El Tribunal de Juicio integrado por el juez Juan Pablo Balderrama sobreseyó, en Junín de los Andes, al actual diputado provincial Guillermo Carnaghi, en una causa iniciada por sus actuaciones como secretario de Gobierno de la municipalidad de San Martín de los Andes, en el período 2011-2015. Junto al legislador, entre otros, estaba imputado también el ex intendente, Juan Carlos Fernández.

Por esa razón, el fiscal jefe de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, había solicitado a la Legislatura que suspenda los fueros del diputado, para juzgarlo como coautor de ejercicios correspondientes a otro cargo y de abuso de autoridad.

El funcionario judicial difundió que Saúl Castañeda, el apoderado del municipio que conduce actualmente Brunilda Rebolledo, denunció “una serie de irregularidades en el desenvolvimiento de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) de San Martín de los Andes, de la cual formó parte en algunas sesiones Carnaghi”.

Para la fiscalía, Carnaghi y Fernández, entre otros,en su carácter de funcionarios públicos de la municipalidad de San Martín de los Andes, se atribuyeron “ilegalmente competencias legislativas correspondientes al Concejo Deliberante local”, al incorporar “el artículo 178 bis al Convenio Colectivo de Trabajo del mencionado Municipio”.

La redacción del controvertido artículo indicaba que “en los casos de remuneraciones asignadas por decisión política, tanto al personal de planta como al personal de ingresado para ocupar cargos de “asesores de gestión” o de responsabilidad política, la compensación salarial por disminución de haberes que tuviera lugar debido a la aplicación de nuevas reglamentaciones establecidas en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, se transformará en una suma adicional, no remunerativa ni bonificable, por única vez con los haberes del mes de enero de 2015. La suma adicional que se determina a modo de compensación, sólo sufrirá los incrementos producto de los acuerdos salariales que modifiquen los básicos del convenio”.

En la acusación, el nuevo gobierno del MPN incluyó a los delegados de ATE y UPCN que participaron de la mesa paritaria.

El convenio de los municipales de San Martín de los Andes se aprobó en 2014, durante el gobierno de Juan Carlos Fernández (FPV). Su sucesora, Brunilda Rebolledo, lo cuestionó con dureza porque, según dijo, aumentó la masa salarial en un 50%.

Sin embargo, para el juez Balderrama “el caso no encuentra sustento”. En su sentencia, estableció que “la acusación decide encuadrar los hechos en dos figuras penales, la denominada “usurpación de funciones” (artículo 246 inciso 3) y el “abuso de autoridad” (art. 248 del CP); y en ambos casos no se alcanza pasar por el filtro de las exigencias típicas de estas figuras”.

El magistrado interpretó que “lo que ha hecho el municipio de San Martín de los Andes, en el marco de la elaboración del CCT, es adherir al procedimiento de la ley, mediante la sanción de una ordenanza (número 9099) pero en modo alguna dicha ley rige para el municipio, y sólo se adopta el procedimiento que ella establece, y en todo caso la contrariedad normativa que propone la acusación es con la ordenanza municipal y no con la ley.”

En base al desarrollo de estos argumentos, Balderrama concluyó que “no alcanzando los hechos superar el análisis de tipicidad de ningunos de los tipo penales, el único remedio es el dictado de una sentencia absolutoria”.

Fuente y foto: Va Con Firma