La quita del Fondo Sojero fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia, debido a que había sido acordado en el pacto fiscal. Sin embargo, la medida que se suma a la reducción de asignaciones familiares, la amenaza de reducción de jubilaciones por moratoria, la eliminación o reducción de los impuestos a la importación que dañaron a las economías regionales y la abrupta caída del consumo producto de la política económica, generan poco a poco una inviabilidad económica para las provincias argentinas.

Durante la tarde de ayer los gobernadores comenzaron a anticipar que difícilmente apoyen el proyecto de presupuesto 2019. Once ministros de Economía de provincias gobernadas por el justicialismo (Salta, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, Formosa, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, La Pampa) más Santa Fe, se reunieron con Rogelio Frigerio y manifestaron su enorme disconformidad.

Omar Gutiérrez, Alberto Weretilneck y Alfredo Cornejo se reunieron directamente con Macri a quien le manifestaron su preocupación por los nuevos recortes, pero según trascendió, la temática de la reunión giró en torno a las temporadas de esquí en los principales centros del país que se encuentran en las tres provincias.

Los problemas agudizados por el decreto 756/2018 que elimina el fondo sojero serán llevados a la justicia por parte de los gobernadores, siendo Tucumán, la primera en acudir que se suma así a la localidad de Puerto Santa Cruz, cuyo intendente ya había decidido realizar un amparo judicial.

El gobernador tucumano, Juan Manzur denunciará ante la Corte Suprema el DNU, y pedirá su suspensión. El fiscal del Estado tucumano, Daniel Leiva aseguró que “la medida ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional; dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación”.

Los intendentes bonaerenses opositores también recurrirán a la justicia por esa decisión, según anunció el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. “Esta decisión interrumpe obras presupuestadas como escuelas, hospitales, conexión de agua potable, fundamentales para los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.

El gobierno de Mauricio Macri no respetó un consenso que se había firmado seis meses atrás en el llamado Pacto Fiscal con la provincias, y por eso, la mayoría de los gobernadores comienza a agudizar sus posicionamientos opositores, a pesar de los temores a las represalias nacionales, en un contexto de crisis económica que resulta incontrolable por parte del presidente Macri.

En la provincia de Misiones, la legislatura aprobó un proyecto para “dar por caído el pacto fiscal”. Si bien el parlamento provincial no tiene la jerarquía para la decisión, solicita que “se analice en el Congreso Nacional” lo que consideraron una “una decisión unilateral que modifica sustancialmente las condiciones firmadas”.

En las últimas horas del día de ayer, el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando expuso que existe una decisión que probablemente sea anunciada en los próximos días de un gran número de gobernadores de “no presentarse más al diálogo con el gobierno nacional”.

En línea con lo sucedido en Misiones, el vicegobernador fueguino alertó que hay un consenso de anular los decretos presidenciales en el Congreso de la Nación.

Fuente y foto: Va Con Firma