por Eduardo Aliverti –

Los medios oficialistas citan ya una crisis gravísima de (la credibilidad en) la Justicia. Algo los inquieta, a ellos y a sus mandatarios constitutivos. Ayer, sus pregoneros principales insistieron con el asunto casi monotemáticamente.

No es una preocupación prioritaria de la sociedad, ni lo fue nunca, porque esa justicia, la institucional, jamás dejó de ser percibida como lejanísima por parte de las grandes mayorías. Hubo excepciones históricas, como el juicio a las juntas militares, pero fueron confirmatorias de la regla. Por lo demás, están presos los perejiles y libres los delincuentes de guante blanco. Esa frase clásica que expresaría convicción popular no se compadece, sin embargo, con reacciones intempestivas que van en su propia contra. Un grueso alto de la clase media reproduce valores fascistoides y hace suyos intereses que no le corresponden, ni como clase ni como víctima de un sistema injusto que propicia el delito enmarcado en “la inseguridad”. En los sectores populares también ocurre, por cierto. Y en consecuencia, el tema pasaría más por el análisis de los componentes sociales que se agravan gracias a la habilidad comunicacional de un gobierno de derechas. El nuestro y otros cuantos en todo el mundo.

En artículo publicado en el último número de la revista Hamartia, el periodista Jorge Halperín refiere a una historia en particular cuyo comienzo ubica en 2008. Estallaron entonces los primeros cacerolazos contra Cristina Fernández a raíz de la resolución 125 que, al fin y al cabo, no mordía demasiado a los sublimes ingresos del agronegocio.

El colega recuerda cómo avivó su interés que entre insultos y maldiciones se pidiera “prisión” contra la Presidenta, a gritos, cuando prácticamente no había causa alguna contra ella excepto por una denuncia de Elisa Carrió en torno de la obra pública. Juzgó en ese momento, escribe, que los personajes descontrolados de los cacerolazos eran gente con cultura política autoritaria y narcisista, convencidos de que si alguien no les gusta debe ser encerrado al margen de que no haya cometido delito alguno. “Pasada un década, y cuando esos caceroleros son gobierno, el reclamo desorbitado de prisión ya no es un simple exabrupto de la Plaza sino una estrategia del Poder Judicial, adicto a Cambiemos, que fabrica causas contra la ex presidenta y sus referentes, con una increíble falta de sustento jurídico (…) En lugar de ideas e información relevante, culpables. Y se persuade de que el bienestar del pueblo depende del combate contra sus enemigos, los corruptos y delincuentes. La vida, según el relato macrista, es persecución y castigo, y el futuro llegará por redención. Como si aquella frase del inefable Luis Barrionuevo –la de dejar de robar al menos por dos años para que el país ande bien– se hubiera constituido en un paradigma del cambio soñado”.

El bochorno del acoso mediático-judicial o viceversa, bien que se trata de una comunión difícil de separar, parece toparse con límites dentro de la propia famiglia tribunalicia.

Una hipótesis señala que las causas abiertas son sencillamente insostenibles, aunque la realidad demuestre que el entramado del Gobierno está quemando todos los libros de Derecho.

Otra conjetura es que, cuando descubre cambios efectivos o incipientes de humor político, Comodoro Py –como descripción simbólica del establishment conservador de la Justicia– se acomoda rápidamente y produce gestos en sentido inverso al de sus propias directrices de hasta ayer. Hablamos de los jueces federales y, ya que estamos, de la mismísima Corte Suprema que en las últimas semanas se despachó con algún fallo en contra de los intereses gubernamentales. Son especulaciones que no terminan ahí.

En radio pasillo de Casa Rosada y aledaños se advierte que la actitud del fiscal ultra-anti K Germán Moldes, al solicitar que continúe investigándose al Presidente y a la vice por un memo de entendimiento con Qatar, es en verdad una factura que el ultrista le pasa a Macri por promover como Procuradora General de la Nación a una outsider que no formaría parte de la famiglia: Inés Weinberg de Roca, denominada en ciertos círculos como “la jueza del gimnasio” en alusión al sitio de Barrio Parque donde el jefe de Estado la conoció. A Moldes no le gustó nada, según esta teoría, y se echó un acting.

Sigue. Los procesos abiertos contra miembros del gobierno anterior son lo suficientemente indefendibles como para que los funcionarios actuales –jueces incluidos, desde ya– pretendan curarse en salud hacia un futuro impredecible. Aplicar prisiones preventivas a mansalva es una taba que puede darse vuelta, salvo para quienes crean que la política no es un campo dinámico donde baja todo lo que hoy parece subir para siempre. Ni siquiera es necesario irse a los extremos aplicados al encarcelar a dirigentes opositores. ¿Qué fue, sólo por ejemplo, del aniquilamiento mediático aplicado contra Aníbal Fernández en la causa de morsa/mafia/efedrina/ Pérez Corradi/triple crimen de General Rodríguez? Fue una nada que en lo judicial puede terminar peor para el complejo de medios que la perpetró. Y esa ejecución, mañana, cambiaría tranquilamente. Ergo, dirían en Cambiemos, cuidado con el boomerang y, por favor, que las formas queden mejor guardadas.

¿Hay algunas de esas sospechas que acaso carezcan de verosimilitud? No. Todas pueden ser. No se contradicen entre sí respecto de que todo queda en casa, chicana más-chicana menos. A propósito de eso, y acerca de cuál es el fondo del asunto, volvamos a la nota de Halperín.

“Con la entusiasta colaboración de la Fiscal de la República, se despoja cotidianamente de derechos al ciudadano mientras se le administran dosis diarias de Mani Pulite a la Argentina. El problema es que el Mani Pulite poco tiene que ver con la forma en que los medios oficialistas argentinos buscan asociarlo a Cambiemos. Por empezar, el proceso italiano descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los grupos políticos del momento y a diversos grupos empresariales (…) Pasaron por los tribunales ministros, diputados, senadores y muchos empresarios, a diferencia del caso argentino en el que se blinda a la mayoría de los empresarios y sólo se persigue a quienes crecieron con el kirchnerismo. La acción, llevada adelante por los jueces italianos, empezó interpelando al propio gobierno en el poder, no a un gobierno anterior, e involucró a los cinco partidos principales de Italia; no a un único adversario de quien gobierna. ¿Cómo asociar al prestigioso juez (Antonio) Di Pietro, el gran impulsor del Mani Pulite, con quien pretenden su sosías argentino, el desprolijo juez Claudio Bonadio, apartado de varias causas por irregularidades y denunciado en tantas otras? (…) El clima de ‘perseguimos a los ladrones y mafiosos’ necesita ser pensado un poco más allá, por los riesgos que entraña de una fascistización de la vida política, persiguiendo y castigando con crueldades como las que vienen sufriendo Milagro Sala y Héctor Timerman (…) En ese clima de crimen (falso) y castigo (implacable) hay que identificar a la coalición de poder (alianza gobernante-poder mediático y judicial-instituciones comunitarias-embajadas de Estados Unidos e Israel), que cada día se ocupan de inocular el letal veneno para la democracia”.

Claro está que para esa identificación y batalla subsecuente se requiere de una fuerza política capaz de ofrecerse como alternativa. De estar de acuerdo en comenzar por allí, cualquier manual básico enseña que primero debe convenirse un acuerdo programático y después el apartamiento de egos, sectarismos y vocación meramente testimonial.

Ya va demasiado tiempo desde la sentencia indesmentida de que lo difícil no es explicar la realidad, sino modificarla.