En efecto, a primera vista y sin perjuicio de las investigaciones que realice la Fiscalía, la Defensoría interpreta que pudiera estarse frente a la comisión de delitos contra la administración pública, en este caso en la persona de una entidad autárquica de derecho público como reza la ley de creación 69/59.

El pasado miércoles, el concejal Martín Rodríguez presentó a la Defensoría del Pueblo y del Ambiente una nota pidiendo su intervención en el marco de las públicas denuncias por las obras de pavimentación en un barrio privado de San Martín de los Andes, atribuidas a personal de la DPV.

En ese marco y como se apuntó, en el primer día hábil luego del feriado largo, surge de las evaluaciones preliminares realizadas por esta Defensoría sobre la documentación aportada, la necesidad de iniciar una investigación penal, a efectos de determinar si existe delito en las acciones aludidas.

Conviene recordar que el Artículo 38 de la Ordenanza 10136 dice: HECHOS DELICTIVOS: Cuando el Defensor del Pueblo y del Ambiente, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, los comunicará de inmediato al Ministerio Público Fiscal