molestos a medianeras, es importante advertir que esas disputas se intensifican en materias en que el municipio debería intervenir más activamente, como son los ruidos molestos cuando involucran a particulares, que terminan siendo de muy difícil resolución.
En ese sentido, entendemos que podrían explorarse otras opciones, además de la mediación, como es el arbitraje, para lo cual se necesitaría de una ordenanza municipal que regulase el instituto. Desde luego también sería voluntario para las partes, pero agregaría otra herramienta válida. Esta Defensoría ofrece su colaboración a este cuerpo para estudiar esa posibilidad, si se cree útil.
Siguiendo ahora con la síntesis, que se adjunta en detalle en el presente informe, las denuncias y quejas se llevaron el 50 por ciento del total de las actuaciones del 2017.
Orgullosamente podemos decir que el 83 por ciento de todos los casos actuados por la Defensoría del Pueblo y del Ambiente fueron cerrados en 2017, es decir culminaron con respuestas a los iniciadores. El 17 por ciento restante permanece abierto y en seguimiento en este 2018.
Como ya dijimos en el informe semestral del 2016, no trabajamos con expedientes sino con personas de carne y hueso, de las que los expedientes son un esbozo del derecho que les asiste.
Es por ello que decidimos actuar con firmeza en la problemática del relleno sanitario y en defensa de la salud y calidad de vida de los vecinos próximos a su emplazamiento, lo que nos obligó a recurrir a acciones judiciales de público conocimiento. Hubiéramos querido resolver el tema sin necesidad de ir a la justicia, pero en ocasiones no queda otro camino.
Es por ello también que la Defensoría se ha involucrado de pleno en las acciones de la Mesa Política de Participación Infantil.
Y es por ello también que la Defensoría no se limita a su rol municipal, que es el que articulan su ordenanza y la Carta Orgánica, sino que avanza en tópicos de alcance provincial y nacional.
La Defensoría no puede despachar a un vecino sacándose el problema de encima porque su asunto es de otra jurisdicción o de otra oficina. Aun cuando el reclamo no cayere bajo las responsabilidades que impone la Ordenanza 10136/14, esta institución ofrece asesoramiento y procura que la persona conozca a cabalidad sus derechos para luego recurrir al lugar indicado.
Es así que los principales destinatarios de las 753 acciones realizadas en 2017, por fuera del ámbito municipal, han sido: Vialidad Provincial, Vialidad Nacional; EPEN; Consejo Provincial de Educación; Ministerio de Educación del Neuquén; Instituto de Juegos de Azar del Neuquén -a propósito del control de la concesión de cerro Chapelco-; PAMI; Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Dirección Provincial de Transporte de Neuquén.
Las personas necesitan más personas que les respondan, y menos 0800 con voces grabadas y teclas que apretar. Las personas necesitan que otras personas les den cuenta de lo que hacen por ellas, como parte de su deber. Las personas necesitan que las escuchen con predisposición activa.
Es nuestro compromiso.

El Informe completo aquí

https://drive.google.com/file/d/1X0NKOR19LcK7n_q0o5_3JkkxcSby0JFk/view

Foto: Diario 7lagos