El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que es una asociación civil, presento en la justicia federal de La Plata un amparo colectivo de alcance nacional contra lo que denominó un “tarifazo de gas extra, en 24 cuotas y con interés, impuesto por el gobierno nacional al conjunto de las y los usuarios de ese servicio público”.

Desde la entidad procuran que el Poder Judicial le indique a la secretaria de Energia que se abstenga de trasladarle a los usuarios los costos asumidos por las distribuidoras producto de la devaluación generada por el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación funda que “el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado”.

Finalmente, alude que “aún en el caso de que la justicia considere legal el traslado del precio dolarizado del gas a los usuarios, el Poder Ejecutivo no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos”, según se informó en el comunicado oficial del Cepis.

La medida coincidió con la denuncia penal del fiscal Guillermo Marijuan contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, y a los amparos de varias asociaciones de defensa de los derechos del consumidor que comenzaron a recurrir a la justicia.

Más recursos en el país

En Mendoza, la asociación civil Protectora también se dirigió formalmente al juzgado número 2 de la capital de la provincia cuyana, indicando que por la decisión del Ejecutivo nacional “se lesionan los derechos de los usuarios protegidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

A su vez, la asociación Consumidores Libres calificó a la mencionada resolución como “absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria”. Su representante legal, Héctor Polino, consideró que “los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso” y agregó que “en todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”.

Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), otra entidad civil, expresó en un comunicado que la resolución cuestionada “pone en evidencia que el único interés que se defiende desde el Poder Ejecutivo en materia energética, es el de las empresas productoras y distribuidoras de gas; los usuarios somos rehenes y víctimas de esa política”.

El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, se sumó a los reclamos y argumentó que los ciudadanos no son “responsables” de la suba del dólar y cuestionó la medida.

Se estima que, en total, más de 30 asociaciones de defensa del consumidor u otras organizaciones civiles y no gubernamentales, están presentando o ya han presentado amparos en distintos puntos del país en contra de la medida adoptada por el gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: Va Con Firma