El ex vicepresidente Amado Boudou quedó hoy detenido para comenzar a cumplir una condena a cinco años y diez meses de prisión que le aplicó un tribunal oral federal por los delitos de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” en la denominada “Causa Ciccone”. El tribunal concretó una insinuación que estaba instalada en los tribunales de Comodoro Py desde el lunes. De hecho, los defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, lo sabían.

Por eso intentaron este martes una maniobra final para ganar tiempo y, en el corto plazo, apartar al juez Pablo Bertuzzi, presidente del tribunal, cuya imparcialidad está cuestionada. ¿Por qué? Porque Bertuzzi pidió pasar del tribunal oral a la Cámara Federal (un descenso similar al que consiguió otro juez, Leopoldo Bruglia) y esa decisión, que en su carrera significará una elevación de status y exposición, depende de la firma de un decreto por parte del presidente, Mauricio Macri.

La defensa de Boudou aclaró que no dudaba de la honorabilidad del juez Bertuzzi, pero deslizó que ese condicionamiento (la necesidad de una firma del presidente Macri para conseguir su objetivo) ponía en entredicho -cuanto menos- la independencia de criterio a la hora de decidir. Alejandro Rúa intentó meter ese planteo antes de comenzar la audiencia de últimas palabras previo al veredicto, pero el  tribunal se lo impidió. Y dos horas más tarde, Boudou estaba preso.

Bertuzzi, Néstor Costabel y María López Iñiguez tomaron también otras decisiones. Entre ellas, mantener a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, pese a que en la condena no se incluyó el delito de “lavado”, que es el metier específico de ese organismo que depende del ministerio de Justicia.

Fue la UIF la que pidió que, en caso de condena, Boudou fuera inmediatamente detenido. Si la hubieran apartado de ese rol de querellante, la detención se habría quedado manca de respaldo, aunque el tribunal igualmente podía haber decidido el arresto inmediato.

 

Boudou pronunció antes del mediodía sus últimas palabras antes del veredicto. Mitad jurídico, mitad político, el ex ministro de Economía reivindicó su papel durante el anterior gobierno, que –dijo- “cambió la Argentina”.

“Que nadie se atreva a cambiar las cosas. Los políticos que transitan por el camino que les indica el poder no tienen problemas. Los que queremos transformar la realidad en contra de lo que sostiene el poder sufrimos persecución, primero mediática y después judicial”.

Boudou descartó con argumentos jurídicos y “según lo han demostrado las pruebas concretas” las acusaciones en su contra por “negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho”.

Y argumentó que “quienes estaban en las AFJP están detrás de lo que pasa en la causa Ciccone”. Según Boudou, “el país de 2018 es mucho más injusto que el de 2015”.

“Quizás muchos seamos castigados por esto. Bienvenido sea”, desafió.

El tribunal escuchó también las últimas palabras previas al veredicto de la última tanda de imputados y, ante el planteo de la defensa de Boudou, decidió dar por cerrado el debate y convocar a las partes para las 14 para anunciar su decisión.

 

La condena incluye, para Boudou, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Los otros condenados fueron José María Núñez Carmona, a cinco años y seis meses; Nicolás Tadeo Ciccone (ex dueño de la empresa) a cuatro años y medio; el ex funcionario Rafael Resnick Brenner, a tres años en suspenso y el ex representante argentino ante el Banco Mundial Guido Forcieri a dos años y medio, también en suspenso. Alejandro Vandenbroele, quien pidió acogerse al régimen del imputado colaborador o “arrepentido” (una figura muy utilizada en la causa de los cuadernos) fue condenado a dos años de prisión en suspenso, la pena menor de todos los acusados.

Las decisiones del tribunal tienen dos instancias de apelación por delante: la Cámara Federal de Casación y la propia Corte Suprema. En ningún caso, la decisión de encarcelar a Boudou, Núñez Carmona y Ciccone (el único beneficiado con prisión domiciliaria) será revisada antes de un mes.

Fuente y foto: Tiempo Argentino