por María Beatriz Gentile * –

Entre los 20 mil millones de pesos que el gobierno nacional piensa recortar de la administración pública para cumplir con el acuerdo del FMI, se encuentran las Universidades Nacionales. Esto completa el panorama en el que se encuentran las casas de estudio con la sub ejecución del presupuesto 2017 que cerró con 10.993 millones de pesos adeudados y la falta de pago de las partidas para funcionamiento en lo que va del 2018. Un total de 4 mil millones de pesos es lo que se debe al conjunto del sistema universitario y cerca de 68 millones a nuestra Universidad Nacional del Comahue.

Desfinanciar a las Universidades Nacionales es una variable más en la ofensiva que, en términos económicos y sociales, se lleva a cabo contra los sectores medios y menos pudientes de la sociedad. Maleducados y pobres parece ser la consigna.

En 1970 la población argentina estaba cerca de los 24 millones de habitantes y tenía una matrícula universitaria de poco menos de 200 mil alumnos. En el año 2013 llegó a los 42,5 millones y la matrícula fue de 1.500.000 estudiantes. Es decir que en algo más de 40 años mientras la población creció aproximadamente un 77% los alumnos universitarios lo hicieron en un 750%.

Esta expansión del sistema universitario no fue constante y tuvo momentos de impulso y de retroceso. Martín Mangas y Horacio Rovelli en su artículo “El financiamiento de las universidades nacionales: evolución, impacto distributivo y ampliación democrática” señalan tres períodos de crecimiento respecto al PBI: entre 1983 y 1988 donde se pasó del 0,3% al 0,61%; durante el menemismo con la creación de nuevas universidades donde se alcanzó el 0, 92% y con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández donde se produjo un salto importante llegando a representar el 1,32% en el año 2015. Hoy la participación respecto al PBI es del 1%, guarismo similar al del año 2008, es decir que retrocedimos una década.

El sistema universitario argentino enseña a 1.830.743 estudiantes (de grado y de pregrado) de los cuales el 78% cursan en las Universidades Públicas; dato que contrasta con lo que ocurre en países vecinos como Chile donde sólo lo hace un 32% o Brasil con un 26%.

En Argentina hay una Universidad cada 390 mil habitantes y esto repercute por ejemplo en que tengamos un 32% más de estudiantes universitarios que un país como España donde existe una cada 570 mil habitantes.

¿Para qué tantas universidades si “nadie que nace en la pobreza llega”? Preguntó la gobernadora María Eugenia Vidal. Veamos:

En el año 1992 la Fundación FIEL publicaba un trabajo donde se mostraba que el sector más pobre de la población participaba en un 8,5% de los recursos asignados para la educación superior mientras que el más rico lo hacía en un 38,4. En el 2010 el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefidar) documentaba que los primeros aumentaban su participación al 13% mientras que los más ricos disminuían al 25, 1. Mangas y Rovelli concluyeron para el año 2014, que la participación de los hogares más pobres era del 15,1%   y de los más ricos un 21,1%. A su vez, en el Gran Buenos Aires sólo el 6,3 % de la población tenía estudios universitarios en el año 2001. Nueve años después el porcentaje se elevó al 11, 9. El incremento fue superior al 88 % en una década y en los distritos del segundo y tercer cordón del conurbano la variación superó al 100%. La gobernadora debería estudiar antes de balbucear consignas.

Ninguna sociedad que se pretenda ‘desarrollada’ o ‘emergente’ podría considerar como un fracaso que en 22 años (1992-2014) la porción más pobre de la población haya visto crecer su participación en la educación universitaria en un casi 70%. Democratizar la educación es también distribuir la riqueza.

Pero tal vez el dato que leen nuestros gobernantes sea el que no leemos nosotros: que los sectores más ricos fueron mermando su participación y migrando hacia instituciones privadas. Y entonces sí ¿para qué tantas universidades públicas?

Como en 1918, los dolores que nos quedan siguen siendo las libertades que nos faltan, pero también la justicia social que nos niegan.

(*) Historiadora, ex delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

Fuente: Va Con Firma